El nombramiento de Dolores Delgado como nueva fiscal general del Estado ha provocado más de una polémica. La exministra de Justicia sustituirá a María José Segarra. Así, Delgado dejaría la primera línea del Ejecutivo para pasar a formar parte del Poder Judicial.
Pero, ¿Cuáles son otras polémicas a las que se han enfrentado los fiscales generales en España?
EL NOMBRAMIENTO DE DOLORES DELGADO
El nuevo puesto de Dolores Delgado ha sido, sin lugar a dudas, el cambio más polémico del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Pues por su paso del Ejecutivo y de las listas electorales del PSOE a uno de los puestos claves de la Justicia sin otro tipo de puesto intermedio.
El nombramiento es completamente legal ya que, además, Delgado tiene un currículum adecuado para el puesto (fiscal de carrera con treinta años de experiencia), pero es un nombramiento que no ha sentado demasiado bien en la derecha española.
Son muchos los jueces y fiscales que han criticado este estrategia de Sánchez, pero el actual presidente del Gobierno cree que es la mejor opción y no quiere cometer los mismos errores que con anteriores fiscales generales.
PEDRO SÁNCHEZ Y SU GESTO A ERC
Como gesto de buena voluntad, Pedro Sánchez confesó que cambiaría a María José Segarra como parte de la negociación entre ERC y el PSOE. Y así ha sido. Serraga ha sido sustituida por Dolores Delgado ya que, en todo momento, ha mantenido una actitud de firmeza en esta causa y respaldado en todo momento a los cuatro fiscales del Tribunal Supremo que llevaron la acusación pública en toda la instrucción y posteriormente el enjuiciamiento.
De hecho, la Fiscalía se ha opuesto a la totalidad de reclamaciones de los acusados, desde las peticiones de libertad de los acusados que concurrían a las elecciones hasta la de retrasar la sentencia hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre la inmunidad de Oriol Junqueras.
Asimismo, a pesar de que no tuvo éxito, la Fiscalía reclamó que se estableciese en sentencia que los condenados no pudiesen acceder al tercer grado SIN haber cumplido la mitad de la pena impuesta, algo que no sucederá hasta dentro de dos años para aquellos condenados a nueve, y de otros cinco en el caso de Oriol Junqueras.
Para la Fiscalía General del Estado, los acontecimientos del 1-0 y la posterior declaración unilateral de independencia fueron actos de rebelión y no deben quedar impunes.
ERC PIDIÓ LA SUSTITUCIÓN DE SEGARRA
Una de las presiones de ERC al PSOE sería la de sustituir a Segarra, cuya independencia ha sido puesta en valor por todos los fiscales y asociaciones. Pedían a otro que no tuviese unos planteamientos tan rígidos en este procedimiento, un fiscal que estuviese más en sintonía con los gestos que reclaman los independentistas.
Esto ocurre porque cada seis meses, como máximo, se debe hacer una nueva evaluación de los internos y adecuar su clasificación. Este es el plazo máximo, es decir, que nada impide que se pueda hacer en dos meses o cuando se estime oportuno. Por tanto, la figura del fiscal general es clave en este proceso. Y María José Segarra no cedería.
SÁNCHEZ AFIRMA QUE LA FISCALÍA DEPENDE DEL GOBIERNO
En una entrevista en la RNE, Pedro Sánchez realizó una afirmación a raíz de la situación de Puigdemont por la que luego tuvo que retractarse. «¿La Fiscalía de quien depende? ¿De quién depende?». El propio periodista le contestó «del Gobierno», a lo que Sánchez apostilló un «Pues ya está».
Pero poco después, el actual presidente del Gobierno se vio en la necesidad de reconocer que no había estado muy acertado, pero esa idea quedó muy marcada en el terreno político.
Así que, tras la formación del Gobierno, Pedro Sánchez ha sustituido a Segarra en primer lugar.
DENUNCIAS POR PREVARICACIÓN
En 2015, se realizó una denuncia por prevaricación a algunos de los últimos fiscales generales del Estado, concretamente a Jesús Cardenal, Conde Pumpido y Torres Dulce. La denuncia se concibió como una primera parte de una estrategia que llevaría el caso incluso ante la ONU.
La raíz de este problema era la inaudita ausencia en España de la figura del fiscal prevaricador. Para la Justicia española, un Fiscal no puede prevaricar sencillamente porque no existe la tipificación de ese comportamiento en la Ley. Esto termina permitiendo prevaricar impunemente al Fiscal, que va en contra de la Constitución Española, el derecho internacional y el sentido común.
Según dijeron, «la Fiscalía General del Estado se ha convertido en la piedra angular de la corrupción en España. Está defendiendo a Infantas, al Rey, a banqueros, a políticos y empresarios corruptos sobre los que pesan indicios de delito… al mismo tiempo que persigue, con idéntica saña, a auténticos “robagallinas””.
Con esta acción, AJURA pretendía corregir una legislación que ampara la impunidad de aquellos que administran la Justicia del Estado.
