EN 30 SEGUNDOS
- ¿Qué ha pasado? El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife anula el cese de Luis Santos Jara como jefe de la Policía Canaria y ordena su reincorporación con efectos retroactivos.
- ¿Quién está detrás? La Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad que dirige Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria), que lo relevó en abril de 2024.
- ¿Qué impacto tiene? La sentencia declara además ilegal el nombramiento de Antonio Almenara y abre un plazo de quince días para apelar ante el TSJ de Canarias.
Un juzgado de Tenerife anula el cese del jefe de la Policía Canaria y ordena su reincorporación con efectos retroactivos.
El día siguiente a la baja: así se gestó el relevo
La resolución, conocida esta semana y recurrible en apelación, la firma la magistrada del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife. Reconoce el derecho de Luis Santos Jara, único comisario principal de la Policía Canaria —el escalafón más alto del cuerpo—, a recuperar el puesto del que fue apartado formalmente en abril de 2024.
El reproche del juzgado va directo a la Consejería de Presidencia que dirige Nieves Lady Barreto (Coalición Canaria). La consejera adoptó el cese, según la sentencia, sin motivación suficiente y sin informes que lo justificaran. Y hay un detalle que a la jueza le llama «poderosamente» la atención: Santos Jara se reincorporó de una baja el 25 de abril de 2024 y al día siguiente se dictó la orden que entregaba la jefatura a otro mando.
«Por algún motivo, cuando no estaba, no importaba quién hiciera sus funciones. Sin embargo, cuando se reincorpora, no se quiere que las realice», recoge el fallo. El 10 de mayo de 2024 la Consejería revocó la comisión de servicios del comisario principal con efectos retroactivos. La jueza aclara que no le corresponde determinar si el cese fue «represalia, castigo o sanción», pero sí que la decisión no se ajustó a derecho. Aquí no hay interpretación posible.
El origen del choque es anterior. En el verano de 2023, la Consejería abrió una información reservada contra Santos Jara a partir de un rumor sobre supuestas críticas del alto mando a la gestión del Gobierno de un incendio forestal en Tenerife. El expediente se archivó. Después llegó otro de carácter disciplinario. También acabó en carpetazo. El comisario principal, que dirigía el cuerpo desde 2012, denunció entonces a la consejera por seis presuntos delitos, entre ellos acoso laboral, prevaricación o o falsedad documental.
En Canarias, el mando policial cambió de manos sin un informe que lo explicara. Un juez acaba de recordar que la Administración también tiene que justificarse.
Un nombramiento que tampoco encaja en la ley
La sentencia también se detiene en quien ocupa hoy la jefatura. Antonio Almenara era subcomisario y fue ascendido de forma temporal a comisario para asumir el mando; en el momento del nombramiento era el cuarto en la escala. La ley de creación del cuerpo obliga a elegir al suplente entre los comisarios principales o, en su defecto, entre el empleo inmediatamente inferior, y no consta informe alguno que justifique que no hubiera otros mandos por delante. Hasta entonces, el Gobierno canario había respetado siempre el escalafón.
El fallo descarta el argumento con el que el director general de Seguridad, David del Pino, trató de sostener el relevo: el Plan Estratégico 2024-2027. Ese documento se firmó catorce días antes del nombramiento de Almenara y, sobre todo, no figuraba entre los motivos previstos para poner fin a una comisión de servicios. No hay ni un solo informe que justifique el cambio de mando.
La demanda se dirigía contra la resolución de Del Pino, que desestimó el recurso previo del comisario. La abogada Ángeles Padilla firmó el escrito en el que Santos Jara sostenía que su cese respondía a una «represalia o sanción». La sentencia estima íntegramente sus pretensiones y deja abierta la apelación ante el TSJ de Canarias (el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el máximo órgano judicial del archipiélago) en un plazo de quince días.
El reloj ya corre.
El Pulso Territorial
Canarias es una de las pocas comunidades de nuestro mapa con policía autonómica propia; Navarra, con la Policía Foral, es la otra. El cuerpo canario opera en un archipiélago de más de dos millones de habitantes y ocho islas. Cada cambio en su cúpula es una decisión política, no un trámite de personal.
El Gobierno de Canarias lo preside Fernando Clavijo, de Coalición Canaria, en coalición con el PP y con apoyos parlamentarios que se negocian voto a voto. La consejera Barreto es una de las figuras de más peso del Ejecutivo, y este fallo la deja señalada en un asunto que lleva tres años coleando. La sentencia no discute la oportunidad política del relevo, sino la ausencia total de papeleo que lo sostuviera. Ese es el terreno incómodo: no se reprocha una decisión ideológica, se reprocha no haberla documentado.
Queda la proyección. El Ejecutivo autonómico tiene quince días para decidir si recurre ante el TSJ de Canarias; después toca ejecutar una reincorporación con efectos retroactivos, con salarios y antigüedad incluidos, y resolver qué ocurre con una jefatura que la sentencia considera mal nombrada. A eso se suma la denuncia penal que el comisario presentó contra la consejera por seis presuntos delitos, que planea sobre todo el conflicto, y un calendario que sitúa los próximos comicios autonómicos en mayo de 2027. Nadie en el archipiélago da este asunto por cerrado.
Ficha Autonómica
- El caso: Un juzgado de Santa Cruz de Tenerife anula el cese de Luis Santos Jara como jefe de la Policía Canaria por falta de motivación e informes, y declara ilegal el nombramiento de su sustituto.
- Datos importantes: Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4. Cese formal en abril de 2024: reincorporación tras baja el 25 de abril y orden de relevo al día siguiente. Plan Estratégico 2024-2027 firmado catorce días antes. Costas a la Administración. Apelación posible en quince días.
- Resumen: Santos Jara debe volver con efectos retroactivos. El Gobierno canario no ha anunciado si recurrirá y queda por resolver qué ocurre con la jefatura de Antonio Almenara.
