El Rey emérito Juan Carlos ha presentado ante la autoridad tributaria una declaración sin requerimiento previo, de la que ha resultado una deuda tributaria, ya satisfecha, por importe de 678.393,72€, incluyendo intereses y recargos, según un comunicado emitido por su abogado, Javier Sánchez-Junco.
«En cualquier caso S.M. el Rey D. Juan Carlos, continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportuno», añade la breve misiva.
La presentación de esta declaración por Juan Carlos I para regularizar su situación fiscal, cuatro meses después de su salida de España, está relacionada con el presunto el uso de tarjetas bancarias de las que se habrÃan beneficiado tanto el emérito como algunos de sus familiares, y usarÃan fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause.
Este asunto está siendo investigado por la FiscalÃa del Tribunal Supremo en unas diligencias en las que también colabora el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.
Esta lÃnea de investigación sobre gastos realizados con efectivo y que no habÃa sido declarado a Hacienda se une a las otras dos ya abiertas al rey emérito, la primera por posibles comisiones procedentes del AVE a la Meca y que previsiblemente será archivada por no encontrarse indicios que se puedan perseguir respecto del exjefe del Estado, que es aforado ante el Tribunal Supremo.
Las terceras diligencias abiertas respecto a Juan Carlos I, reveladas por la propia fiscal general del Estado, Dolores Delgado, partieron de una información procedente de «inteligencia financiera» –Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac)–.
Se tratarÃa de conductas realizadas en un espacio temporal aún por delimitar y que inicialmente podrÃan incardinarse en blanqueo de capitales de los que podrÃan derivarse delitos fiscales.
Según este aviso, Juan Carlos I tendrÃa casi 10 millones de euros en una cuenta activa en la isla de Jersey que habrÃa intentado mover recientemente. Se investiga por ello la existencia de un ‘trust’ en el que figura Juan Carlos I como beneficiario y que se nutre de fondos de otro vehÃculo financiero similar en las Islas del Canal constituido en la década de los años 90.