El Institut Agrícola de Sant Isidre, la patronal del campo catalán, ha remitido una misiva al Ministerio de Agricultura solicitando al ministro Planas que permita ampliar la movilidad de temporeros, dentro y fuera del país, para hacer frente a la escasez de mano de obra y la prolongación del confinamiento. Asimismo, la patronal catalana insiste en la liberalización de excedentes en el sector vitivinícola, en la ganadería ovina y caprina, y en un cambio del estatus de los trabajadores del Régimen Agrario para evitar que los subsidios desincentiven la oferta de trabajo, y de las Empresas de Servicios Agrarios con incentivos fiscales sobre el IVA y el gasoil agrícola.

La contraposición que se está haciendo en España entre ‘salud’ y ‘economía’ está causando un daño importante sobre el sector, ya que éste podría trabajar con cierta normalidad si contase con las medidas de seguridad necesarias, tal como el Institut ha pedido en sus diferentes pronunciamientos públicos en las últimas semanas.

El presidente del Institut, Baldiri Ros, concreta la propuesta solicitando al ministro que  “permita organizar transportes privados de temporeros, tanto desde fuera como desde dentro del país”, porque “cada semana que se extiende un confinamiento ‘ómnibus’ como el que tenemos, los problemas de funcionamiento en origen se multiplican, y se añaden a los que llevamos arrastrando de forma estructural de años atrás, así como a los que surgen de manera novedosa por la coyuntura actual”.

Ros, también vicepresidente de Foment del Treball, valora positivamente las medidas urgentes en materia de empleo agrario en el Real Decreto-Ley 13/2020 porque constituyen “un primer paso para resolver la escasez impuesta de mano de obra por las medidas tomadas de prohibición del movimiento de personas tanto en el territorio nacional como la importación de mano de obra extranjera”, pero pone de manifiesto que estas medidas son insuficientes y sugiere que se tome nota de experiencias de países como Reino Unido o Alemania, que demuestran que “es necesario importar mano de obra cualificada y con experiencia”, para hacer frente a la escasez de mano de obra agrícola.

“Como la demanda de empleo agrario sigue siendo crucial”, añade Baldiri Ros, el Ministerio debe tomar “medidas que generen incentivos, no sólo a trabajadores que se encuentran en desempleo en las comarcas cercanas, sino en otras partes del país, facilitando los medios de seguridad oportunos tanto en el transporte como en el alojamiento (donde existe, en este momento, una importante incertidumbre regulatoria) y desempeño laboral”, porque se deberá “operar con las debidas medidas de seguridad que, por el decreto de Estado de Alarma, tiene como principal proveedor al Estado en sus diferentes entes territoriales: acceso a EPIs y otras medidas de seguridad para mover a los trabajadores que cumplan con las condiciones impuestas por Sanidad”.

Además, de ampliar las medidas en el campo para facilitar la movilidad de mano de obra en España y de mano de obra extranjera, los empresarios catalanes consideran ineludible que se establezca “un esquema de incentivos favorables para que aquellos desempleados de las zonas que mayor escasez de trabajadores agrarios tienen, puedan trabajar sin que esto le suponga un perjuicio sobre sus bases de cotización a la Seguridad Social en su anterior profesión o área de especialización”. Este nuevo esquema también apunta a los trabajadores del Régimen Agrario porque “la política de subsidios desincentiva notablemente la oferta de trabajo y lo hará aún más si en España se aprueba un ‘ingreso mínimo vital’, por el cual mostramos honda preocupación”.

El Institut Agrícola considera, en este sentido que “la restricción de oferta de trabajo en las cosechas también es visible en el resto de segmentos de actividad, donde el cuidado de las tierras y los cultivos depende de que sigan saliendo al campo cada día decenas de miles de pequeños agricultores, muchos de ellos jubilados, autónomos de edad elevada o en peligro por la enfermedad por ser grupo de riesgo”. Por eso, se demanda al Ministerio “una reforma del estatus de las Empresas de Servicios Agrarios, especialmente en el terreno fiscal (sobre todo el régimen de IVA y uso de gasoil agrícola) para que puedan ser el mejor aliado del mantenimiento y cuidado adecuado de las explotaciones”, porque además es necesario dotar a estos colectivos de “seguridad jurídica a la hora de desempeñar su actividad, ya que se han sucedido numerosos problemas en las últimas semanas en distintas partes del territorio con las fuerzas de seguridad, discutiendo si eran o no un servicio esencial”.

Asimismo Ros, insiste en “poner en marcha medidas de mercado para retirar excedentes de oferta en segmentos especialmente tensionados por el parón del consumo en el canal Horeca y las restricciones reales al comercio internacional surgidas como consecuencia del modelo de confinamiento español e italiano”, sobre todo para el sector vitivinícola que “necesita urgentemente una destilación de crisis para liberar inventarios de cara a la campaña 2020/2021 y que corrija el hundimiento de los precios tal como reflejan las estadísticas del INFOVI”, y para el sector ovino y caprino porque “es necesario ir más allá en la retirada de cabezas de ganado hacia el mercado internacional y permitiéndose la coordinación entre productores y distribuidores para realizar ofertas que estimulen el consumo en los hogares”. Para el Institut estas medidas deben aplicarse e implementarse a sectores estratégicos “en situaciones de crisis, como la actual. Puesto que el sector agroalimentario, además de ser vital para el abastecimiento de alimentos para la población, es uno de los sectores que de manera directa va a tener una considerable afectación negativa por el descenso de las actividades turísticas y de restauración”.

El Institut Agrícola considera que estas propuestas no pretenden “hacer más dependiente aún al sector agroalimentario de las políticas públicas”, sino que persiguen “implementar reformas de calado para que nuestro sector tenga un funcionamiento adecuado con arreglo a las leyes de mercado, desaparezcan los efectos negativos que sobre los precios tienen las intervenciones directas y se produzca una distribución eficiente y equitativa del valor añadido generado”.

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