Uno de los requisitos obligatorios que solicitan las autoridades españolas a los migrantes para poder iniciar sus trámites para solicitar protección internacional (asilo) es el comprobante de empadronamiento, y valiéndose de esta necesidad, un hombre ofrecía la dirección de su vivienda, por pagos que iban de entre 50 euros y 300 euros, para que los migrantes pudiesen obtener el documento.
Esta persona fue sancionada y obligada a pagar 156 mil euros de multa, tras una investigación en la que se determinó que había por lo menos 89 migrantes empadronados en la dirección de su residencia, en la población de Arrasate, en Guipúzcoa. De acuerdo con la información que se obtuvo de manera extraoficial, este hombre, de 70 años, cobraba a los migrantes que ni siquiera llegaron a vivir en su casa, solo para permitirles el uso de su dirección y por iniciar el trámite para el empadronamiento.
Este documento, imprescindible para muchos trámites en el país, que se obtiene en los ayuntamientos, es el que acredita la dirección de residencia habitual de cualquier persona y sirve, entre otras cosas, para el cómputo del tiempo que un migrante tiene en el país y que posteriormente le puede servir como dato para demostrar su permanencia y optar a los diferentes tipos de arraigo que contempla la ley.
Además del hombre de 70 años que fue multado por tener a más de 80 personas empadronadas en su domicilio, sin que estas residieran allí, las autoridades también detuvieron a siete personas por estar empadronadas de manera fraudulenta y además pudieron determinar que con el uso de este documento fraudulento, las personas habían gestionado prestaciones en el Servicio Vasco de Empleo, e incluso, una de las personas detenidas había podido obtener más de 29 mil euros de manera fraudulenta.
Esta situación, que se ha vuelto recurrente en diversas regiones del país, donde se aprovechan de los migrantes para hacer negocios y sacar beneficios, ha hecho que organismos como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) haya emprendido una campaña en la cual llaman la atención de las autoridades a velar por el derecho que tienen los migrantes de poder empadronarse, en los casos en los que no cuenten con una residencia fija habitual, pues en muchas ocasiones estas personas se ven obligadas a cambiar constantemente de residencia, mientras logran instalarse en el país, sobre todo durante los primeros meses tras llegar a territorio español.
La vulneración de este derecho incluso afecta a la población migrante infantil, debido a que la falta del volante de empadronamiento no garantiza que los niños y jóvenes puedan tener acceso a la educación y a la salud, debido a que para ellos es obligatorio presentar este documento, cuando todavía no se tienen documentos que acrediten que se está tramitando la solicitud de protección internacional.
Esta es apenas otro de los negocios con los que las mafias se lucran de la migración en España, pues hasta hace apenas unas semanas también se valían de todas las trabajas para poder acceder al sistema de citas para presentar la solicitud de asilo, mediante la venta de los cupos a través de las redes sociales y grupos de migrantes.
En Moncloa.com denunciamos, en reiteradas oportunidades, cómo llegaban a pedir hasta 180 euros por la obtención de una cita para poder acudir a la sede de la Policía Nacional para poder formalizar la solicitud de protección internacional y como desde el Ministerio del Interior llegaron a negar la existencia de estas mafias, a pesar de que tanto los que se dedicaban a vender las citas, como los afectados mencionaban en reiteradas oportunidades lo que estaba sucediendo.
El procedimiento que utilizaban para ello era mediante la utilización de bots electrónicos que se encargaban de acaparar los cupos que eran habilitados por las autoridades para que solo quienes pagasen tuvieran la oportunidad de obtener una, pero debido al embudo que se estaba ocasionando las autoridades de la Policía Nacional decidieron habilitar números de teléfonos por provincia para que las personas puedan obtener la cita, y además agilizar el proceso, porque ahora solo acuden a una entrevista y a partir de allí ya comienza el proceso de análisis de cada caso que culmina con la resolución, tras algunos meses después de presentar la solicitud.
