Los cuerpos policiales en la provincia de Barcelona recibieron en 2019 un 59% más de denuncias por homofobia que en 2018, y un 43% más por racismo y xenofobia; en cambio, las denuncias por discriminación ideológica bajaron un 26% después de aumentar desde 2017.

Así lo ha explicado a los medios el fiscal coordinador de Delitos de Odio y Discriminación en Barcelona, Miguel Ángel Aguilar, quien ha valorado que en los delitos de discriminación por homofobia y racismo puede influir el afloramiento de la cifra sumergida –delitos que quedan sin denunciar–, si bien en cuanto a los delitos homófobos considera que también han aumentado los hechos.

Entre los 394 atestados policiales relacionados con delitos de odio, el principal motivo de discriminación fue la ideología, que se mantiene en primera posición desde 2017, a pesar de que en 2019 bajaron por primera vez en dos años y de que, salvo “algunos gravísimos”, la mayoría de denuncias fueron por delitos leves, ha detallado Aguilar.

En cuanto a investigaciones fiscales, hubo 39 relacionadas con delitos de odio: 16 estaban vinculadas con redes sociales, donde “muchas veces se denuncian perfiles falsos o anónimos, y lograr la identidad del autor es prácticamente imposible”, ha lamentado Aguilar sobre la dificultad para que algunas empresas proporcionen datos de los usuarios, ante lo que propone obligar a las plataformas a proporcionar los datos por orden judicial, como hacen las compañías telefónicas, y establecer sanciones si se niegan.

De las 39 investigaciones de la Fiscalía, la mayoría por delitos no leves, un 25% fueron por delitos homófobos (86 llegaron a juicio), el 30% estaban relacionadas con el racismo y la xenofobia (107, de las que 21 se enjuiciaron), y se investigaron 127 denuncias por discriminación ideológica.

81% DE CONDENAS

El Ministerio Fiscal presentó 56 escritos de acusación en materia de delitos de odio durante 2019: entre ellos, tres por aporofobia, tres contra personas con discapacidad, 18 por homofobia y transfobia y 14 por racismo y xenofobia.

El 81% de los casos enjuiciados terminaron con una sentencia condenatoria, sumando 61, cinco más que en 2018, cuando hubo 56 condenas que suponen el 74% de casos juzgados.

AGRAVANTE POR APOROFOBIA

Aguilar ha instado a redactar una Ley de igualdad de trato que regule y sancione comportamientos racistas no tipificados como delito con el fin de proteger el derecho a la igualdad, que incluya “comportamientos que no son delito ni tienen porqué estar en el Código Penal, pero que no por eso han de quedar impunes”.

En este sentido, se ha referido a actos como “insultar, o negarse a alquilar un piso a alguien por ser gitano”, ante los que defiende regular las infracciones y sanciones administrativas de forma similar a las multas de tráfico.

Ante la dificultad para que algunas víctimas de delitos racistas accedan a declarar, ha pedido garantizar que los denunciantes extranjeros obtengan un tiempo de permiso de residencia en España y garantizar que no serán deportados durante el proceso.

También ha pedido una reforma del Código Penal que incluya el agravante de discriminación por aporofobia, hasta ahora no reconocido legalmente, además de regular la discriminación por origen territorial dentro de España: por ahora, en estos casos se usa el agravante de discriminación por etnia.

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