La Conselleria de Sanidad de la Generalitat Valenciana se muestra de acuerdo con la necesidad de ampliar los espacios sin humo, pero solicita al Ministerio establecer el compromiso de que cualquier modificación se haga «bajo un mismo marco legal para todo el territorio nacional» y «procurando un adecuado consenso político para su aprobación». Además, reclama mayor concreción en la regulación de los vapeadores y que el aumento del precio de los cigarrillos se vincule directamente a la financiación del Plan antitabaco.
Estas son las principales alegaciones presentadas por la Conselleria de Sanidad al borrador definitivo del Plan Integral de Prevención y Control (PIT) 2024-2027, presentado por el Ministerio de Sanidad el pasado 18 de marzo.
En ese sentido, en el documento, señala que desde la Comunitat Valenciana se es «consciente» de que el consumo del tabaco y nicotina es «una de las principales causas» de enfermedad y muerte prevenible a nivel mundial y factor de riesgo para las principales causas de mortalidad en España, provocando más de 50.000 muertes anuales y un coste humano, familiar y económico «ingente».
PLAN INTEGRAL EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD
Por ello, defiende que es del «todo necesario» un Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo en el marco del Sistema Nacional de Salud que aborde esta problemática, y cuyo objetivo sea «la disminución de la prevalencia del consumo de tabaco y productos relacionados y de la exposición ambiental a sus emisiones».
Pero para ello, considera que es condición «necesaria e imprescindible «avanzar, concretar y regular muchas de las medidas que se plantean, a través de una legislación que se obtenga con consenso político, y se aplique de forma homogénea en todo el territorio nacional», así como acompañar el plan con una memoria económica que incluya el impacto presupuestario para cada comunidad y la línea de financiación establecida para el desarrollo y consecución de los objetivos establecidos.
En concreto, apuesta por medidas que «incentiven y motiven» la consecución del objetivo de ampliar los espacios sin humo, pero detecta «una falta clara de definición y concreción» en el Plan y recuerda que «el logro» obtenido con la regulación previa fue «fruto del importante consenso político y la regulación homogénea en todo el territorio nacional», por lo que pide que se mantengan estos condicionantes. Además ve «necesario» evaluar el grado de cumplimiento de la normativa vigente y propone alternativas para su cumplimiento en espacios «especialmente sensibles» como son los centros sanitarios.
Del mismo modo, sobre el objetivo de prevención del inicio del consumo de tabaco y productos relacionados, la conselleria muestra su «enorme preocupación» por el uso de vapeadores, cigarrillos electrónicos y nuevos productos relacionados con y sin nicotina, especialmente en jóvenes como puerta de entrada para el consumo de tabaco.
Por ello, piden «mayor desarrollo y concreción en cuanto a su regulación, especialmente en referencia a su comercialización, como medida de control y reducción de la accesibilidad de los menores a este tipo de productos«. Además, respecto a la propuesta de aumentar el precio del tabaco a través de una subida en su fiscalidad, solicita que se vincule directamente a la financiación del plan para «garantizar su desarrollo y la consecución de los objetivos establecidos».
ABANDONO DEL TABAQUISMO
Respecto a los programas para fomentar el abandono de tabaquismo, comparte la importancia de actuación en los todos los niveles asistenciales y comunitarios y las medidas descritas si bien observa que hay que «revisar» la redacción respecto al papel de la farmacia comunitaria para «dejar clara la no inclusión de medicamentos sujetos a prescripción médica y su adecuación a las condiciones de financiación».
Del mismo modo, señala que las medidas expuestas para cumplir este objetivo suponen «una importante activación de recursos adicionales tanto asistenciales como de tratamientos», por lo que insiste en que es «imprescindible conocer el impacto presupuestario y la financiación».
Asimismo, se muestra «totalmente de acuerdo» con la meta de potenciar la coordinación, pero critica que la redacción de este objetivo «choca frontalmente» con el hecho de haber conocido las comunidades autónomas el plan del Ministerio «a través de los medios de comunicación y por las polémicas suscitadas.
«No parece esta la forma ni el lugar de empezar a trabajar, existiendo una Comisión de Salud Pública», recrimina. Por último, echa en falta una valoración específica y desarrollo sobre la consecución de Generaciones Libres de Tabaco en España como objetivo a medio y largo plazo.
Por todo ello, la directora general de Salud Pública, Ruth Uso, que firma las alegaciones, solicita al Ministerio que sean atendidas las observaciones realizadas y confía en que el Plan cuente, por parte del Ministerio de Sanidad, con «el indispensable soporte normativo y presupuestario para su puesta en marcha», así con el «necesario talante para potenciar la coordinación y las alianzas entre las diferentes Administraciones para conseguir Generaciones Libres de Tabaco en España».
