PSOE y el grupo confederal de Unidas Podemos han rechazado con la suma de sus votos la propuesta de reforma de la Ley de Costas vigente planteada por el Parlamento de Cantabria.
En concreto, Cantabria solicitaba la toma en consideraciĂłn de la proposiciĂłn de ley impulsada desde el Parlamento regional para modificar la Ley de Costas con el fin de prorrogar las concesiones en dominio pĂşblico marĂtimo-terrestre del litoral y permitir que puedan continuar las actividades econĂłmicas que actualmente se desarrollan en estos terrenos.
La iniciativa ha sido rechazada por PSOE, Unidas Podemos, BNG y PNV frente a la postura de PRC, PP, Cs y Vox, que han expresado su respaldo a la propuesta que busca evaluar las concesiones en el dominio pĂşblico marĂtimo terrestre.
Durante el debate parlamentario, el diputado del PSOE Pedro Casares, ha asegurado que aceptar esta modificaciĂłn del articulado va en contra de la propia Ley de Costas, de la de Administraciones PĂşblicas y de la Ley de Cambio Climático y ha apostado por analizar caso a caso pero con seguridad jurĂdica. «No podemos cambiar una ley para eludir el cumplimiento de sentencias firmes», considera el diputado.
A su juicio, la proposición de Cantabria pasa por pensar «en grande o en pequeño», en dibujar un futuro compartido o bien por pensar sólo en el hoy sin importar lo que ocurrirá mañana. Por ello, cree que es más importante que nunca luchar contra el cambio climático en la costa y ve una «tarea de todos» preservarla, protegerla y conservarla.
Además, el diputado del BNG NĂ©stor Rego ha expresado su oposiciĂłn a la peticiĂłn de Cantabria que supondrĂa que actividades que no están vinculadas al mar y tengan un impacto ambiental negativo puedan consolidar su ubicaciĂłn en dominio pĂşblico marĂtimo terrestre.
PROPUESTA
En la misma lĂnea, el diputado de Unidas Podemos Antonio GĂłmez Reino no ve razonable modificar una ley que está pendiente del pronunciamiento del Tribunal Supremo respecto a la planta papelera de Ence en la RĂa de Pontevedra. Por su parte, el diputado de PdCat Sergi Miquel i ValentĂ comparte la necesidad «oportuna» de reformar esa ley.
Durante la defensa de la propuesta procedente de la Cámara cántabra, el representante del parlamento autonómico, Pedro José Hernando, ha criticado el predomino de las posturas demagógicas ambientalistas del actual Gobierno.
En ese contexto, ha reclamado la búsqueda de la implicación de todos en la defensa del medio ambiente, tanto en la costa como en el interior y que la interpretación de la ley de costas sea «correcta y favorable» para todos. «Se trata de ordenar y regular respetando los derechos adquiridos porque no se puede vulnerar los derechos de los particulares», ha precisado.
De ese modo, ha instado a la Cámara a acceder a su peticiĂłn para reformar fundamentalmente los artĂculos 32 y 66 de la de Ley de ProtecciĂłn y uso sostenible del litoral y de modificaciĂłn de la Ley de Costas de 1988.
En el apoyo a la propuesta, la diputada de Cs MarĂa Carmen Granados ha criticado que el Gobierno y el PSOE se posicionan en la «cerrazĂłn» en vez de en el diálogo y la prosperidad de sectores econĂłmicos. AsĂ, ha advertido de que de no modificarse esta norma están en riesgo miles de pequeños y grandes negocios y empleos en las costas de toda España y ha responsabilizado a la ministra de TransiciĂłn EcolĂłgica, Teresa Ribera, de ser una «activista».
Desde el PP, Diego Movellán, ha apoyado la iniciativa y ha recordado que en 2013 a los partidos que forman la coaliciĂłn del Gobierno «no les gustó» la ley del Gobierno popular que naciĂł con la voluntad de reforzar el ordenamiento y la seguridad jurĂdica y ve necesario aclarar el artĂculo 32 para acabar con la «incertidumbre» que generan las «artimañas» del Gobierno para tratar de cambiar las reglas del juego con una reforma encubierta de la Ley de costas a travĂ©s de la Ley de Cambio Climático. En ese sentido, ha solicitado a los legisladores que den «ejemplo de cordura y responsabilidad».
Desde Vox, el diputado Emilio Jesús del Valle ha acusado al Gobierno de dar una interpretación confusa y confiscatoria a la legislación vigente en materia de costas que pone en peligro la viabilidad de empresas y miles de puestos de trabajo. «Todo por ese mantra de ecologista de izquierda radical que mantiene el gobierno regional-socialista de Cantabria más el social-comunista del Estado de España», ha concluido.