PNV y PSE, formaciones que integran el Gobierno Vasco, han defendido la gestión del Ejecutivo en el vertedero de Zaldibar mientras que, por contra, los partidos que integran la oposición han reclamado que se depuren «responsabilidades» políticas.
En un debate en Radio Euskadi, los parlamentarios vascos han analizado el anuncio del Gobierno Vasco de suspender la búsqueda de Joaquín Beltrán, uno de los dos trabajadores sepultados en el vertedero de Zaldibar en febrero de 2020, y han trasladado su solidaridad a las familias de las dos víctimas mortales.
En este sentido, la parlamentaria del PNV María Eugenia Arrizabalaga ha señalado que en Zaldibar se ha hecho lo que «nunca en ningún sitio para encontrar los restos de dos personas desaparecidas», después de que se haya trabajado durante 15 meses sin parar. «La búsqueda era prioritaria y se han rastrillado más de 400.000 metros cúbicos, se ha estabilizado el terreno y todo de manera subsidiaria porque la responsabilidad era de la empresa», ha recordado.
Tras defender que «algo así no puede volver a suceder», ha recordado que se están dirimiendo responsabilidades y hay abiertos dos procedimientos judiciales.
Por otro lado, y ante las críticas de PP+Cs respecto a que «se ha caído el mito de la gestión del PNV», Arrizabalaga ha considerado que quien más ha asumido ese mito es la oposición, aunque «saben que es así y que la gestión de PNV viene avalada por muchos años».
A su juicio, la oposición en Euskadi basa su actuación «en repetir eslóganes, en desgastar y no en aportar ni colaborar ante situaciones estratégicas como Zaldibar y la pandemia». «Es una estrategia de atacar, desgastar y deslegitimar la acción del Gobierno Vasco ante la ciudadanía», ha aseverado.
Por su parte, el parlamentario del PSE-EE Ekain Rico ha señalado que se ha decidido finalizar la búsqueda de Joaquín Beltrán teniendo en cuenta el informe de la Dirección de Emergencias que apuntaba a las «nulas posibilidades» de encontrar los restos. Según ha destacado, la «intensa» búsqueda se ha prolongado durante 15 meses de manera ininterrumpida, con 120 personas y sin «mirar el dinero que costaba».
«Solo podemos lamentar que no haya aparecido», ha afirmado Rico, que ha señalado que los familiares «tienen derecho a conocer la verdad» y «se está dilucidando en los tribunales».
Tras incidir en que «los imputados son los responsables de la empresa», ha insistido en que es en este ámbito judicial donde se deben dirimir las responsabilidades. Asimismo, ha subrayado que tratar de «aprovechar» para hacer «una crítica no sustentada en hechos» no es «aceptable».
En este sentido, ha apuntado que existen un informe interno, un informe externo e incluso un informe de la propia UE que apuntan a que «los controles dependientes de la Administración se hicieron conforme a la reglamentación europea».
Rico ha advertido de que se ha dicho desde la oposición que en el vertedero de Zaldibar «se echaba de todo sin control» y ha quedado «desmentido» en los informes, o que «todo el mundo sabía que esto iba a pasar, pero «no hizo nunca una pregunta» al respecto en el Parlamento antes de que pasara «esta desgracia».
OPOSICIÓN
Desde EH Bildu, la parlamentaria Nerea Kortajarena ha afirmado por su parte que para su coalición hay «dos fechas que quedarán señaladas en negro», una el derrumbe del vertedero y la otra la de este viernes con el anuncio de cesar la búsqueda.
«Sabíamos que esto podía llegar, pero se ha hecho realidad la pesadilla de la familia de tener que llevar flores al vertedero», ha expresado, al tiempo que ha recordado que esta misma semana una comisión parlamentaria acudió a Zaldibar para visitar la zona y no se les insinuó que se estaba elaborando un informe que determinaba las causas para finalizar la búsqueda.
«Esto no debió pasar nunca y falló la tarea de inspección y control que correspondía al Gobierno y la coordinación», ha criticado, para añadir que «no se ha depurado ni aclarado ninguna responsabilidad política y 15 meses después tampoco se han establecido garantías para que esto no vuelva a ocurrir».
En este contexto, ha advertido de que el Gobierno vasco ha reconocido que se han producido errores, pero «no se explicita ni se depuran responsabilidades políticas». «Los grupos que sostienen al Gobierno han tratado de impedir que esto se investigue», ha indicado, al tiempo que ha recordado que la UE está investigando si se incumplen o no sus directivas.
La representante de Elkarrekin Podemos-IU Isabel González ha censurado también que desde el Gobierno Vasco no se informara a la oposición de que se iba a dejar la búsqueda del trabajador ni sobre el informe que presentó este pasado viernes.
A su entender, lo ocurrido en Zaldibar cuestiona el «mito de buena gestión» que hace el PNV. Por su parte, ha pedido «verdad, justicia y reparación». «Todos tenemos derecho a saber qué ha pasado, sobre todo la familia», ha afirmado.
La parlamentaria de Elkarrekin Podemos-IU ha reivindicado, en este sentido, «depurar responsabilidades y reparar sobre todo a los familiares de los fallecidos».
González ha criticado que «ha habido falta de control» en el vertedero y ha incidido en que Zaldibar refleja «el modelo fracasado de residuos ‘low cost’ promovido desde Gobierno Vasco, que deja dos vidas perdidas».
Por último, el portavoz de PP+Cs en el Parlamento vasco, Carmelo Barrio, ha afirmado que lo sucedido en Zaldibar supone «la historia de un fracaso colectivo, empresarial e institucional con consecuencias humanas».
Tras denunciar que se ha producido un problema de gestión, ya que «la empresa no hizo bien las cosas y los controles no funcionaron», ha incidido en que en «una actividad complicada y delicada», como es la gestión de residuos, los controles administrativos «debían estar encima y fallaron».
Asimismo, ha recordado que los trabajadores de la instalación ya habían advertido que existían «deficiencias y problemas en el vertedero» y ha subrayado que se ha caído «el mito de la gestión de PNV». «El PNV pudo en algún momento sacar la pancarta de la gestión pero en Zaldibar ha fallado, así como en la pandemia o en el cártel de los consultores…», ha detallado.
De este modo, Carmelo Barrio ha abogado por investigar las responsabilidades en Comisión y los controles que se dieron, ya que «se hicieron mal».
