La Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) ha criticado este jueves la demora a la hora de convocar la Conferencia Sectorial del 27 de agosto para tratar ‘la vuelta al cole’ y la Conferencia de Presidentes autonómicos anunciada para finales de mes, que «son dos ejemplos evidentes de que la educación en España no es considerada un asunto de Estado».
«Todo se ha organizado no tarde, ni tardísimo, sino extremadamente tarde», ha reprochado el sindicato en un comunicado firmado por su presidente, Jesús Marrodán, que califica de «decepcionante la falta de realismo y compromiso con la educación y la carencia de liderazgo del Ministerio de Educación, que no está tomando decisiones relevantes concretas ni coordinando las políticas educativas territoriales».
En este sentido, el sindicato defiende que son necesarios «unos criterios educativos y sanitarios claros y una mayor dotación de medios materiales y humanos» para garantizar la reapertura segura de los centros educativos, «más necesaria que nunca ante la ola de rebrotes». Además, USIE cree que será necesario «un mayor compromiso» de inversión que los 2.000 millones anunciados por el Gobierno.
Respecto a la modalidad de estudio, el sindicato opina que las clases virtuales constituyen «la antiescuela por cuanto la socialización es muy escasa y el aprendizaje se resiente sensiblemente». Por esta razón, aboga por garantizar la presencialidad del alumnado.
Asimismo, USIE hace hincapié en que «una veintena» de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ya han iniciado la vuelta a las aulas. «Ellos son un buen referente a tener en cuenta, y nos podrían dar ejemplos de cómo hacerlo bien», ha subrayado.
«IMPROVISACIÓN Y UN MOTIVO DE INQUIETUD»
En su opinión, la convocatoria de una reunión de presidentes autonómicos, «a estas alturas del mes de agosto, evidencia improvisación y un motivo de inquietud para toda la sociedad, que observa sorprendida cómo se limitan ciertas actividades, se toman medidas preventivas colectivas y, sin embargo, en el ámbito educativo gran parte de la responsabilidad se descarga en los equipos directivos, docentes y familias».
«Parece que, en vez de preparar el inicio del curso, van a analizar el final del pasado», ha manifestado el sindicato, que defiende que la salud de la comunidad educativa es «prioritaria» y, por ello, deben tomarse medidas «excepcionales, no solo incrementando recursos humanos, disminuyendo ratios y adaptando espacios, sino potenciando los medios tecnológicos y la capacitación digital de los docentes».
Para la organización del inicio de curso, propone que «todos los centros educativos» planifiquen la prestación de unos servicios mínimos esenciales para los alumnos en función de la situación sanitaria de su entorno, y que, a partir de ahí, se den respuestas «individualizadas y flexibles» de atención presencial.
«Todo ello adaptando al máximo la normativa vigente (horarios lectivos adaptados ofreciendo enseñanzas de Bachillerato y FP por turnos o tardes, regulación escalonada entradas y salidas sin tener que compensar el tiempo lectivo que se pierda, espacios, agrupamientos de alumnos que no respondan a niveles o edades, integrar asignaturas en ámbitos, permitiendo que los docentes impartan clases por afinidad de atribución docente y no sólo por estricta especialización de materias, entre otras que surjan en el seno de las comunidades educativas) para que los directivos de los centros puedan articular medidas contextualizadas», ha concretado.
Además, aboga por implementar unos criterios prioritarios para la presencialidad, que pueden ser «vulnerabilidad económica de las familias, necesidad de conciliación por las características del trabajo de los progenitores, alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y grupos de menor edad (infantil y primaria)».
Para ello, según ha explicado, Gobierno, comunidades autónomas y ayuntamientos deben «redoblar» los recursos materiales y humanos: docentes, personal de administración y servicios (PAS), personal de atención educativa complementaria (PAEC) y personal de limpieza.
FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
En relación con los servicios de formación y de prevención de riesgos laborales, el sindicato considera que deben planificar sus intervenciones para, en unos casos, facilitar formación y recursos y, en otros, para validar los planes de contingencia de los centros y servicios educativos.
«Los inspectores de educación debemos centrar nuestros esfuerzos en asesorar, ayudar y comprender las difíciles situaciones en las que se verán involucrados todos los sectores de la comunidad educativa, facilitando pautas y la conexión con las autoridades administrativas», ha subrayado.
En este punto, la organización opina que el asesoramiento debe «ganar peso» ante la supervisión, centrada en el cumplimiento de la normativa educativa, pues se trata de «una situación transitoria y compleja». «Los planes de inspección deben simplificarse al máximo para que se pueda atender lo realmente necesario e importante», concluye.
