Fernández Díaz
El exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.

El equipo del Ministerio del Interior durante la etapa de Jorge Fernández Díaz (PP) ha desligado al Gobierno de Mariano Rajoy de cualquier actividad relacionada con un presunto espionaje a Podemos y ha defendido la legalidad del contacto en Nueva York de dos policías y un exministro venezolano de Hugo Chávez, una reunión sobre la que dice que hay un acta porque se llevó a cabo con conocimiento de la Fiscalía.

Según han explicado a Europa Press fuentes del equipo de Interior con Fernández Díaz, el contacto el 12 de abril de 2016 en el Consulado de Nueva York se llevó a cabo por iniciativa de Rafael Isea, exministro de Finanzas de Hugo Chávez, y a quien califican de “testigo protegido de la Drug Enforcement Administration (DEA) de los Estados Unidos”. Se llevó a cabo en presencia de su abogado.

De aquella reunión se levantó un acta -firmada por Isea y los funcionarios policiales- porque se hizo, según estas fuentes, “por los cauces ordinarios de la policía judicial y con escrupulosa sujeción a la normativa reguladora de la misma”. El documento sellado, añaden, va acompañado de los carnés profesionales y quedó “a disposición del Ministerio Fiscal para la investigación de los hechos denunciados”.

“La Fiscalía estaba informada con carácter previo a la toma de declaración y fue informada después del contenido de la misma, pues se le entregó el acta por parte de los funcionarios de Policía Judicial”, aseguran las fuentes.

Fernández Díaz
Extracto del comunicado del entorno del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, al que ha tenido acceso Moncloa.com

El equipo de Fernández Díaz y Francisco Martínez, ministro y secretario de Estado de Seguridad en Interior en el primer Gobierno de Mariano Rajoy, rechazan así la versión difundida este miércoles por MONCLOA.COM en base a un audio en el que los policías dicen ante Isea que tienen “un mandato del ministro y del presidente”.

“Las afirmaciones que pudieron realizar los funcionarios policiales presentes en la declaración se realizaron en el contexto del trabajo policial y sin responder, en ningún caso, a instrucciones o mandatos de ninguna autoridad política“, señalan desde el equipo de Interior en el primer Ejecutivo de Rajoy.

En la declaración en Nueva York participaron el comisario José Manuel García Catalán, en calidad de jefe de la Brigada de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), y el inspector-jefe José Ángel Fuentes Gago, por entonces adjunto al director adjunto operativo (DAO) Eugenio Pino.

La cúpula de la Policía de entonces está en la actualidad investigada en la Audiencia Nacional por su presunta relación con el excomisario José Manuel Villarejo en el caso Kitchen.

La declaración a la que hace referencia el audio difundido en MONCLOA.COM, según las citadas fuentes, guarda relación con un trabajo que se llevó a cabo por funcionarios de la Comisaría General de Policía Judicial adscritos a la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, integrada en la UDEF Central, “con conocimiento previo de la Fiscalía”.

“Ningún cargo público del Gobierno dio mandato alguno a los funcionarios de policía judicial intervinientes ni interfirió en su actuación, que se desarrolló íntegramente por los cauces ordinarios de la policía judicial y con escrupulosa sujeción a la normativa reguladora de la misma”, señalan estas fuentes del equipo de Fernández Díaz, que se remiten al Real Decreto 769/1987 sobre regulación de la Policía Judicial.

En la grabación publicada por MONCLOA.COM, Fuentes Gago dice que “yo he hablado con el ministro del Interior español y el ministro del Interior español habló con el presidente español” en una conversación con el exministro de Finanzas venezolano Rafael Isea.

El policía ofreció protección al exministro de Hugo Chávez si desvelaba detalles de los pagos del régimen a la fundación CEPS, en la que trabajaron algunos de los líderes de Podemos antes de la fundación de este partido.

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Desde las filas de Podemos, la portavoz parlamentaria, Irene Montero, ha dicho que la ‘policía política’ “no afecta solamente a Unidas Podemos o a Pablo Iglesias, sino que afecta fundamentalmente a la democracia en nuestro país, de ahí que nos sorprenda tanto el silencio clamoroso del resto de formaciones políticas”.

Podemos insiste en criticar el hecho de que el PSOE votara junto al PP para evitar la comparecencia del excomisario Villarejo en la comisión parlamentaria de investigación sobre las actividades de la cúpula policial que intervino presuntamente en hechos como el publicado hoy, el robo de documentos al extesorero del PP, Luis Bárcenas, o la elaboración de informes sobre políticos catalanes.

Por su parte, la portavoz del grupo popular en el Congreso de los Diputados, Dolors Montserrat, ha evitado valorar el contenido del audio, que dijo no haber escuchado. En cualquier caso, ha señalado su convencimiento de que hay que dejar “que los tribunales hagan su trabajo” en un “país serio”.

Los representantes de otros partidos se han pronunciado también sobre este asunto. Así, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, dijo respecto a las palabras del inspector Fuentes Gago que “si eso es cierto, es abominable”.

Además, Girauta señaló que su condena “no puede ser más rotunda” y pidió que esta revelación “se investigue hasta el fondo” porque “la posibilidad de que se esté investigando a representantes del pueblo soberano por parte de un grupo de policías sería horroroso”.

En las filas socialistas, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha vuelto a insistir en que la llamada policía patriótica “no existe en este Gobierno”, sin entrar a valorar la grabación publicada hoy.

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha declarado que el PP debería “pedir perdón” por haber utilizado a la Policía para “construir pruebas falsas” contra políticos independentistas. Campuzano añadió que de esta manera “se ponía en riesgo el sistema democrático” e insistió en que nadie del PP ha asumido responsabilidades.

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