EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Consejo de la UE y el Parlamento Europeo han cerrado un acuerdo provisional para elevar de 400 a 700 millones el techo de derechos de emisión que puede acumular la reserva de estabilidad del mercado, el mecanismo que guarda los permisos sobrantes y los devuelve cuando escasean.
- ¿Quién está detrás? La negociación la han cerrado los representantes de los Veintisiete y la Eurocámara. La Comisión Europea había propuesto ir más lejos y suspender sin fecha la cancelación de los excedentes; el pacto final fija un número concreto y mantiene la retirada definitiva de lo que supere el nuevo umbral.
- ¿Qué impacto tiene? Hasta 300 millones de permisos adicionales quedan disponibles como colchón ante picos de precio. Alivia a la industria electrointensiva española —cemento, cerámica, acero, refino—, pero no altera la senda de reducción de emisiones hasta 2030 ni el recibo de la luz.
La UE conservará hasta 700 millones de permisos CO2 en la reserva del mercado de emisiones. El acuerdo cerrado el martes entre el Consejo y el Parlamento Europeo eleva el techo hoy fijado en 400 millones y deja a la industria un colchón de hasta 300 millones de derechos para que no vuelva a enfrentarse a picos de precio como los de 2022.
De 400 a 700 millones: qué cambia exactamente en el mercado de emisiones ETS
El texto, todavía provisional, retoca la reserva de estabilidad del mercado (REM), el mecanismo que absorbe los permisos sobrantes del mercado de emisiones ETS y los devuelve cuando la oferta se tensa. Hasta ahora, todo derecho que superaba el umbral de 400 millones se cancelaba de forma definitiva. Con el nuevo marco, ese límite sube a 700 millones y la UE mantiene la obligación de retirar lo que exceda esa cifra. La base jurídica sigue siendo la directiva que regula el mercado de emisiones, retocada ahora por enésima vez desde 2003.
La diferencia no es cosmética. La Comisión Europea quería suspender sine die esa cancelación; el Consejo y la Eurocámara han preferido un número concreto, revisable y fácil de explicar en un comunicado. Los 300 millones de permisos adicionales quedan disponibles como amortiguador, aunque solo podrán liberarse cuando la propia reserva lo justifique y nunca de golpe.
El mensaje político que acompaña al pacto es explícito: mayor ‘margen de seguridad ante futuras fluctuaciones del mercado’, en palabras del Consejo. Traducido al lenguaje de la industria, Bruselas admite que el precio del carbono puede volver a dispararse y que la arquitectura anterior no estaba preparada para amortiguarlo. En febrero de 2023, la tonelada superó los 100 euros y arrastró consigo la factura energética de medio continente. La nota oficial del Consejo insiste, eso sí, en que la UE no renuncia a evitar una acumulación excesiva de derechos.
El alivio llega a la cerámica y al acero, no a la factura de la luz
En España, el primer beneficiario es la industria electrointensiva sujeta al régimen de comercio de derechos: cemento, cerámica, siderurgia, refino, papel, y química. La patronal cerámica de Castellón, la siderurgia asturiana y las refinerías del Campo de Gibraltar compran permisos cada año y compiten con productores extracomunitarios que no pagan carbono. Un pico de precio como el de 2022 se traduce, en sus cuentas, en millones de euros de sobrecoste que no siempre pueden repercutir al cliente. El alivio es real.
La reserva no abarata contaminar: solo decide cuándo se paga el precio y quién llega con oxígeno a la siguiente subida.
El consumidor doméstico, en cambio, no notará nada en el recibo. El grueso del coste del carbono en la electricidad española no viene de la reserva, sino del precio que marcan las centrales de gas que aún casan en el mercado mayorista. Ahí la reforma no toca nada. A eso se suma el CBAM (el mecanismo de ajuste en frontera por carbono, en vigor en su fase definitiva desde el 1 de enero de 2026), que obliga a los importadores de acero, cemento, aluminio y fertilizantes a pagar por las emisiones incorporadas en sus productos.
El Eje del Poder Europeo
El pulso real no es técnico, sino de geometría variable. Alemania, Polonia, Chequia y Hungría llevan meses reclamando un paraguas para su industria, y varios de ellos piden abiertamente retrasar el ETS2, el nuevo mercado para transporte por carretera y edificios previsto para 2027. Los frugales del norte —Países Bajos, Dinamarca, Suecia y Finlandia— aceptan el colchón pero rechazan cualquier gesto que debilite la señal de precio. El sur, con España e Italia a la cabeza, quiere protección industrial y, al mismo tiempo, que los ingresos por subastas financien la transición de hogares y pymes. Tres bloques, tres relatos sobre la misma cifra.
Moncloa se ha movido con cuidado. España defiende el ETS como herramienta y no quiere aparecer en la foto de quienes lo desmantelan, pero es uno de los Estados que más ingresos obtiene por subastas y necesita que ese dinero siga llegando a las arcas públicas. La lectura estratégica es otra: cada vez que la UE amplía la reserva, gana margen político para sostener los objetivos de 2030 sin subir el precio a la industria. Es una forma de comprar tiempo con cargo al calendario, no al presupuesto.
Lo que observamos es un patrón conocido desde la crisis del euro. Cuando el coste político de una norma se dispara, Bruselas no la deroga: la flexibiliza. Ocurrió con las reglas fiscales en 2020 y 2022, con la condicionalidad verde de la PAC y ahora con el mercado de carbono. El riesgo es que la flexibilidad se convierta en costumbre y que la próxima revisión, prevista para 2027, llegue con el mismo debate sobre la mesa. Sin embargo, el colchón de 700 millones no resuelve el problema de fondo: la industria europea sigue pagando por emitir aquello que sus competidores emiten gratis.
Hay un punto débil en el relato oficial que conviene subrayar. La reserva protege contra la volatilidad, no contra el nivel del precio. Si el mercado vuelve a tensionarse por la retirada progresiva de derechos gratuitos y por la entrada en vigor del ajuste en frontera, los 300 millones adicionales se consumirán en pocos meses y el debate regresará al punto de partida. Nadie en el Consejo ha explicado qué ocurre si el colchón se agota antes de 2030.
Queda el trámite. El acuerdo debe ser adoptado formalmente por el Consejo y por el Pleno del Parlamento Europeo antes de su publicación en el DOUE, y en ese camino aún pueden moverse flecos de redacción. Hasta entonces, el texto es papel mojado. Cosas que pasan en Bruselas.
