El traspaso de la Rodalies R1 encara su recta final: Illa y Puente desbloquean el contrato programa y la empresa mixta. La reunión en el Palau de la Generalitat ha durado algo más de 45 minutos. Después, comparecencia ante la prensa y un mensaje medido: el calendario sigue, aunque la convocatoria de elecciones generales del 29 de noviembre lo condiciona todo.
El president de la Generalitat y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible han confirmado que el Govern aprobará el contrato programa en el Consell Executiu del próximo martes. Ese mismo día, Renfe llevará el documento a su consejo de administración. Es el acuerdo que regula la prestación del servicio de los próximos años y la pieza llamada a blindar la transferencia a Rodalies de Catalunya, la sociedad de gobernanza mixta con mayoría catalana.
Qué se aprueba el martes y por qué es la pieza que blinda el traspaso
El contrato programa fija obligaciones, financiación y niveles de servicio. Sin él, la empresa mixta sería una carcasa sin mandato. Illa lo ha descrito como una operación ‘más compleja de lo que parece’ y ha insistido en que ‘todos los compromisos siguen los pasos previstos’ y en que los trabajos ‘no se ven alterados, ni mucho menos, por la convocatoria electoral’.
La nueva sociedad empezará a operar en enero de 2027 con el inventario de trenes, personal y estaciones ya en su haber. La presidirá Òscar Playà, exdirectivo de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Los detalles del futuro servicio y del reparto de la gobernanza se conocerán la próxima semana, según han avanzado ambas administraciones.
La R1, el banco de pruebas para las vías de Adif
El traspaso de las infraestructuras se antoja más complicado. Illa y Puente han constatado que la línea del Maresme, la R1, sigue pendiente de ‘algunos flecos procedimentales’. El modelo que se cierre ahí debe servir para replicar después en vías, catenarias y estaciones de otras líneas, con el objetivo de que Catalunya decida sobre sus inversiones, y su mantenimiento.
El inventario debe superar una Comisión Bilateral de Infraestructuras y una Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat, que podrían celebrarse al mismo tiempo pero siguen sin fecha en el calendario. Ahí está el nudo: sin ese trámite no hay traspaso efectivo, por mucho que la voluntad política se proclame a los cuatro vientos.
El traspaso avanza a velocidad técnica mientras el calendario que lo puede tumbar depende de una urna en Madrid.
Cien trenes nuevos que aún duermen en Santa Perpètua de Mogoda
A los usuarios les importa otra cosa: cuándo llegan los trenes. Puente ha evitado pedirles ‘paciencia’ porque ‘ya han tenido mucha’, y ha prometido devolver el servicio al nivel que los catalanes ‘merecen’. El centenar de unidades encargadas a Alstom, con planta en Santa Perpètua de Mogoda, acumula retrasos y el plazo se ha dilatado hasta el primer trimestre de 2027.
Ambos dirigentes mantienen esa fecha, aunque el ministro ha deslizado que podría ser ‘incluso antes’, porque el plazo fijado le parece ‘prudente’. La misma prudencia que exhibe al hablar de trámites administrativos.
El 29-N, la variable que no controla la Generalitat
Puente ha asegurado que ‘la voluntad de cesión es irrevocable’, al menos mientras él esté en el cargo, y no ha aclarado qué ocurriría si el resultado de las elecciones del 29 de noviembre entrega la Moncloa al PP y a Vox, partidos contrarios a lo que consideran cesiones a Catalunya. Fuentes de la Generalitat sostienen que los trabajos están lo bastante avanzados como para impedir que un eventual gobierno de Alberto Núñez Feijóo revierta el traspaso.
Hay dos matices que conviene no perder de vista. El primero: el Ejecutivo entrante podría asignar una transferencia económica insuficiente a ojos del Govern, obligando a la Administración catalana a asumir la infraestructura sin fondos extra, lo que haría inviable la operación. El segundo: Puente ha reconocido como ‘evidente’ que la convocatoria electoral ‘algo nos ha trastocado’. Los equipos técnicos corren, pero el marco político se mueve debajo de ellos.
Lo que observamos es una paradoja incómoda para el Govern. Cuanto más avanza el expediente, más depende de una decisión que no está en sus manos. El traspaso nació del acuerdo de investidura entre PSC y ERC y se ha convertido en el único compromiso entre Moncloa y el Govern que puede salvarse del adelanto electoral. Eso le da a Illa un activo que exhibir ante sus socios, pero también un flanco: si las comisiones bilaterales no se convocan antes de la campaña, el relato del traspaso se quedará en el gesto y en la foto del Palau.
La fórmula tampoco tiene precedentes claros en el resto del Estado. Ninguna otra comunidad gestiona con mayoría propia una operadora ferroviaria de titularidad estatal, y el modelo que se fije en la R1 marcará el listón para el resto de líneas. Dos años de trabajo técnico y un fin de semana de campaña pueden pesar lo mismo. Esa es la fragilidad real del acuerdo.
El próximo hito es el Consell Executiu del martes, con el contrato programa sobre la mesa, y la puesta en marcha de la empresa mixta en enero de 2027. Entre una fecha y otra quedan dos comisiones sin calendario, un centenar de trenes sin entregar y una cita con las urnas que puede reescribir el final. Dejémoslo en un ‘ya veremos’.
