Todo el movimiento que se ha originado a raĂz de la intenciĂłn del Gobierno de aprobar una ley que intentará abolir la prostituciĂłn, ha generado una ola de protestas de diversas organizaciones de trabajadoras sexuales que han intentado frenar esta iniciativa, impulsada por el PSOE, ha traĂdo consecuencias nada positivas para quienes han dado la cara y liderado estas manifestaciones.
Una de las más afectadas por toda esta situaciĂłn ha sido Susana Pastor, portavoz de un grupo de trabajadoras sexuales y directora de la organizaciĂłn ASTRA, quien ha denunciado que tras el acoso policial del que han sido vĂctimas ella, sus trabajadoras y los clientes, se ha visto en la necesidad de cerrar temporalmente el establecimiento, debido a la manera en la que los miembros de los cuerpos de seguridad han actuado desde mediados de noviembre.
En una conversaciĂłn con Moncloa.com, Pastor indicĂł que los funcionarios se han presentado al local, tanto uniformados como vestidos de paisano, para solicitar los documentos de las trabajadoras y de los clientes, lo que ha generado incomodidad por parte de las personas que visitaban asiduamente el establecimiento, e infundĂan temor a las trabajadoras.
«Hubo una semana que la policĂa vino 50 veces a mi local. Se paraban afuera en un coche, vestidos de paisanos y le pedĂan a los clientes los documentos de identidad, lo que comenzĂł a molestar a varios y no entiendo por quĂ©. Yo siempre me he llevado bien con la policĂa de Torrente -en Valencia- que es donde tengo mi negocio, pero no sĂ© quĂ© Ăłrdenes les están dando ahora que ha surgido todo este movimiento», expresĂł la portavoz de las trabajadoras sexuales.
Toda esta situaciĂłn se originĂł a raĂz de las protestas que han protagonizado las trabajadoras sexuales a las puertas del Congreso de los Diputados y en diversas regiones del paĂs, donde han intentado frenar la iniciativa legal que pretende penalizar a quienes consuman cualquier tipo de prostituciĂłn, con el propĂłsito de abolir esta actividad, bajo el alegato de que las mujeres que se dedican a ello son vĂctimas de trata de personas.
De hecho, la situaciĂłn de acoso se ha agravado a raĂz de que estas mujeres advirtieron que en el caso de que se aprobara la ley, ellas estarĂan dispuestas a publicar las listas de los polĂticos que han sido sus clientes, pues consideran que toda se trata de una artimaña moralista, que tambiĂ©n ha sido impulsada por la ministra de Igualdad, Irene Montero, so pretexto de sus ideologĂas feministas.
La directora de ASTRA comentó que durante el último mes en los locales y pisos donde se ejerce la prostitución en la Comunidad de Valencia, han habido más de 500 revisiones policiales sin órdenes, lo que tiene a los dueños y a las chicas que trabajan en esos establecimientos con miedo, porque los funcionarios llegan de manera agresiva, sin identificarse, lo que las mantiene en alerta.
En el caso de su local, Pastor indicĂł que serĂan nueve las chicas que trabajan allĂ, más cuatro encargadas y dos personas que se encargan de la limpieza las que se han visto afectadas por el cierre, y que solo a dos de las trabajadoras las ha podido ayudar a conseguir trabajo en otros establecimientos, pues no sabe por cuánto tiempo más deba permanecer cerrado, por el acoso de los funcionarios policiales.
La lĂder de las trabajadoras sexuales reconoce que los funcionarios policiales solo reciben Ăłrdenes, pero no entiende el por quĂ© asumen esta actitud, cuando ellas solo están defendiendo su derecho a trabajar en lo que ellas quieren y piden que haya una legalizaciĂłn de la prostituciĂłn, tal como la hay en otros paĂses.
Las revisiones están ocurriendo no solo en Valencia; tambiĂ©n la organizaciĂłn que lidera Susana Pastor ha recibido denuncias de situaciones similares en Murcia, Sevilla, Málaga, Benidorm y hasta en Madrid, mientras que en regiones como el PaĂs Vasco y Cataluña la situaciĂłn es completamente diferente, porque los gobiernos locales han aprobado ordenanzas que le dan legalidad al ejercicio de la prostituciĂłn, y que al final, eso es lo que solicitan las trabajadoras sexuales; que se legisle sobre sus condiciones laborales para que puedan trabajar de manera legal y obtener todos los beneficios que obtiene cualquier trabajador.
La portavoz de ASTRA insiste en que las informaciones en las que se basan las autoridades para justificar la necesidad de abolir la prostituciĂłn, que son las estadĂsticas de que supuestamente 90% de las mujeres que se dedican a esta labor son vĂctimas de mafias que se dedican a la trata de personas, son falsas, pues ellas aseguran que en todo caso podrĂa tratarse de un 10%, pero que el resto trabaja en esta área porque asĂ lo prefieren, debido a los ingresos que perciben ejerciendo la prostituciĂłn, que en ningĂşn caso podrĂan obtenerlos trabajando de cualquier otra cosa.
Sin embargo, Pastor advierte que no descansarán hasta que los miembros del Gobierno las reciban y escuchen cuáles son sus planteamientos, que al final son reclamos que las trabajadoras sexuales consideran justos para poder seguir ejerciendo su trabajo.