La ponencia del Congreso encargada de estudiar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como ‘ley mordaza’, ha avanzado este miĂ©rcoles al aprobar la nueva redacciĂłn de 19 artĂculos sobre la base de las enmiendas pactadas por los socios del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos.
No obstante, aún quedan escollos como las devoluciones en caliente o lo que afecta a la veracidad de las actas policiales, que se abordará en la tercera reunión, fijada para el 15 de febrero, tras las elecciones de Castilla y León, según detallan fuentes parlamentarias.
En la reuniĂłn a puerta cerrada de este miĂ©rcoles los grupos que apoyaron la investidura del Gobierno de Pedro Sánchez han respaldado las enmiendas sobre 19 artĂculos, entre ellos algunos cuestionados por sindicatos policiales como el de las identificaciones con retenciones de un máximo de dos horas, salvo excepciones justificadas, y la obligaciĂłn de trasladar al afectado al lugar de origen en el caso de haber cambiado de localidad.
La ponencia –que tuvo que suspender la reuniĂłn de la pasada semana por varios casos de COVID– ha dado luz verde a regular los controles en vĂa pĂşblica para vincularlos a supuestos de alteraciĂłn grave y efectiva de la seguridad ciudadana o en casos de prevenciĂłn de delitos graves, limitando el tiempo de duraciĂłn al mĂnimo imprescindible.
IDENTIFICACIĂ“N DE PERSONAS EXTRANJERAS
En el artĂculo 13, segĂşn fuentes de la ponencia, se incorporará una «salvaguarda» relativa a la acreditaciĂłn de la identidad de personas extranjeras, de forma que no puedan ser privadas de su documentaciĂłn de origen salvo en el curso de investigaciones judiciales. De hecho, sĂłlo podrá retirarse la documentaciĂłn en caso de que asĂ lo dicte una resoluciĂłn judicial.
Los grupos respaldan de forma mayoritaria que la nueva ley, que sustituirĂa a la aprobada en 2015 por la mayorĂa absoluta del PP, obligue a ‘fiscalizar’ las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que supongan restricciones o limitaciones temporales del tránsito y otros derechos de libre circulaciĂłn, llevando estos datos a la memoria anual del Ministerio PĂşblico y a los sistemas estadĂsticos de las administraciones competentes.
También modifica aspectos relativos a la entrada en domicilios y edificios de organismos oficiales para atender al riesgo de las personas o animales, asà como supuestos de catástrofes o ruina inminente, de acuerdo a lo estipulado en la legislación de protección civil.
Otro de los puntos afecta a garantizar los derechos de personas discapacitadas e incorporar al DNI y pasaporte las distintas lenguas oficiales, además de tener en cuenta la capacidad económica en este tipo de trámites.
ACTAS POLICIALES CON PRESUNCIĂ“N DE VERACIDAD
Además del máximo de dos horas en las retenciones para realizar identificaciones, aún queda pendiente de votación en la ponencia otras enmiendas muy criticadas por sindicatos policiales y partidos de la oposición, como la que se refiere a la presunción de veracidad en las declaraciones policiales.
En la propuesta de reforma de la ‘ley mordaza’, Unidas Podemos y PSOE pactaron que el acta con la propuesta de sanciĂłn tramitada por un agente de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado goce de presunciĂłn de veracidad, pero añadiendo que esto será «siempre que resulte coherente, lĂłgica y razonable».
Otro de los acuerdos de los dos partidos del Gobierno que se tendrá que someter el 15 de febrero al parecer del resto de grupos es el de las devoluciones en caliente, puesto que la intenciĂłn es sacar esta cuestiĂłn de la ‘ley mordaza’ para que conste regulado Ăşnicamente por la ley de extranjerĂa.
Fuentes de Unidas Podemos han mostrado la «satisfacciĂłn por al amplĂsimo acuerdo» en torno a las enmiendas de PSOE y el partido morado, subrayando el papel jugado a favor del acuerdo por Enrique Santiago para aprobar una nueva ley que introduzca «mayores garantĂas de derechos y libertades de la ciudadanĂa».
Además, han criticando la actitud «absolutamente obstruccionista» de PP y VOX, mostrando las citadas fuentes de Unidas Podemos su deseo de que el debate sobre la reforma de la ‘ley mordaza’ –que figura entre los compromisos del pacto de investidura– no se alargue en el tiempo.