Durante los primeros meses de la pandemia, en la primera mitad del año 2020, la gestión de los Gobiernos estaba destinada a combatir el virus. Cada uno de ellos destinaba fondos a la medidas que consideraban las mejores para frenar la expansión del coronavirus. Sin embargo, la población no siempre estaba de acuerdo con estas decisiones. Así, la imagen de algunos políticos empeoró de cara a la opinión pública. Por ello, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no dudó en destinar millones de euros procedentes de los fondos covid a su autopromoción y a hacer campaña de su gestión, así, lo que las medidas frente a la situación sanitaria le quitaron, los fondos covid le devolvieron. En total, el Ayuntamiento de Barcelona destinó nueve contratos tramitado de emergencia a campañas publicitarias.
El Tribunal de Cuentas ha emitido un informe resultado de la fiscalización de distintos Ayuntamientos de España. En él investiga la gestión de los ejecutivos locales y analiza los contratos tramitados de emergencia Ayuntamientos de los municipios con una población superior a 300.000 habitantes para atender las necesidades derivadas de las medidas adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria causada por el covid-19 durante el ejercicio de 2020. El estudio ha permitido poner en evidencia la gestión reprobable de algunos ediles como es el caso de Ada Colau, que ha aprovechado la crisis sanitaria y los fondos covid para autopromocionarse y lavar su imagen ante la opinión pública a través de campañas de comunicación. Un dinero que debería ir destinado a la protección de la población frente al virus, evitando contagios y frenando la expansión del coronavirus.
Así, la alcaldesa barcelonesa registró un convenio para la campaña de comunicación de BCNacasa con un presupuesto de 168.034 euros y otro para las inserciones digitales de BCNacasa por una suma de 66.115,70 euros. Un total de 234.149,70 euros para la misma campaña publicitaria. Sin embargo, no es la única propaganda que los fondos covid ha financiado. En el informe aparecen cinco contratos tramitados con el mismo objeto la planificación y compra de servicios publicitarios, aunque cada uno de ellos por unas cantidades diferentes: dos de ellos por 500.000, el segundo por 495.867,77, otro por 82.644,63 y el último por un total de 172.727,27. Este quinteto de contratos dirigidos a gestionar servicios relacionados con la publicidad suman un total de 1.751.239,67 euros. Todos ellos para lo mismo, por el mismo centro, Gerencia de Recursos, y durante el mismo mes, abril del año 2020, en plena primera ola de la crisis sanitaria.
El Consorcio de Turismo de Barcelona también consiguió sacar tajada de estas artimañas para colar contratos entre los fondos covid. Así, el organismo emitió dos contratos tramitados de emergencia, el primero para el diseño de campaña nacional de comunicación con una suma de 139.778 euros y el segundo para creación, preparación y ejecución de una campaña publicitaria para la reactivación del centro de la ciudad de Barcelona con un presupuesto de 286.000 euros. Ninguno de los dos convenios tiene nada que ver con la situación sanitaria, sino con mejorar la imagen de la capital catalana. Además, para continuar mejorando la apariencia de Barcelona de cara a la galería desde la Gerencia de Recursos aprovecharon la coyuntura para realizar obras en algunos edificios municipales. Así, este departamento registró un acuerdo con un presupuesto de 58.790,06 euros destinado a las obras de reparación de desperfectos y vandalismo de edificios municipales.
Ada Colau destinó así una suma millonaria a la autopromoción de su gestión y gobierno y la de la ciudad que lidera, Barcelona, todo ello durante una crisis sanitaria que se ha cobrado la vida de millones de personas. Y es que esta no es la primera vez que la edil barcelonesa realiza trámites un tanto sospechosos sobre contrato concedidos desde su Ayuntamiento. Colau está siendo investigada por presuntamente haber cometido prevaricación, fraude en la contratación, malversación, tráfico de influencias y negociaciones prohibidas. Estos delitos atañen a las subvenciones otorgadas de forma directa a varias entidades sociales. Así, los beneficiarios de estas ayudas serían Observatori DESC, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAC), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) y la asociación Enginyeria Sense Fronteres (ESF).
Unos hechos que, en caso de confirmarse finalmente por los juzgados y declara culpable de estas acciones a Ada Colau, podría salirle caro. Y es que, el Código Ético de Barcelona en Comú es muy específico con estos temas, ya que cuentan con un apartado sobre las medidas para combatir la corrupción. Estas normas son por las que se deben regir todos los integrantes de la formación, entre los que se encuentra la alcaldesa de la ciudad catalana, la cual también debe obedecer dichas reglas. Respecto a la corrupción, la normativa del grupo estipula: «Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas».
