Los 600 inmigrantes originarios de Túnez acogidos en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla han iniciado este lunes una huelga de hambre para reivindicar su salida a la Península después de que la pasada semana un grupo de medio centenar de acogidos fueran evacuados «a pesar de llevar menos tiempo en Melilla», han denunciado. El caso más extremo es el de uno de estos tunecinos, que se ha cosido los labios con hilos para puntos de heridas para no ingerir alimentos ni bebidas.
Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este lunes, en la rueda de prensa que ha ofrecido sobre la crisis del coronavirus, que los tunecinos tienen abiertos sendos expedientes de expulsión y que están en conversaciones con su país para proceder a la repatriación de estas personas a Túnez «lo antes posible».
La protesta comenzó la mañana del lunes con una sentada en el interior del patio de la instalación dependiente de la Secretaría de Estado de Migraciones del Ministerio de Trabajo con una pancarta en la que se podía leer ‘Tenemos derechos CETI’, y todos ellos ocupando la zona por la que atraviesan los vehículos dentro de estas dependencias.
Las fuerzas de seguridad del Estado hicieron acto de presencia, dotados con cascos y escudos, y formaron una hilera en la puerta, tal y como se pudo apreciar en un vídeo que los propios tunecinos han hecho llegar a Europa Press, pero no fue necesaria su intervención porque la protesta era «pacífica».
Estas personas aseguran que se mantendrán en huelga de hambre hasta que sea aceptada su petición de traslado la Península «porque llevamos más de un año en Melilla», mientras aseguran que otros con menos tiempo han sido seleccionados para su evacuación.
No obstante, en el primer grupo que salió la pasada semana, los que fueron elegidos para abandonar el CETI de Melilla, en la primera salida de este tipo que se produce desde que se decretó el estado de alarma, han sido los llamados ‘colectivos vulnerables’, sobre todo los formados por familias de varias nacionalidades, tanto de África subsahariana como de Asia y Oriente Medio.
El centro de acogida alberga en la actualidad más de 1.600 personas, una situación que ha originado las quejas de organizaciones como Amnistía Internacional (AI), que la pasada semana denunciaba que «zonas comunes» con tal número de personas «son un foco peligroso donde los riesgos de contraer esta enfermedad se multiplican». AI señaló que «es urgente y necesario que el Ministerio de Interior presente un plan para descongestionar el centro y acelere los traslados a la Península, especialmente de las personas más vulnerables o de las que ya cuentan con protección internacional».
