La titular del Juzgado de InstrucciĆ³n nĆŗmero 51 de Madrid, Carmen RodrĆguez Medel, ha citado a declarar como testigos el prĆ³ximo 11 de junio a varios trabajadores de la DelegaciĆ³n del Gobierno en Madrid en el marco de la causa en la que investiga una presunta prevaricaciĆ³n administrativa cometida por el delegado del Gobierno en Madrid, JosĆ© Manuel Franco, al permitir la manifestaciĆ³n del 8-M en Madrid.
Entre los citados como ocho nuevos testigos en esta nueva providencia de la magistrada, que tiene fecha de este miƩrcoles, tambiƩn aparecen promotores de manifestaciones en fechas cercanas al pasado del 8 de marzo.
En la providencia, la magistrada recuerda a varias organizaciones de afectados por covid-19 que deben prestar fianza para poder personarse en las actuaciones y rechaza ampliar la querella contra el director del Centro de CoordinaciĆ³n de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando SimĆ³n, tal y como todas ellas venĆan solicitando pese a no ser parte aĆŗn en el procedimiento.
Asimismo, vuelve a insistir, al igual que hizo el pasado viernes en otra resoluciĆ³n, que esta investigaciĆ³n penal Ā«no se dirige frente al citado denunciado seƱor SimĆ³n y que una consulta en la aplicaciĆ³n informĆ”tica de estos Juzgados de InstrucciĆ³n evidencia que otros Juzgados han incoado procedimientos frente al citado denunciado, debiendo en consecuencia presentar la ampliaciĆ³n ante dichos Ć³rganos jurisdiccionales y no ante esteĀ», segĆŗn subraya la providencia.
En cuanto a los nuevos ocho testigos, se trata de cinco trabajadores de la DelegaciĆ³n del Gobierno y tres promotores de manifestaciones, segĆŗn se ha podido confirmar en fuentes de la delegaciĆ³n y del informe de la Guardia Civil en el que se analizaban las actuaciones de la DelegaciĆ³n del Gobierno en los dĆas previos y posteriores a la manifestaciĆ³n feminista.
SegĆŗn la providencia, la juez RodrĆguez-Medel ha citado a partir de las 9.00 horas del 11 de junio a cinco funcionarios de la DelegaciĆ³n del Gobierno: JosĆ© Luis SĆ”nchez GarcĆa, Ignacio Ortiz Salazar, MarĆa Lourdes AndrĆ©s AndrĆ©s, MarĆa Elena GarcĆa DĆaz y Ramez Muhzrram Rey.
La magistrada ya rechazĆ³ la semana pasada la solicitud de la AsociaciĆ³n de Consumidores y Usuarios JosĆ© MarĆa Mena de ampliar la denuncia inicial para imputar al conjunto de funcionarios de la DelegaciĆ³n del Gobierno por delitos contra la vida, la integridad fĆsica o contra el ejercicio de los derechos y libertades por permitir la masiva manifestaciĆ³n del 8 de marzo. Sin embargo, RodrĆguez Medel sĆ considera necesario que declaren como testigos.
DespuĆ©s de estos cinco trabajadores de la DelegaciĆ³n del Gobierno, estĆ”n convocados tres promotores de manifestaciones convocadas a principios de marzo: Javier GĆ³mez Ochoa, de CC.OO. ConstrucciĆ³n y Servicios; Antonio GarcĆa Edwards, de ‘Anonymus for the voiceless Animal Save’; y Juan Metidieri Izquierdo, presidente de APAG Extremadura ASAJA.
UN IMPUTADO Y 15 TESTIGOS POR EL MOMENTO
De este modo son ya 15 el total de testigos emplazados por la juez RodrĆguez-Medel para el prĆ³ximo dĆa 11, ya que en una anterior resoluciĆ³n del pasado viernes habĆa citado a los promotores de siete manifestaciones que estaban convocadas en marzo y a los que supuestamente llamaron funcionarios de la DelegaciĆ³n del Gobierno para instarles a que las suspendieran.
El relato de estas llamadas consta en el informe realizado por la Guardia Civil y que se basa en las declaraciones que los investigadores tomaron en sede policial a los promotores de estas protestas, los cuales dijeron que estas comunicaciones se dirigĆan a Ā«sondear su intenciĆ³n de cancelar las mismas ante la grave situaciĆ³n sanitaria creada por el covid-19″. Algunos testigos hablaron de que les llamĆ³ Ā«una funcionariaĀ», otros dijeron que Ā«un funcionarioĀ» y en un caso se dio el nombre de Ā«un tal ‘JosĆ© Luis'Ā».
LLEGAN LAS ACUSACIONES POPULARES
En cuanto a las acciones populares, por el momento la magistrada Ćŗnicamente habĆa admitido la solicitada por la asociaciĆ³n de Consumidores y Usuarios JosĆ© MarĆa Mena, que integran afectados por covid-19, si bien la condicionaba a la presentaciĆ³n de poder especial y prestaciĆ³n de 1.000 euros en concepto de fianza.
En la providencia de este miĆ©rcoles, la juez del nĆŗmero 51 de Madrid da la misma respuesta al querellante inicial de las actuaciones, el abogado VĆctor Valladares, que aĆŗn no habĆa logrado formalizar su acusaciĆ³n; asĆ como a la AsociaciĆ³n Profesional Mayoritaria de Mandos, UniĆ³n de Oficiales de la Guardia Civil Profesional y a un particular que se querella contra Franco por el fallecimiento de su padre a causa del coronavirus.
Finalmente, la juez da trĆ”mite recurso de reforma presentado por la AbogacĆa del Estado, que ejerce la defensa de JosĆ© Manuel Franco, contra su citaciĆ³n como imputado el prĆ³ximo 10 de junio, y emplaza a la FiscalĆa para que se pronuncie al respecto.