El Ministerio del Interior y el Gobierno de Italia han acordado levantar los controles recíprocos en las fronteras interiores. La decisión, que no será prorrogada, llega tras un «minucioso análisis de la situación» y vendrá acompañada de un refuerzo del intercambio de información policial para garantizar la seguridad del espacio Schengen.
El acuerdo ha venido precedido de una conversación telefónica entre los ministros del Interior de España e Italia, Fernando Grande-Marlaska y Matteo Piantedosi, programada a raíz de la reunión que los presidentes de Gobierno, Pedro Sánchez y Giorgia Meloni, mantuvieron al margen del Consejo Europeo. Ambos jefes del Ejecutivo encargaron a sus ministros materializar el acuerdo en el plazo de siete días.
Los controles recíprocos estaban en vigor desde principios de agosto. Italia los impuso días después de la entrada irregular de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos en Ceuta a finales de julio. El Ejecutivo español respondió con la misma medida sobre los vuelos y enlaces marítimos de pasajeros procedentes de la República Italiana, que venía prorrogando de forma periódica.
La última prórroga italiana, de una semana, se produjo mientras ambos gobiernos negociaban la salida. Fuentes italianas consultadas por Europa Press explicaron que los ministros trabajarían para «valorar juntos medidas de cooperación sustitutivas»; la parte española precisó que el objetivo era «proceder a la eliminación» de los controles. El comunicado del Ministerio del Interior no detalla el número de agentes implicados ni el calendario material de retirada de los dispositivos.
El intercambio policial sustituye a los controles
La no prórroga no implica una reducción de la vigilancia. Según el Ministerio del Interior, el acuerdo incluye un refuerzo del intercambio de información entre los cuerpos policiales de ambos países para «garantizar la plena seguridad del espacio común de Schengen». Es el mismo esquema que Bruselas ha planteado a otros Estados que mantienen controles sistemáticos.
La Comisión Europea sostiene que la reintroducción de controles en fronteras interiores, prevista en el Código Schengen, debe ser una opción «de último recurso». Por eso insta a los gobiernos a buscar alternativas: refuerzo de la actuación policial conjunta para controles no sistemáticos, mejor uso de la tecnología y sistemas móviles de identificación biométrica o seguimiento de vehículos.
La retirada de los dispositivos fronterizos se compensa con más cooperación policial: España e Italia sustituyen los controles por un intercambio permanente de información para blindar Schengen.
Un pulso fronterizo que se cierra sin relajar la seguridad
Alemania, Austria y Francia mantienen controles que, sobre el papel, deberían ser puntuales. El caso hispano-italiano se cierra ahora sin que ninguno de los dos gobiernos haya admitido una relajación de la seguridad, sino un cambio de instrumento: menos dispositivos físicos y más circulación de datos entre unidades. La medida afecta a puertos y aeropuertos, los puntos donde el tránsito de pasajeros entre ambos países es más intenso.
El cierre del pulso no resuelve la discusión de fondo sobre el uso de las cláusulas de salvaguarda en el espacio Schengen. Sí devuelve la normalidad a una frontera interior que, durante casi tres meses, ha funcionado con controles que la Comisión considera excepcionales.
El contexto institucional
El episodio de Ceuta sitúa el foco en una realidad que los cuerpos policiales venían señalando: las crisis migratorias de gran escala son aprovechadas por redes de crimen organizado dedicadas al tráfico de personas, con estructuras transnacionales que explotan las rutas del Estrecho y del Mediterráneo occidental. La entrada de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma es la magnitud que explica la activación de todos los mecanismos de coordinación disponibles y también la cautela con la que Madrid y Roma han gestionado su retirada. La Policía Nacional y la Guardia Civil mantienen el despliegue en la frontera ceutí y en el Estrecho, donde la presión migratoria no ha cesado pese al cierre de la crisis.
La retirada de los controles deja el peso de la seguridad en el intercambio de información entre unidades, en los puntos de contacto policial y en los sistemas de consulta del espacio Schengen, herramientas cuya eficacia depende de la rapidez con la que viaja el dato. Los equipos técnicos de ambos ministerios deberán concretar en las próximas semanas los protocolos de ese intercambio. El asunto volverá previsiblemente al Consejo de Justicia y Asuntos de Interior de la Unión Europea, donde España defiende que la libre circulación y la seguridad interior son compatibles y que la cooperación policial, coordinada a través de Europol, es la vía preferente frente al cierre de fronteras.
El Ministerio del Interior mantiene abiertos los canales de coordinación con Roma para supervisar el cumplimiento del acuerdo y evaluar si el refuerzo del intercambio de información basta para sostener la supresión de los controles. La libre circulación queda restablecida; la vigilancia, en manos ahora de los datos.
