El juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ha procesado a la cúpula de ETA por el atentado de Santa Pola de 2002.
EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha ocurrido? El juez Antonio Piña ha dictado auto de procesamiento contra los cuatro integrantes del Comité Ejecutivo de ETA (Zuba) en agosto de 2002 por el atentado de Santa Pola.
- ¿Dónde y cuándo? Audiencia Nacional, Madrid, 22 de octubre de 2026. Los hechos se remontan al ataque contra la casa cuartel de Santa Pola (Alicante) en agosto de 2002.
- ¿Qué resultado? Cuatro dirigentes procesados por asesinato, lesiones y daños terroristas, con la pena de referencia de 843 años ya impuesta a los autores materiales.
El atentado se ejecutó en agosto de 2002 contra la casa cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola (Alicante). Los autores materiales colocaron un Ford Escort cargado con 100 kilos de explosivo. La explosión mató a una niña de seis años y a un hombre que esperaba el autobús en la parada frente al acuartelamiento, y dejó más de medio centenar de heridos. Aquellos dos terroristas ya fueron juzgados y condenados.
El auto dictado por el juez Antonio Piña alcanza ahora a quienes integraban el Zuba, el Comité Ejecutivo de ETA y su órgano máximo de dirección, en el momento del ataque: Ainhoa Múgica Goñi, Juan Antonio Olarra Guridi, Félix Ignacio Esparza Luri y María Soledad Iparraguirre, Anboto. La resolución les atribuye, en calidad de procesados y a la espera de juicio, su presunta responsabilidad en los delitos de asesinato, lesiones y daños terroristas.
Cuatro procesados y el reparto de mandos del Zuba
El reparto de funciones que describe el instructor es preciso. Olarra Guridi y Múgica Goñi respondían del aparato militar (Lohi), lo que suponía «el control, coordinación y abastecimiento de los comandos». Esparza Luri era el «máximo responsable del aparato logístico (Otsagi)», encargado de «la adquisición, preparación y suministro de los medios materiales empleados en los atentados». A Anboto le correspondía el aparato de finanzas (Diba), con «la gestión y distribución de los recursos económicos destinados al sostenimiento de la actividad terrorista».
La referencia penológica es la que ya pesa sobre los dos terroristas que colocaron el vehículo bomba: 843 años de cárcel. El procesamiento no revisa esa condena firme, sino que abre la vía para que la responsabilidad penal alcance también a la dirección que autorizó la acción. La estructura interna de la banda, fuertemente jerarquizada, implicaba que fuera el Zuba quien diera la luz verde a cada atentado.
El juez sostiene en su resolución que el atentado «se integró dentro de la estrategia» de la banda y «fue posible gracias a la actuación coordinada de diversos órganos de la organización terrorista, sometidos a las directrices emanadas de su órgano de dirección denominado Zuba o Comité Ejecutivo». El auto acuerda además citarles a declarar para notificarles personalmente el procesamiento.
Los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional sitúan a la dirección de ETA en el origen material del atentado de Santa Pola.
Los informes policiales que sostienen la imputación
La causa se apoya en informes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil incorporados al sumario. Sus autores atribuyen a las estructuras directivas «la provisión de los medios materiales necesarios para la ejecución del atentado, entre ellos el vehículo sustraído utilizado como coche bomba, las placas de matrícula falsas y el material explosivo». Según esos análisis, los elementos «habrían sido entregados al comando Argala ya preparados desde Francia, sin que los autores materiales dispusieran de infraestructura propia para su elaboración o acondicionamiento».
La conclusión del instructor es que la intervención de la cúpula resultó imprescindible para la comisión del atentado. El trabajo técnico de ambos cuerpos, incorporado al sumario, reconstruye la cadena de mando que hizo llegar el vehículo, las placas falsificadas y el explosivo hasta el comando que ejecutó el ataque.
El procesamiento no es el primer paso de esta causa. En una primera fase, en 2024, el juez Manuel García Castellón ya procesó por estos hechos a Mikel Albisu, Mikel Antza, y a Ramón Sagarzazu, Ramontxo. La reactivación de la investigación respondió a una querella presentada en 2022 por Dignidad y Justicia, la asociación de víctimas que reclamaba llevar la responsabilidad más allá de los autores materiales.
Ese es el eje del litigio: determinar si la dirección de la banda responde penalmente de cada atentado o si la condena se limita a quien colocó la bomba. La citación para notificarles el auto es el trámite inmediato. A partir de ahí, la causa avanza hacia la conclusión del sumario y el escrito de acusación de la Fiscalía antes de una eventual apertura de juicio oral, previsiblemente ya en 2027.
El contexto institucional
ETA asesinó a 853 personas a lo largo de su historia, según los recuentos del Ministerio del Interior, y anunció su disolución en mayo de 2018. La banda ya no existe como estructura operativa, pero la vía judicial sigue abierta: la responsabilidad de la dirección por buena parte de aquellos atentados continúa sin dirimirse en los tribunales.
Instruir estas causas es lento y técnicamente exigente. Obliga a acreditar la cadena de mando de una organización clandestina y compartimentada, en la que los autores materiales no tenían acceso a la cúpula. En esa tarea, los informes de la Guardia Civil y la Policía Nacional son la prueba de cargo sobre la que se sostienen los procesamientos, y la cooperación con las autoridades francesas resultó decisiva para reconstruir la logística de los comandos que operaban desde el sur de Francia.
La proyección de esta causa es clara. Si el tribunal confirma la tesis del instructor, la dirección de ETA responderá por el atentado de Santa Pola con la misma pena de referencia que los autores materiales, y ese criterio será extensible a otras causas abiertas por atentados de la misma época. Dignidad y Justicia y otras asociaciones de víctimas llevan años trabajando en esa dirección, con querellas que han obligado a reabrir investigaciones cerradas decadas atrás.
El trabajo de los cuerpos, mientras tanto, no se detiene. Los equipos de información de la Guardia Civil y la Policía Nacional siguen analizando la documentación incautada a la dirección de la banda en las operaciones que desmantelaron sus aparatos, un material que ahora permite sostener imputaciones sobre hechos ocurridos hace más de dos décadas.
