viernes, 4 diciembre 2020 16:05

La Fundación Baltasar Garzón recurrirá la inadmisión de la querella contra el expresidente de Panamá

La Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) ha anunciado este martes que recurrirá la resolución de la Audiencia Nacional que inadmite a trámite la querella presentada contra el expresidente de Panamá Ricardo Alberto Martinelli por delitos de blanqueo de capitales y corrupción en las transacciones económicas internacionales.

El Juzgado Central de Instrucción número 2, que investiga el posible cobro de comisiones ilegales por parte de la constructora FCC en Panamá, ha alegado en su resolución que los tribunales españoles no tienen jurisdicción para el delito de cohecho pasivo internacional y que no se dan los indicios suficientes en relación con el blanqueo.

No obstante, la Fundación ha explicado que el juzgado admite la práctica de las diligencias que permitirán al equipo legal seguir investigando y determinar la existencia de delito de blanqueo de dinero y, aunque rechaza la querella por falta de concreción, no ordena la paralización de las investigaciones, sino que permite continuar con las mismas.

Así, la Fundación Baltasar Garzón recurrirá esta decisión al considerar que existen elementos suficientes para que el expresidente sea investigado dentro del citado proceso, en la adjudicación de obras durante su administración a empresas españolas. Además, ha indicado que utilizará está apelación para aportar más datos, investigar bienes adicionales posiblemente vinculados a delito de blanqueo y volver a solicitar la admisión de la querella.

En cualquier caso, ha indicado que la resolución admite como parte del proceso a la Fundación para ejercer la acusación popular contra los ya investigados, entre ellos, el intermediario Mauricio Cort y que, por lo tanto, segur irá coadyuvando en el proceso penal.

En este procedimiento se está investigando a la multinacional española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC) y algunos de sus trabajadores y directivos y hasta el momento figuran imputadas 14 personas de esta empresa y de dos de sus filiales, FCC Construcción Centroamérica y Construcciones Hospitalarias.

Todas ellas habrían participado, sostiene Anticorrupción, en un consorcio con la multinacional Odebrecht que, según la acusación, generó sobrecostes en los contratos del suministro de acero por valor de 82 millones de euros en los proyectos de construcción de líneas del metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá, entre otros.

Según la Fiscalía Anticorrupción, el sistema de corrupción consistió en sobredimensionar el suministro de acero, facturando al doble de su precio, con el objetivo de destinar los fondos al pago de sobornos a funcionarios y políticos panameños, a través de sociedades pantallas o instrumentales, dirigidas por directivos de FCC y de Odebrecht y un circuito de cuentas bancarias.