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Isabel Celaá, ministra de Educación.

Los padres de niños con discapacidad están en vilo por el futuro escolar de sus hijos. Estos progenitores defienden la necesidad de que se mantengan abiertos los cerca de 500 centros de Educación Especial que hay actualmente en España. Durante los últimos meses ha habido muchas dudas sobre su continuidad en la nueva ley de Educación promovida por la ministra socialista Isabel Celaá y la preocupación sobre su posible cierre se ha incrementado con el recién estrenado gobierno progresista

El acuerdo conjunto que presentaron PSOE y Unidas Podemos antes de efectuarse la investidura el pasado martes levantó todas las alarmas del colectivo que está a favor de la Educación Especial. En ese pacto se incluía que “la nueva ley de Educación garantizará desde sus principios rectores la inclusión y la eliminación de la segregación escolar por las condiciones de origen de los estudiantes, por sus necesidades educativas especiales o por sexo”.

La plataforma Inclusiva sí, Especial también, que defiende activamente la permanencia de esta educación para menores con discapacidad intelectual, asegura que se encuentra “preocupada y expectante” por ver qué ocurre con este tema con el gobierno de coalición. El portavoz de la misma, Luis Rojo, admite que se encuentran en una “tensa espera actualmente” porque el proyecto de esta ley ha variado ligeramente su redacción del que hizo solo el PSOE al de ahora, que está también supervisado por Unidas Podemos. 

MIEDO AL RECHAZO DE PODEMOS

“El texto previo al actual, el de la campaña del PSOE, hablaba de fomentar la inclusión y también los centros especiales. Algo que ahora ha desaparecido”, añade Rojo. El portavoz de la plataforma, que también es padre de un niño de cuatro años con Síndrome de Down, reconoce que “nos preocupa la mano de Podemos”, ya que ellos son contrarios a la Educación Especial. 

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La formación morada se ha mostrado en varias ocasiones contraria a esta educación. Ellos solo conciben un tipo de enseñanza inclusiva porque, según indican, la especial “segrega” a los niños con discapacidad de los que no la tienen. Una palabra, segregación, que Rojo detesta. “Esa palabra nos da urticaria. Nosotros no segregamos a nuestros hijos, defendemos que haya una especialización en función de sus necesidades”, apostilla. 

Para explicar lo que para ellos significan estos centros, Rojo pone la comparativa con aquellos padres que llevan a sus hijos, por ejemplo, a centros deportivos de alto rendimiento. “Estos progenitores no segregan a sus niños, los llevan a un lugar especializado que fomente sus cualidades”, explica. Actualmente en España hay casi 500 centros de Educación Especial que albergan a cerca de 37.000 estudiantes. De estos colegios el 40 % son públicos, mientras que el 60 % son concertados. 

LA RESPUESTA DEL MINISTERIO

Por el momento los padres de estos niños tienen fe en el actual ministerio de Educación, que dirige Isabel Celaá. Rojo asegura que la ministra siempre se ha portado muy bien con ellos y confían en su palabra de que no van a cerrar estos centros. Sin embargo, la nueva ley de Educación sí que establece un plan para que en 10 años se produzca un trasvase de estudiantes de estos colegios especiales a otros ordinarios. Un objetivo que implicaría una mejora de los recursos de las escuelas públicas para adaptarlo a estos menores con necesidades muy particulares.

El portavoz de Inclusiva sí, Especial también está en contra de esta medida porque considera que esto acabará desembocando en el cierre de los centros, ya que no van a mantenerse sin estudiantes. “No queremos que los quiten ni en 10, ni en 20, ni 30 años hasta que no nos aseguren que hay recursos suficientes para que estén bien atendidos” en los centros ordinarios, algo, que según denuncia, no ocurre hoy en día. “Hay profesores de la educación pública que están a favor de la convivencia de ambas modelos educativos”, aclara Rojo.

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Con esta afirmación, este padre hace referencia a un grupo de docentes de Baleares que se han unido en un manifiesto para que continúen abiertos estos centros en la comunidad. El gobierno de Francina Armengol había preparado un anteproyecto de ley para cerrar estos colegios y la respuesta de los profesores de la educación pública no ha tardado en llegar. La plataforma PLIS Educación ha defendido el mantenimiento de estos centros porque cumplen su función educativa. 

Desde Inclusiva Sí, Especial también le reclaman a la ministra Celaá que deje claro el futuro de la Educación Especial en la nueva ley para que haya una idea unificada en todas las comunidades y no ocurra lo visto en Baleares. De momento aún no se sabe qué pasará a ciencia cierta con este tema. Solo tienen esperanzas en las palabras de la titular de Educación, quien en su cuenta personal de Twitter se ha ratificado recientemente sobre su continuidad tras recibir acusaciones de la oposición. Integrantes de Ciudadanos y otros usuarios han criticado la supuesta eliminación de estos centros a raíz del pacto con Unidas Podemos y Celaá ha zanjado los rumores tildando de “fake news” estas especulaciones. Ahora solo queda esperar a que se apruebe definitivamente esta ley para saber qué ocurrirá con estos estudiantes.

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