Fueron algo más de 29 millones de euros destinados por el Gobierno para la investigación científica frente al Sars-Cov2 (de los cuales ocho han ido a parar al desarrollo de vacunas). Esto en abril de 2020, el momento en el que estalló la pandemia. Un año después, el Ejecutivo ha apostado (también de forma ligera) por una de las vacunas españolas más avanzadas y ya ha aprobado probarla en primates con un presupuesto de 380.000 euros que provienen directamente de las arcas públicas. El problema es que dado que España no tiene centros con estos animales, exportará las pruebas al Biomedical Primate Research Centre, en Países Bajos. Aún así, el sector científico critica el bajo esfuerzo del Ejecutivo en buscar una vacuna con sello nacional. Solo Pfizer ha invertido 2.000 millones de dólares. Y si buscamos comparación con la inversión pública de otros países, también salimos perdiendo; Italia ha puesto sobre la mesa unos 100 millones de euros y Reino Unido cerca de 200 millones.
El empeño y el esfuerzo de los científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha dado sus frutos, pero más por ingenio que por inversión pública. Desde Pfizer deslizaron que la razón por la que no aceptaron dinero público era por evitar que sus científicos tuvieran trabas burocráticas, pero la realidad es que en España las hay de todos los colores, empezando por las económicas. Solo el salto de probar la vacuna en ratones a primates ya supone trasladar todo el chiringuito a Holanda, concretamente Biomedical Primate Research Centre, ya que en España la experimentación en grandes simios está prohibida por un decreto de 2013, que adaptó una legislación comunitaria. De hecho, solo se permite investigar con el macaco Rhesus y con ratones modificados genéticamente.
«El estudio se realizará en 12 macacos Rhesus divididos en dos grupos de seis animales cada uno, y tendrá una duración de aproximadamente 10 semanas, habiendo realizado aproximadamente cuatro semanas antes la preparación de los mismos», se especifica en un documento oficial. Esto se aprobó en enero de 2021, por lo que se prevé que el paso a humanos se de en abril o mayo.
Aún así, la urgencia de la situación ha hecho que el Gobierno apueste tímidamente a través del Ministerio de Ciencia e Innovación por exportar este servicio a un país vecino y ver si la vacuna española, que ha mostrado una efectividad del 100% en ratones, puede seguir adelante. Si desglosamos los gastos, solo el personal nos costará 84.020 euros, disponer de los primates costará 239.055 euros, los consumibles y reactivos, 41.540 euros y los costes indirectos 15.385 euros.
Si todo sale bien, el CSIC calcula que la vacuna podría estar disponible y aprobada para finales de 2022, dados los trámites burocráticos y científicos que tiene que pasar. Al final, todo es una cuestión de inversión: a más dinero, menos tiempo. El problema llega cuando se analiza el esfuerzo de este Gobierno en sacar adelante un fármaco o una vacuna contra el coronavirus. En concreto hay 12 proyectos para vacuna españoles, de los cuales uno de ellos podría empezar sus pruebas en humanos esta misma primavera. Pero sobre el papel, solo han recibido ocho millones de euros de financiación de las arcas públicas de un total de 30. Un esfuerzo que comparado con el de otros países de la UE es bajo.
Italia también ha desarrollado una posible vacuna contra la pandemia. El país mediterráneo ha invertido 81 millones de euros directamente para impulsar junto a la empresa biotecnológica italiana ReiThera una vacuna nacional que facilite el autoabastecimiento. De hecho, esta vacuna está sensiblemente más avanzada que la española y ya se está probando en humanos. La mayor parte de la inversión pública, en concreto 69,3 millones de euros, se destinarán a actividades de investigación y desarrollo para la validación y producción de la vacuna. Los otros 11,7 millones de euros se utilizarán para ampliar la planta de Castel Romano, en la provincia de Roma, donde se producirán directamente las dosis.
El caso de Reino Unido es algo más llamativo, ya que se trata de uno de los países que más se ha volcado en inversiones públicas para conseguir una vacuna propia (que, de hecho, tiene de la mano de AstraZeneca). El Secretario de Negocios Británico, Alok Sharma, anunció en mayo de 2020 que su país reaccionaría con contundencia a la crisis sanitaria y aseguró que su Gobierno ya había invertido más de 100 millones de euros en dos proyectos para desarrollar una vacuna y que había dado otros 84 millones para acelerar la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Esto en mayo de 2020.
En este contexto, llama la atención la (pobre) reacción del Gobierno de España cuando al decretar el primer estado de alarma anunció una inversión total de 30 millones de euros para el CSIC para el desarrollo de fármacos y vacunas contra la pandemia. A día de hoy, la pericia y profesionalidad de los científicos del Centro Superior ha dado sus frutos, pero no porque tuvieran suficientes recursos para sacar adelante la vacuna española. Ni siquiera se ha invertido en construir o ampliar instalaciones para desarrollar las dosis, tal y como sí ha hecho Italia.
