El exdiputado de la CUP Antonio Baños ha defendido que su decisión de no contestar a las preguntas de Vox en el juicio en el Tribunal Supremo (TS) por el 1-O -por lo que este miércoles ha declarado ante el juez por un presunto delito de desobediencia- fue un gesto “para marcar un límite y demostrar que el fascismo no puede entrar en ninguna institución, en la judicial tampoco”.

Baños ha comparecido por videoconferencia a partir de las 10.30 horas en el Juzgado de Instrucción 10 de Madrid -desde la Ciudad de la Justicia de Barcelona-, y por los mismos hechos también se investiga a la exdiputada de la formación Eulàlia Reguant: “Seguramente acabaremos en juicio”, ha augurado Baños en un vídeo difundido por la CUP después de la declaración.

Reguant ha asegurado que “la presencia de Vox en el juicio no era una coincidencia, formaba parte de esta connivencia que ha existido siempre en el Estado español por no haber depurado el sistema judicial”, y considera que en el juicio por el proceso soberanista hubo vulneración de derechos.

Durante el juicio del 1-O, el Supremo acordó deducir testimonio contra Baños y Reguant por negarse a contestar a las preguntas del abogado de Vox, por lo que remitió a un juzgado ordinario los hechos para investigar la posible comisión de un delito penal, mientras que Baños justificó su decisión “por dignidad democrática y antifascista”.

Los magistrados acordaron deducir testimonio a Baños después de que el presidente del tribunal, Manuel Marchena, le propusiera contestar al abogado Javier Ortega Smith pero con las mismas preguntas replicadas por el propio juez, lo que el exdiputado rechazó porque el letrado seguía igualmente haciendo las preguntas en voz alta.

Además, el tribunal impuso una multa de 2.500 euros a Baños y a Reguant por estos hechos, ya que los testigos en un juicio están obligados a contestar las preguntas de todas las partes y a decir la verdad.