La defensa de Juana Rivas ha formalizado una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) contra el titular del Juzgado de lo Penal 1 de Granada, el magistrado Manuel Piñar, por los contenidos que difunde en redes sociales y medios de comunicación al entender que son «ofensivos» y constituyen «claras injurias a múltiples colectivos», incluyendo «compañeros, distintas autoridades y funcionarios públicos».
En la citada queja, a la que ha tenido acceso Europa Press, el abogado Carlos Aránguez expone que las manifestaciones del magistrado en redes sociales «rebasan con creces los límites de la libertad de expresión, máxime teniendo en cuenta que son proferidas por un aplicador del Derecho», y reclama al CGPJ que inicie el correspondiente expediente disciplinario» contra él.
Para justificar esta petición recuerda en su escrito que «el artículo 395 de la Ley Orgánica del Poder Judicial prohíbe a jueces y magistrados dirigir a los poderes, autoridades y funcionarios públicos o corporaciones oficiales, felicitaciones o censuras por sus actos«.
En la queja se adjuntan extractos de varios de los contenidos publicados por Piñar a fin de que se determine si el juez «excede o no el derecho a la libertad de expresión, que ampara cualquier opinión siempre que no sea formalmente injuriosa, y si cumple o no con el decoro exigible a quien tiene la responsabilidad de impartir justicia«.
Entre las publicaciones que se incluyen en la queja se encuentran algunas que, según expone Aránguez, han sido «censuradas por Facebook tras haber sido denunciadas, por su falta de veracidad, o por incitar directamente al odio o la violencia». Según ha señalado el letrado a los medios de comunicación, el CGPJ ya ha comunicado que «admite a trámite dicha queja y la está investigando«.
Por otra parte, el equipo jurídico de Juana Rivas –a la que el juez Piñar condenó inicialmente a cinco años de prisión por sustracción menores– ha informado en un comunicado de que este lunes ha quedado formalizado su recurso de súplica contra el auto del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que inadmite su querella criminal por prevaricación y maltrato institucional contra el mismo magistrado por su actuación en el caso de esta madre de Maracena (Granada), a la que luego el Tribunal Supremo rebajó la pena a la mitad y que finalmente fue indultada por el Gobierno.
