La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha tomado conocimiento este jueves del escrito en el que el juez de la Audiencia Nacional que instruye la pieza ‘Dina’, Manuel García-Castellón, le informó de la campaña de desprestigio personal y profesional e intimidación que está sufriendo en redes sociales a raíz de solicitar al Tribunal Supremo que abra causa al vicepresidente Segundo del Gobierno, Pablo Iglesias.
Fuentes del órgano de gobierno de los jueces han señalado que las consecuencias de esta toma de conocimiento de las amenazas se limitará por el momento a solicitar a la Policía, ante la que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 ha presentado denuncia, que le informe del resultado de las investigaciones sobre la campaña en redes sociales contra el magistrado.
Las mismas fuentes señalan que no se ha procedido al inicio de ningún mecanismo de amparo al magistrado –regulado en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)– porque dicho amparo no ha sido solicitado por el juez, que se limitó a informar al CGPJ de lo ocurrido sin hacer ninguna petición expresa al respecto. Añaden además que una petición de amparo podría suponer problemas para la investigación, ya que el juez podría verse obligado a apartarse de la causa mientras dicho amparo se tramita.
Según el juez, dirigentes políticos vinculados al propio Gobierno de coalición, con la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, le señalan de forma directa en las redes sociales «sabiendo la repercusión que sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional».
Las amenazas, según señaló García-Castellón en su escrito al presidente del Consejo, Carlos Lesmes, comenzaron a raíz de conocerse el contenido de su exposición razonada al Supremo, en el que somete a consideración del alto tribunal la investigación del vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, y de la vicepresidenta tercera del Congreso de los Diputados, Gloria Elizo, –ambos aforados–, así como de otras cuatro personas. Pide concretamente que se investigue a Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.
En esta pieza se indaga sobre robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham en 2015 y el posterior uso de los datos que contenía el mismo –hubo determinados archivos que aparecieron en el registro de la casa del comisario jubilado y en prisión preventiva José Manuel Villarejo–.
Según el juez, la campaña mediática que ha seguido a su decisión pretende restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada, deslegitimar el ejercicio del poder judicial y difundir la idea de que la exposición no es fruto de su convicción jurídica sino de «una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política».
