La familia Franco hizo negocios con la compra de un edificio de viviendas que, tras dividirlas, las vendía por el doble del valor por el que las había comprado previamente. Sin embargo, la segregación no contaba con los permisos municipales, lo que llevó a los compradores a reclamar la devolución de las cantidades pagadas por haberles ocultado que se sus viviendas se encontraban en situación ilegal. Además, ahora Hacienda reclama un presunto fraude fiscal.
El negocio realizado por la familia Franco comenzó con la compra de un edificio en la calle Hernani de Madrid. La propiedad la ostentaba en un principio la sociedad Daroca 99, que vendió posteriormente los pisos a Béjar 2001, otra empresa también vinculada a la familia del dictador. Las viviendas, de unos 70 metros cuadrados, fueron divididas en minipisos de entre 30 y 40 metros cuadrados.
Gracias a esta división, los Franco consiguieron obtener el doble del precio por el que valoraron el piso original en muy poco tiempo. Las operaciones se realizaron mediante una sociedad que no ha presentado cuentas en el registro mercantil, como es obligado, desde 1999.
La primera de estas sociedades, Daroca 99, estaría vinculada a Francisco Franco Martínez-Bordiú, el nieto del dictador. Este ha negado su relación con esta sociedad. Sin embargo, Hacienda cree que es el auténtico administrador de esta empresa. Así lo sostiene la Abogacía del Estado en un asunto diferente, pero que tiene al mismo edificio y la misma sociedad como protagonistas: un juicio contra Daroca 99 por un presunto fraude fiscal pendiente de celebrarse, según ha publicado Elconfidencial.com.
El beneficio obtenido de la segregación de las viviendas era importante. Por ejemplo, una de estas viviendas fue vendida por Daroca 99 a Béjar 2001 por 150.000 euros. Dos años después, esta última sociedad logró vender las dos viviendas resultantes de la división por 150.000 y 210.000 euros, es decir, 360.000 euros en total. Esto era lo referido a una de las viviendas. El edificio completo había sido comprado por Daroca 99 en el año 1999 por 65 millones de pesetas, unos 390.000 euros.
El Ayuntamiento de Madrid no concedió la licencia para la segregación de las viviendas porque en ese edificio sólo estaba permitido realizar obras de conservación, según el Plan General de Ordenación Urbanística de la ciudad. Una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2014 consideró que no constaba que Béjar 20001 conociera que las obras se hubieran realizado sin licencia.
LAS INFRACCIONES DE LOS FRANCO
El trámite de licencia estaba en manos de otra empresa, a la que habían encargado las obras. También es cierto que la sanción por infracción urbanística recayó sobre la sociedad propietaria de la vivienda, y no sobre la empresa que realizó las obras. La absolución de un delito de estafa, del que le acusaba uno de los compradores, se produjo por no acreditar suficientemente que el administrador de la empresa de los Franco recibiera una notificación sobre la no concesión de la licencia. Aun así, la sentencia señaló que la situación en la que se encontraba la persona que compró el piso “tiene plena e indiscutible acogida en la jurisdicción civil”.
No obstante, otras decisiones judiciales no lo consideraron así y apuntaron a los Franco. En abril de 2009, uno de los compradores ganó un juicio contra Béjar 2001, a la que obligó a devolver los 210.000 euros que le costó la vivienda y al pago de todos los gastos relacionados con la compra. En este caso, la Justicia determinó que el vendedor conocía la situación legal de la vivienda y los problemas con la licencia.
Béjar 2001 es una sociedad en la que figuraba como socio único desde enero de 2004 Francisco Franco Martínez-Bordiú, el nieto del dictador. La empresa tiene su domicilio social en la calle Hermanos Bécquer de Madrid, en el mismo edificio donde se encuentra el domicilio familiar, donde vivió durante años Carmen Franco, la hija del dictador y han tenido su sede buena parte de las empresas de la familia.
Además, estas operaciones, que se realizaron en un edificio de Madrid, están ahora bajo la lupa de Hacienda, según Elconfidencial.com. La Agencia Tributaria considera que previamente, en la compra del edificio, los Franco podrían haber obtenido una ganancia patrimonial no justificada de 427.000 euros. Esta cantidad y esta investigación se refiere a la operación de compra del edificio, anterior a la segregación y venta de las viviendas.
La Audiencia Provincial de Madrid ha decidido ahora reabrir el caso y juzgará si los Franco pueden justificar el origen del dinero con el que compraron el edificio. La abogacía del Estado considera que los Franco habrían podido obtener una ganancia patrimonial no justificada de 427.000 euros y que la cuota defraudada podría ascender a unos 195.000 euros. La principal incógnita del caso que ahora va a juzgarse es el origen del dinero, ya que la Audiencia considera que no existe rastro documental de este.
