La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha propuesto este viernes el nombramiento de dos mujeres para la Fiscalía del Tribunal Supremo, para reducir la “infrarrepensentación” en este órgano judicial.

La propuesta se realiza tras la celebración del Pleno del Consejo Fiscal, órgano consultivo del Ministerio Público, en el que se ha estudiado el nombramiento de una veintena de plazas de libre designación en el seno de la institución.

Según ha informado la Fiscalía en un comunicado, con la provisión de estas plazas se pretende dar respuesta a las “demandas de un Ministerio Fiscal moderno y dinámico, especializado, próximo a la ciudadanía y sensible a las necesidades de los más vulnerables”. Añade que , la paridad de género en plazas de responsabilidad es algo “inaplazable” y “una meta” para Delgado.

Así, ha acordado que “dos mujeres proactivas y dinámicas” ocupen las plazas convocadas para la Fiscalía del Tribunal Supremo, “órgano en que las fiscales aún se encuentran claramente infrarrepresentadas”, destaca el comunicado.

Una de ellas es Lourdes Rodríguez Rey, especialista en materia civil y personas con discapacidad, que desde 2015 ocupaba el cargo de fiscal superior de Castilla y León y ha ostentado las jefaturas de las Fiscalía de León y Palencia.

La otra candidata es Rosa Pérez Martínez, quien desde 2015 es fiscal adscrita al Fiscal de Sala de Seguridad Vial y fue decana de la Sección Civil de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid entre 2000 y 2001. Además, entre 2004 y 2007 estuvo destinada en la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado.

El resto de plazas designadas son para teniente fiscal de Baleares y fiscal jefe de Alicante, Ávila, Ourense, Segovia, Soria, Santa Cruz de Tenerife, Teruel, Dos Hermanas (Sevilla), Ceuta, Marbella (Málaga), Arrecife de Lanzarote-Puerto del Rosario, Ponferrada (León), Manresa-Igualada (Barcelona), Mataró-Arenys de Mar (Barcelona), Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y Benidorm (Alicante).

La Fiscalía destaca que se ha ido adaptando a las necesidades exigidas por la realidad socia y que la especialización de sus integrantes permite afrontar fenómenos cada vez más complejos, asumiendo a la vez funciones de prevención y sensibilización social, particularmente necesarias en aquellas materias que afectan a colectivos vulnerables.

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