Los desahucios en València dejan 787 personas con orden judicial e informe de vulnerabilidad de los servicios sociales, según Compromís.
La cifra no proviene de una estimación de parte. Sale de la Comisión de Bienestar Social del Ayuntamiento de València, en una respuesta oficial a la pregunta de la concejala de Compromís Lucía Beamud, y contabiliza únicamente los expedientes tramitados entre 2025 y lo que va de 2026. Expedientes, no desahucios consumados: la diferencia importa, y está en el centro del pulso político de esta semana.
El informe de vulnerabilidad es el documento que los servicios sociales remiten al juzgado cuando una persona amenazada por un lanzamiento —el término jurídico para el desalojo forzoso— acredita fragilidad económica, social o de salud. Puede paralizar el desahucio, pero no garantiza el derecho a una casa.
Los 787 expedientes que dibujan el mapa de la emergencia habitacional
El centro municipal con más informes es el de Quatre Carreres, con un centenar de casos. Le siguen el de San Marcelino, con 85, y la oficina de Salvador Allende, en el distrito de Rascanya, con 81. Las tres zonas más golpeadas están en la periferia de la ciudad. En el centro, Ciutat Vella registró 49 y La Saïdia, 52. La emergencia habitacional se concentra donde el alquiler sube y la renta baja.
Para Compromís, la cifra real es mucho mayor. La formación sostiene que los datos no tienen en cuenta a las personas desahuciadas que nunca solicitaron ese informe ante servicios sociales, pese a encontrarse en una situación extrema, por miedo a las represalias si su situación es irregular o por simple falta de información. Un registro siempre es un suelo, nunca un techo.
La concejala vincula los datos con el cierre, hace ahora un año, de la Oficina por el Derecho a la Vivienda que impulsó el gobierno de Joan Ribó, y con la falta de alternativa habitacional municipal para quienes reciben la orden judicial. Sin una salida, el informe protege un tiempo y después devuelve el problema al punto de partida.
Un informe de vulnerabilidad frena un lanzamiento durante unos meses; una alternativa habitacional lo resuelve durante años.
El Consistorio defiende a los servicios sociales y Compromís habla de cifras inhumanas
El Ayuntamiento de València lee los mismos números de otra manera. Fuentes municipales responden que los servicios sociales han hecho un trabajo «extraordinario» con esos 787 informes demandados por el juzgado, que buscan «precisamente evitar los desahucios», y subrayan que su existencia ha permitido que en buena parte de los casos los lanzamientos no se realicen. No detallan cuántos. Sobre la comparación con la oficina cerrada, el equipo de gobierno sostiene que Compromís «mezcla conceptos y cosas que nada tienen que ver».
El pleno extraordinario celebrado el viernes en el Ayuntamiento llegó un día después de que Daniel González, investigador de la Universitat de València, fuera desalojado de la vivienda en la que residía desde 2009. La escena resume la distancia entre el debate y la vida real.
La vivienda se ha instalado en el centro del debate político valenciano: acampadas, concentraciones ante los juzgados y plenos monográficos. La diferencia entre ese ruido y las 787 personas del registro es que ellas ya tienen fecha.
El Escenario Valenciano
En el plano municipal, el gobierno del PP reivindica la gestión de sus servicios sociales y Compromís utiliza la respuesta oficial como ariete político. El cierre de la Oficina por el Derecho a la Vivienda, heredada del ejecutivo de Joan Ribó, se ha convertido en el símbolo de esa disputa. Las competencias de vivienda son autonómicas, lo que coloca también al Consell de Pérez Llorca en la ecuación: los informes se tramitan en el consistorio, pero la intermediación y el parque público dependen de la Generalitat. Ahí el margen de actuación sigue sin cifras públicas y sin comparecencia que lo detalle.
Fuera de València, el debate es el mismo que recorre España desde hace una década: qué hacer cuando la orden judicial llega antes que la ayuda. Como precedente comparable, la ola de desahucios de la crisis de 2008-2013 obligó a las administraciones a improvisar oficinas de intermediación y servicios de acompañamiento que entonces no existían. La lección de aquellos años fue incómoda: el informe de vulnerabilidad llegaba siempre después del requerimiento, nunca antes. Ahora ocurre lo mismo, con la diferencia de que el precio del alquiler presiona más rápido que la respuesta administrativa.
La siguiente cita está en el seguimiento del pleno: cuántos de esos 787 lanzamientos se han paralizado y cuántos se han ejecutado. Sin ese dato, la estadística municipal seguirá midiendo el riesgo y no la respuesta.
Ficha del Caso
- El caso: 787 vecinos de València con orden de desahucio contaban con un informe de vulnerabilidad tramitado por los servicios sociales municipales entre 2025 y lo que va de 2026, según los datos que Compromís hizo públicos.
- Datos importantes: Quatre Carreres, con 100 informes, lidera la lista; le siguen San Marcelino (85), la oficina de Salvador Allende en Rascanya (81), La Saïdia (52) y Ciutat Vella (49). El cierre de la Oficina por el Derecho a la Vivienda se produjo hace un año.
- Resumen: El Ayuntamiento defiende que los informes evitan lanzamientos; Compromís exige alternativa habitacional y cifras completas sobre cuántos desahucios se han ejecutado finalmente.
