El comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo una querella contra el vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, contra la vicepresidenta tercera del Congreso, Gloria Elizo, contra la exasesora de Podemos Dina Bousselham y contra la abogada del partido morado Marta Flor, por un delito de acusación y denuncia falsa.
En un escrito de más de cien páginas, la defensa de Villarejo señala que estos imputaron al comisario «hechos inciertos con conocimiento de su falsedad y con temerario desprecio hacia la verdad», y vincula esta maniobra del entorno de Podemos con las elecciones generales de abril de 2019.
En este sentido, explica que a pesar de que se tenía conocimiento de lo incautado en el domicilio de Villarejo desde el registro de noviembre de 2017, «resulta muy sorprendente que determinadas piezas –del caso ‘Tándem– se incoaran desde mediados de 2018» mientras que la número 7, relacionada con el robo del móvil de Dina Bousselham y el posterior uso que se hizo de los datos que contenía, no arrancara con citaciones hasta marzo de 2019. Y eso a pesar de que a finales de 2018 ya se había citado a la exasesora en dependencias policiales.
Cabe recordar que el juez instructor de la pieza ‘Dina’, Manuel García-Castellón elevó exposición razonada al Supremo para solicitar que investigara al líder ‘morado’ por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
SE APOYA EN LA EXPOSICIÓN RAZONADA DE GARCÍA-CASTELLÓN
La defensa del comisario se aferra a esa exposición razonada del magistrado, y en su escrito repite parte del mismo haciendo hincapié en que Iglesias vio en la aparición de parte del material del teléfono de Bousselham en casa de Villarejo «una oportunidad para lograr rédito electoral, aparentando ser víctima» y por lo tanto ordena «a sabiendas de su falsedad» que se redacte denuncia en la que se simule la conexión entre el robo del terminal y la publicación en medios de datos.
Tras recordar que el argumento sostenido por el juez encuentra base sólida también en lo declarado por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, quien en calidad de testigo afirmó que el caso ‘Dina’ fue un montaje de la cúpula de Podemos, la defensa de Villarejo procede a calificar el delito que, a su juicio, habrían cometido Iglesias, Elizo, Flor y Bousselham.
Así, apuntan que el delito de acusación y denuncia falsa está castigado con una pena de prisión que va de los seis meses a los dos años y una multa de doce a veinticuatro meses, si se imputara un delito grave. Y añade que en este caso se trata de un delito pluriofensivo pues protege «tanto el correcto funcionamiento de la Administración de Justicia como el honor de la persona a la que se imputan los hechos falsos».
CALIFICACIÓN Y DILIGENCIAS
Al hilo, recuerda que son autores de este delito Iglesias y Bousselham, y en concepto de autoras como cooperadoras necesarias Marta Flor y Gloria Elizo, esta última también en concepto de inductora.
Y pide al Supremo que cite a declarar a los cuatro y que se añadan a la causa tanto las grabaciones de las declaraciones en el Juzgado Central de Instrucción número 6 del secretario general de Podemos, de la exasesora y de Calvente, como los chats internos de la formación morada aportados por este último al juzgado de instrucción número 32 de Madrid. También solicita la testifical de Calvente.
Por otro lado, pide que se aporte en relación a un recurso de casación presentado por Iglesias en 2019 en el Supremo el testimonio de los escritos de suspensión de la tramitación del recurso presentados por su representación. Villarejo solicita esto pues la paralización de ese proceso en el Supremo sería a su juicio uno de los motivos para impulsar las acciones en la Audiencia Nacional.
Por el momento, tras la exposición razonada del juez, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de un informe del Ministerio Fiscal para decidir si procede o no ir contra Iglesias por los tres delitos que apuntaba García-Castellón. En una nota interna, la Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional se posicionó hace un par de semanas en contra de que se abra esa investigación a Iglesias.
