La guerra tecnológica entre EE. UU. y China sube un peldaño: Pekín exige retirar el veto a DeepSeek y promete «contramedidas contundentes».
Qué prohíbe la orden y en qué ley se apoya
El Departamento de Seguridad Nacional ha ordenado la retirada de todos los productos de DeepSeek de los sistemas informáticos de las agencias ejecutivas federales. La notificación se firmó en julio, pero no fue hasta este lunes 19 de octubre cuando el departamento la hizo efectiva y la dio a conocer. Ningún ordenador del Gobierno federal puede instalar, ejecutar ni contratar aplicaciones de la firma china.
La base legal es la Federal Acquisition Supply Chain Security Act de 2018, conocida por sus siglas FASCSA: la norma que permite vetar proveedores tecnológicos en la contratación pública federal cuando se detecta un riesgo para la cadena de suministro. La orden la activaron el viernes 16 de octubre los titulares de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia, según confirmó un portavoz de CISA, la agencia de ciberseguridad del Gobierno estadounidense.
«Estas órdenes prohíben la instalación, el acceso, o la ejecución de cualquier aplicación de DeepSeek por parte de las agencias ejecutivas, y obligan a identificar y retirar las instalaciones ya existentes», explicó ese portavoz. «Las agencias no pueden adquirir aplicaciones de DeepSeek ni adjudicar contratos cuya ejecución pueda implicarlas». El texto, sin embargo, va más allá de la empresa matriz: alcanza también a los productos de terceros que se apoyan en los modelos abiertos de DeepSeek, y el departamento no ha aclarado cuánto se usaban esos derivados dentro del Gobierno federal.
El veto tampoco llega en el vacío. La Armada y la NASA ya habían bloqueado la herramienta, varios estados la han excluido de sus redes públicas y el 8 de septiembre la propia CISA acusó a la compañía de destilar modelos estadounidenses, esto es, de entrenar su IA con los resultados de sistemas ajenos para replicarlos a menor coste. La acusación de destilación es el corazón técnico del expediente, más que la nacionalidad de la empresa.
La respuesta de Pekín y el hueco donde se queda Europa
La reacción china llegó el martes 20 de octubre. «China pide a EE. UU. que retire las restricciones contra DeepSeek», dijo en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Exteriores, Mao Ning, que anunció «contramedidas contundentes» y aseguró que Pekín «salvaguardará firmemente los derechos e intereses legítimos de las empresas chinas», según recogió China Daily. Mao añadió que su país se opone a «la sobredimensión del concepto de seguridad nacional y a la politización de la ciencia, la tecnología y el comercio».
El veto no cierra una aplicación: cierra la puerta al modelo abierto del que cuelgan decenas de productos derivados en medio mundo.
En medio de la fractura queda Bruselas. La Comisión Europea no dispone de un instrumento equivalente que permita vetar a un proveedor concreto en la contratación pública de forma centralizada; lo que existe son cajas de herramientas nacionales y el Reglamento Europeo de IA (el AI Act, la norma que clasifica los sistemas por nivel de riesgo y exige transparencia a los modelos de propósito general). El resultado es una asimetría incómoda: Washington puede excluir a un proveedor en semanas y Bruselas necesita reformar su marco.
Para España, la exposición directa es limitada. El grueso del comercio tecnológico español con EE. UU. no depende de modelos de IA integrados en contratos federales, y ninguna gran empresa ha reconocido públicamente el uso de DeepSeek en sus sistemas. El riesgo real está en otro sitio: en las filiales en Estados Unidos de Telefónica, Inditex, Santander o BBVA, obligadas a certificar que ningún producto embebido en su cadena de suministro incurre en la prohibición si contratan con una agencia federal. La letra pequeña del cumplimiento es donde se pierden los contratos, no en la gran decisión política.
La Lógica de Washington
La tentación europea es leer la orden como un arranque proteccionista más. Dentro del sistema americano se entiende de otra manera: la FASCSA es una herramienta de seguridad de la cadena de suministro, no un arancel. Su lógica es la misma que llevó al Departamento de Seguridad Nacional a expulsar el antivirus Kaspersky de los ordenadores federales en 2017 y la que inspiró la Sección 889 de la ley de defensa de 2019, que apartó a Huawei y ZTE de la infraestructura estadounidense. El Congreso lleva ocho años construyendo ese andamiaje, y lo hizo con apoyo de ambos partidos.
El problema que Washington intenta resolver es concreto y tiene poco de ideológico: un modelo abierto, una vez descargado, no se puede auditar ni revocar. Si el proveedor puede ver los datos que entran y orientar lo que sale, el riesgo no es comercial, es de inteligencia. La doctrina se puede resumir en una frase: no se veta una app, se veta una dependencia. Y ahí está la contradicción que el propio expediente deja abierta: la orden incluye derivados de terceros, pero el departamento admite que no ha cuantificado su uso. Nadie dijo que fuera gratis.
Queda la incógnita técnica. Los pesos de un modelo abierto se descargan una vez y viajan en un disco duro; ninguna orden ejecutiva los recupera. Por eso la pieza que de verdad pesa no es la prohibición, sino el señuelo disuasorio: quien quiera vender al Gobierno federal asumirá el coste de certificar su cadena, y ese coste lo pagarán también los proveedores europeos. Eso es lo que cambia el tablero para la industria española de software, mucho más expuesta como suministradora que como usuaria.
El siguiente hito será la ampliación del catálogo. Si el consejo interinstitucional que administra la FASCSA suma nuevos proveedores chinos en los próximos meses, el veto dejará de ser una excepción DeepSeek y se convertirá en doctrina de compra pública. Bruselas, mientras, afronta su propio calendario de seguridad económica con una desventaja estructural: sin compras federales centralizadas, no hay palanca equivalente. Washington no pide permiso. Nunca lo ha pedido.
Ficha del Caso
- El caso: el Departamento de Seguridad Nacional ordena retirar DeepSeek de los sistemas federales al amparo de la ley de cadena de suministro de 2018; Pekín responde con la promesa de «contramedidas contundentes».
- Datos clave: orden firmada en julio y ejecutada el 19 de octubre; activada el 16 de octubre por los titulares de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia; prohíbe instalar, ejecutar y contratar DeepSeek, y obliga a retirar instalaciones existentes; alcanza a productos de terceros basados en sus modelos abiertos.
- Para España: impacto directo bajo, pero las filiales de empresas españolas que contratan con el Gobierno federal deberán certificar que no embeben modelos vetados, y la industria española de software asumirá el coste de acreditación sin una herramienta europea equivalente.
