Beatriz Sánchez, la supuesta encargada de gestionar la administración y contabilidad de las sociedades dirigidas por el productor televisivo José Luis Moreno, declara este viernes ante el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno por la ‘Operación Titella’, donde se investiga una presunta macroestafa que tiene al ventrÃlocuo como principal imputado.
El titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 tendrá la ocasión de escuchar a Sánchez, a quien los investigadores consideran como una suerte de ‘mano derecha’ de Moreno a la hora de gestionar las cuentas y de coordinar el resto de empleadas del productor, en especial con lo relativo a los pagos cobros y confección de facturas.
Pero, además, Beatriz Sánchez se habrÃa encargado supuestamente de buscar inversores privados y de contactar con el supuesto testaferro Joseph Francis Fay puesto en España por el productor de nacionalidad argentina Alejandro Roemmers, que habrÃa sido estafado presuntamente por Moreno.
Estaba previsto que este mismo viernes declarasen también Pascal Jean Jorgen, Óscar Ordoñez y Ramón Sánchez, aunque fuentes jurÃdicas han señalado que dos de las citaciones han sido aplazadas. Todo ello después de que este miércoles compareciesen Cristina Muñoz, Rosa SantamarÃa y Natalia Fernández a los que siguieron este jueves Luis Enrique Dueñas y Óscar Tardio.
Aunque el juez citó a más de una decena de investigados, las declaraciones de José MarÃa Alvear, Ernesto Paniagua o la del sobrino de Moreno, Raúl Fernández, tendrán que celebrarse más adelante después de que fuesen suspendidas.
CONVERSACIONES SOBRE LA RED
En relación a Beatriz Sánchez, varios de los informes remitidos a la Audiencia Nacional revelan conversaciones en las que se refiere a cantidades elevadas de dinero que estarÃan relacionadas con la red. En una de ellas, realizada el pasado 16 de junio, Sánchez aseguró que Moreno le habÃa pedido que consiguiera 2,2 millones de euros: 1,6 millones para Hacienda y 600.000 euros para una deuda que tenÃa pendiente.
Otra de las escuchas de los investigadores recoge una charla entre Sánchez y otra de las empleadas de Moreno, Rosa, en la que ambas se sinceran sobre la situación de las finanzas del productor. Asà las cosas, Sánchez y SantamarÃa reconocieron que no «podrÃan aguantar» una auditorÃa porque se descubrirÃa que en «todo el primer año no empezaron a grabar».
De la charla entre las dos trabajadoras también se desprende además que Moreno se habrÃa «apropiado de por lo menos 16 millones de euros» de los 32 que Roemmers le entregó para grabar la serie que el ventrÃlocuo supuestamente realizaba con la sociedad Dreamlight International Productions S.L sobre la vida de Francisco de AsÃs.
En esa conversación, Beatriz le aseguró a Rosa que a Moreno «ya unos intentaron abrirle la cabeza» –en alusión al robo que sufrió en su mansión de Boadilla del Monte en 2007– y que «otros intentarán meterlo en la cárcel». Rosa, por su parte, se mostró convencida de que el productor se iba a «fugar» porque él mismo «lo ha dicho», advirtiendo a su compañera que de hacerlo «se irÃa con mucho dinero».
MORENO, LA «TARJETA DE VISITA»
Moreno es uno de los principales imputados en la ‘Operación Titella’, cuya investigación comenzó en 2018 y eclosionó el pasado mes de junio con su detención y la de decenas de personas en distintas ciudades por una presunta estafa perpetrada a través de un entramado societario que habrÃa causado un perjuicio económico de 85 millones de euros, conforme a los cálculos de la FiscalÃa.
Acusado de estafa, blanqueo, asociación ilÃcita, falsificación de documentos, insolvencia punible y delitos contra la Hacienda Pública, el productor de televisión está en libertad condicional, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado, retirada de pasaporte y prohibición de salir del paÃs.
El instructor le impuso una fianza de tres millones de euros que el ventrÃlocuo presentó ‘in extremis’ en forma de aval hipotecario, lo que le obliga a cubrir el doble de la cantidad requerida, es decir, seis en lugar de tres millones.
De acuerdo con el sumario del caso, la PolicÃa Nacional sospecha que Moreno mantendrÃa ocultos entre 400 y 900 millones de euros en el extranjero.
ESTAFA Y BLANQUEO
Los investigadores dividen la presunta trama en dos organizaciones: una liderada por Moreno, Antonio Aguilera y Antonio Salazar, dedicada desde 2017 al «fraude y estafa a entidades bancarias e inversores privados», «a la falsificación de efectos bancarios como cheques y pagarés» y al «blanqueo de capitales»; y otra, encabezada por Carlos Brambilla, presunto narcotraficante que se habrÃa valido de dicha estructura para blanquear el dinero.
Según el relato judicial, Moreno y Aguilera serÃan los «máximos responsables» y Salazar, el tercero en acción. Cada uno tendrÃa una función. El productor, «como persona pública muy reconocida, prestarÃa su nombre como tarjeta de visita» a fin de conseguir fácilmente la financiación que fingirÃan necesitar para poner en marcha un proyecto cinematográfico. Por tanto, «era el principal receptor de los fondos obtenidos».
Ese dinero pasarÃa entonces a manos de Aguilera y Salazar. Los dos tendrÃan «amplios conocimientos en operativa bancaria y mercantil», por lo que se ocuparÃan de crear las sociedades, «maquillarlas», poner administradores y presentarlas ante las entidades bancarias como los destinatarios de la financiación necesaria para dichos proyectos. En realidad, carecerÃan de actividad alguna.
Mediante esta red de «empresas pantalla» administradas por presuntos testaferros ambas organizaciones moverÃan «grandes cantidades de dinero en efectivo» a las que intentaban dar salida con ingresos que hacÃan pasar por beneficios de su labor mercantil o con inyecciones en metálico para lo que contarÃan con la complicidad de empleados de banca que se llevarÃan su comisión a cambio de introducir este dinero en el circuito legal.