El salario mínimo de Cataluña ya tiene recorrido parlamentario. El Parlament admitió el miércoles tramitar la proposición de ley de Junts que lo fija en 1.400 euros mensuales en 14 pagas para 2026, el equivalente a 19.600 euros brutos al año.
La votación en el Parlament dejó el mapa de fuerzas a la vista. Las enmiendas a la totalidad del PPC y Vox no prosperaron, y el resto de grupos —ERC incluida— votaron en contra de devolver el texto al cajón. El PSC-Units y los Comuns habían registrado sus propias enmiendas a la totalidad, pero las retiraron minutos antes de que arrancara el pleno. Traducción: nadie quiere cargar con el coste de haber frenado una subida salarial en un hemiciclo que se lo va a recordar.
Qué crea exactamente la ley y dónde está la letra pequeña
El texto no inventa un SMI catalán ni sustituye el salario mínimo interprofesional que fija el Estado cada año. Crea una figura distinta, el salario mínimo de referencia de Catalunya, con dos velocidades: obligatorio para la Administración de la Generalitat, los entes que dependen de ella y las entidades de la Administración local; orientativo para el resto de sectores.
El articulado añade tres palancas. La primera, convertir el cumplimiento de esa cuantía en criterio social prioritario de valoración en la adjudicación de contratos públicos y en la concesión de subvenciones de la Generalitat. La segunda, incentivos fiscales para las empresas que la apliquen. La tercera, medidas de acompañamiento para pymes, y sectores productivos con dificultades.
El diagnóstico que Junts pone sobre la mesa: vivienda, alimentación y transporte acumulan incrementos que, según la formación, ‘superan el 30%’ respecto a la media estatal. Sumado a un SMI ‘aplicado de manera uniforme’ en toda España, el resultado que describe la iniciativa es ‘precariedad estructural y pobreza laboral’ en Catalunya. El diputado Joan Canadell defendió el texto desde la tribuna: ‘Lo que no podemos hacer es seguir compitiendo con salarios bajos, como hemos hecho hasta ahora’. Y reclamó al Govern que ‘ejerza liderazgo’ para que el espíritu de la ley sea una realidad.
Un salario de referencia que obliga al sector público y solo orienta al privado es, por ahora, una declaración de intenciones con rango de ley.
Por qué el texto se queda en ‘orientativo’ para el sector privado
La respuesta tiene que ver con el marco constitucional. La legislación laboral es competencia exclusiva del Estado, y por ahí es por donde ha cargado Vox: Javier Ramírez justificó su enmienda en la falta de ‘competencia legal, normativa y legislativa’ de Catalunya para abordar la cuestión, pidió retirar la proposición y llegó a exigir disculpas por ‘tratar como a tontos a los catalanes’.
El blindaje de Junts consiste en no tocar la relación laboral privada. Donde la Generalitat es patrona o pagadora, fija la cuantía; donde no lo es, se limita a orientar la negociación colectiva y a premiar con contratos y ayudas a quien la cumpla. Es la vía que ya se ha utilizado en materia de cláusulas sociales sin abrir un conflicto frontal de competencias. Si el texto avanza, no sería descartable que acabara en manos del Consell de Garanties Estatutàries: la línea entre orientar y legislar de facto es la que se va a discutir.
El coste político para Illa y el frente abierto con Moncloa
En el PSC no quieren aparecer como el partido que frenó la ley ni como el que la bendice sin condiciones. Conchi Jiménez explicó que los socialistas intentarán incorporar durante el trámite ‘más negociación colectiva’, además de ‘más claridad en los derechos, garantías de financiación y mejoras salariales que lleguen realmente a todas las personas’. Léase: sí al marco, no a un titular que deje a la Generalitat prometiendo lo que solo puede garantizar en su propia plantilla.
Los Comuns, que también retiraron su enmienda a la totalidad, no comparten el entusiasmo. Lluís Mijoler cargó contra la iniciativa porque ‘no crea un derecho general’ para todos los trabajadores de Catalunya, y zanjó: ‘hemos de distinguir entre hacer política salarial y hacer demagogia de titulares’. El titular, de momento, ya lo tienen.
El PPC, por su parte, sostiene que el problema no está en el salario de referencia. Míriam Casanovas recordó que el salario medio catalán se mantiene ‘un 10% por encima’ de la media española y situó el debate en el terreno fiscal: ‘más de 100 subidas fiscales’ del ejecutivo de Pedro Sánchez y, a su juicio, ‘medidas aparador’ que no atajan los problemas del Govern de Salvador Illa.
Lo que observamos es un movimiento de piezas que va más allá del salario. Junts no está en el Govern y necesita suelo propio; una ley con su firma que obliga a la Generalitat a pagar 1.400 euros en 14 pagas le sirve para marcar perfil social frente a ERC y para incomodar a un PSC que gobierna con el marco estatal en la mano. El riesgo es de manual. La mayor parte de los salarios bajos de Catalunya no los paga la Generalitat: los pagan empresas privadas a las que la ley solo orienta. Una norma que eleva el suelo del sector público y deja el privado en recomendación mejora a los empleados públicos y no toca a quien cobra menos en una cafetería, una nave logística o una residencia de mayores. Y sin memoria económica conocida, que no consta en la iniciativa, el impacto sobre la masa salarial de la Generalitat y de los ayuntamientos queda por cuantificar.
El calendario tampoco es inocente. El texto sale del pleno y entra en fase de comisión, con comparecencias, enmiendas parciales y una segunda lectura en el hemiciclo antes de ser ley. Ahí se verá si el PSC consigue diluir el carácter orientativo en favor de la negociación colectiva, si el Govern de Illa avala la norma o la deja correr, y si Junts acepta el intercambio. De fondo, la pregunta que en Moncloa observarán con lupa: qué pasa cuando una comunidad fija por ley una referencia salarial por encima de la del Estado. La respuesta llegará antes al DOGC que al BOE, y ese es exactamente el pulso.
