El portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, reclamó al lehendakari una rectificación sobre sus datos de vivienda y no la obtuvo.
La petición se produjo en el pleno de control del Parlamento Vasco celebrado el jueves 22 de octubre, quince días después de que Imanol Pradales afirmara que en los ayuntamientos gestionados por EH Bildu existe suelo público cedible al Gobierno Vasco para levantar unas 45.000 viviendas.
Lo que el lehendakari dijo el 8 de octubre y lo que le reprocha EH Bildu
Otxandiano recordó que esa afirmación se produjo en el anterior pleno de control, el 8 de octubre, y que tuvo difusión en los medios. Frente a ella, expuso una distinción técnica: una cosa es el suelo residencial planificado en los planes generales de ordenación urbana y otra que ese suelo sea de titularidad pública.
‘Como usted bien sabe, la gran mayoría de ese suelo es privado, no es público. Y por lo tanto, los ayuntamientos no se lo pueden ceder al Gobierno Vasco en estos momentos’, sostuvo desde la tribuna. Su conclusión fue que ‘no es verdad, no es cierto, o dicho de otra manera, es mentira’ que los consistorios de la coalición dispongan de suelo público para esas 45.000 viviendas.
De ahí nació su exigencia: que el lehendakari se retractara en el propio hemiciclo y reconociera que lo afirmado quince días antes no era cierto, ‘en honor a la ejemplaridad en la política’. La rectificación no llegó.
El pleno deja dos lecturas del mismo dato: el suelo disponible en los municipios gobernados por EH Bildu, que el lehendakari cifró en 45.000 viviendas.
La respuesta de Pradales: planificación municipal y acuerdo fiscal
Imanol Pradales subió a la tribuna y no rectificó. Repasó las medidas de vivienda adoptadas por el Gobierno Vasco y por los partidos que lo sostienen, la última el acuerdo sobre fiscalidad del alquiler cerrado entre PNV y PSE-EE, y preguntó a Otxandiano si EH Bildu va a respaldarlas.
Situó la competencia decisiva en los ayuntamientos, que disponen, dijo, de ‘el instrumento de planificación fundamental para desarrollar suelo privado y público’: el plan general de ordenación urbana y, en su defecto, las normas subsidiarias. ‘No escurran el bulto’, les reclamó, antes de pedir a la coalición que ‘salgan de su trinchera’ y ayuden a poner más suelo público en manos del Ejecutivo.
En esa intervención manejó una cifra distinta de la del pleno anterior: se refirió a ‘42.000 viviendas potenciales’, un volumen que él mismo elevó a 160.000 en el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, frente a las 45.000 aludidas el 8 de octubre.
El Plan Territorial Sectorial de Vivienda que sigue sin aprobarse
El portavoz de EH Bildu replicó que los municipios están cediendo suelo ‘por encima de las posibilidades del Gobierno para gestionarlas’ y trasladó el cuello de botella al Ejecutivo: ‘El embudo está en el Gobierno’. Para argumentarlo citó el artículo 11.1 B de la ley vasca de Vivienda, que atribuye al Gobierno Vasco la elaboración y aprobación del Plan Territorial Sectorial de Vivienda (PTS).
Según su cómputo, han transcurrido once años sin que ese instrumento vea la luz. ‘No se ha hecho política de suelo, no se ha planificado y no se ha elaborado el PTS’, afirmó, y calificó el dato de ‘verdad empírica, incuestionable’. A su juicio, la ‘emergencia habitacional’ llega sin las herramientas de planificación que la propia norma contempla.
También discutió la lectura del modelo de Viena que Pradales había puesto como ejemplo en la sesión anterior. De las enseñanzas de la capital austriaca, defendió, la primera es un gran parque público de vivienda, y no solo la combinación de suelo y planificación. El lehendakari no respondió a esa parte del discurso.
El intercambio dejó a la vista el reparto competencial que ordena la política de vivienda en Euskadi. La planificación supramunicipal corresponde al Gobierno Vasco, que debe aprobar el PTS, mientras que los ayuntamientos definen el suelo residencial mediante sus planes generales. Entre ambos instrumentos se sitúa la construcción, en manos de la iniciativa pública y privada, y la fiscalidad del alquiler, el terreno en el que el Ejecutivo de coalición PNV-PSE-EE ha colocado su medida más reciente, según expuso el propio lehendakari.
El pleno de control es la vía ordinaria con la que la oposición interpela al lehendakari cada quince días, de modo que el asunto volverá a la Cámara en la próxima sesión. Por ahora, EH Bildu mantiene su diagnóstico sobre el suelo y el Ejecutivo autonómico sostiene que la movilización depende de la planificación municipal. Ninguno de los dos ha anunciado un cambio de posición.
