Los únicos que han salido relativamente bien parados de esta crisis han sido los funcionarios. Además de que el Gobierno los mima con mucho esmero, los próximos Presupuestos Generales del Estado (pendientes de aprobación) reflejan un aumento de los impuestos para, en gran medida, garantizar que este colectivo que apenas siente las penurias laborales no pierda poder adquisitivo. Aunque también se han acordado de los pensionistas, menos mal. El presidente del Gobierno pretende elevar la presión fiscal para facturar 6.000 millones de euros más en 2021. Pero lo curioso es que la mitad de ese dinero irá destinada a aumentar el salario a los funcionarios y a los pensionistas. 3.000 millones para que los trabajadores públicos no sientan ni un poquito el peso de la crisis.
Pedro Sánchez y el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, quieren subir los ingresos a los funcionarios y a los pensionistas un 0,9%. El objetivo, según han relatado, es que no quieren que su colectivo de trabajadores sienta lo más mínimo el impacto de la crisis. Algo loable, pero que deja de manifiesto el abandono del Gobierno hacia otros colectivos de trabajadores, como los autónomos, cuya reforma en el RETA les hará pagar un 50% más a aquellos que tengan ingresos superiores a los 25.000 euros brutos anuales, según ha detallado la asociación de autónomos ATA en un comunicado.
En cualquier caso, este 0,9% que Sánchez pretende subir a los funcionarios y a los pensionistas supondrá la mitad del dinero que pretende recaudar a base de impuestos directos e indirectos, que son 6.000 millones. Si sube el diésel y el IVA de las bebidas azucaradas, lo hace con intención de recaudar más para su bestial inversión social. Quiere incrementar el dinero en Sanidad un 151%, en Educación más de un 70% y en otros menesteres a base de impuestos y de dinero procedente de Europa. Y la mitad de ese dinero recaudado ya está comprometida para los funcionarios, con la otra habrá que hacer malabares.
Las pensiones mínimas aumentarán un poco más: un 1,8%, pero esta «redistribución» de la riqueza que pretende hacer el Gobierno no será tan justa como se esperan. Los autónomos pagarán menos, pero hay 700.000, los que declaren más de 25.000 euros al año, que verán como tienen que pagar mucho más dinero, concretamente un 50% más. Al mismo tiempo, los 13 millones de conductores que disponen de un coche diésel, tendrán que pagar más de tres euros al año por llenar el depósito de su vehículo. Y a quien le guste tomarse bebidas azucaradas, que prepare también la cartera. Solo se beneficiarán los funcionarios (a quienes también les afectará la subida de impuestos indirectos), los pensionistas y los políticos. Nadie más.
6.000 millones más de recaudación y la mitad a los bolsillos de los funcionarios. La otra mitad tendrá que ser suficiente para aumentar de manera importante la inversión en Sanidad, Educación y para el Ingreso Mínimo Vital, por no hablar de otras cuestiones. Los economistas liberales aseguran que estos Presupuestos ayudarán a quebrar las cuentas mientras que Podemos y el PSOE aseguran que ayudarán a salvar el país.
Aún están pendientes de aprobación, pero sobre el papel, estos Presupuestos Generales del Estado para 2021 cambiarán considerablemente el sistema fiscal. La recaudación por impuestos directos y cotizaciones sociales (es decir, subidas del IRPF a rentas de más de 200.000 euros al año, impuesto de sucesiones o socimis) alcanzará los 118.997 millones de euros, un 9,4% más que en 2020. Los indirectos, es decir, pagar más por una bebida azucarada o por el diésel, aumentarán un 17,5%.
Crujidos a impuestos estarán muchos españoles, especialmente por un bien común que es invertir más en Sanidad, Educación… y funcionarios.
