La portavoz del Grupo Parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha anunciado este jueves que llevarán ante los tribunales los casos de incendios y derribos de chabolas en los asentamientos de trabajadores migrantes de la provincia de Huelva.
Así lo ha puesto de manifiesto Aguilera en declaraciones a los periodistas en Lepe, donde junto a la parlamentaria María Gracia González; y el eurodiputado Miguel Urbán, se ha reunido con trabajadores africanos y con el colectivo Asisti para abordar la situación de los asentamientos tras los incendios.
En este punto, Aguilera ha sostenido que las administraciones públicas, –central, autonómica y local–, «no están a la altura del pueblo andaluz», el cual se caracteriza por ser un pueblo «de mestizaje y generoso», por lo que «la respuesta no puede ser tan poco corresponsable» a estas personas que «vienen a aportar riqueza» en el sector agrícola. «Es una vergüenza» la actuación del derribo de las chabolas por parte del alcalde de Lucena que «deja a estas personas en la calle», ha proseguido.
Así, ha remarcado que van a presentar la correspondiente denuncia para que se abra una investigación sobre los derribos de chabolas que se están dando, por ejemplo, en Lucena del Puerto para conocer si constan de los expedientes administrativos para intervenir en el monte público, así como ha incidido en que con su denuncia quieren que se clarifique el origen de los últimos incendios acontecidos en asentamientos de Lepe y Lucena para conocer si han sido o no intencionados. «Queremos saber si detrás de estos incendios hay alguna mano perversa», ha remarcado Aguilera.
«Queremos poner a la administración pública a funcionar en la defensa de los derechos humanos», ha proseguido, al tiempo que ha recordado la labor de los trabajadores temporeros en el sector agrícola, el cual supone el 11 por ciento del PIB andaluz.
INTERVENCIÓN DE LA UE
Por su parte, Miguel Urbán ha recordado que durante el estado de alarma los temporeros migrantes fueron «imprescindibles para que la alimentación llegara a nuestras casas» y ahora se quedan «sin alternativa habitacional cuando se han quemado sus casas», ha lamentado.
En este punto, ha pedido que se acabe con «los brotes de xenobia institucional y con declaraciones vergonzantes» por parte de algunos cargos públicos, al tiempo que ha sostenido que «un gobierno progresista debería regularizar a todas las personas sin papeles en el Estado español por una cuestión de seguridad, de dignidad y de derechos».
Finalmente, ha indicado que es «una vergüenza que Europa no tome cartas en el asunto» y ha apuntado que llevarán a la Unión Europa esta situación en los asentamientos porque es «incompatible con los derechos humanos» y «esto no se puede permitir», ha concluido el eurodiputado.
