El Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona ha acordado abrir juicio oral a un joven detenido por una manifestación en septiembre de 2018 en la Vía Laietana, convocada contra la concentración el mismo día del sindicato policial Jusapol, y para quién la Fiscalía y la Generalitat –como acusación particular– piden penas de hasta cinco años y medio de prisión.

En los escritos de acusación, la fiscal pide dos años de cárcel por un presunto delito de desórdenes públicos, tres años y medios por un presunto delito de atentado y una indemnización de 1.560 euros a un agente de Mossos d’Esquadra por presuntas lesiones; y la Generalitat pide una condena de cuatro años y nueve meses por los mismos delitos, además de una indemnización de 1.549 euros al agente.

La Fiscalía asegura que el acusado, junto a un grupo de manifestantes contrarios al sindicato policial “y movido por la intención de quebrar la seguridad y la paz pública, fueron adoptando una actitud cada vez más beligerante” contra los agentes antidisturbios que separaban las dos protestas.

Señala que los manifestantes lanzaron “huevos, globos y bolsas con polvos de colores” al cordón policial, lo que remarca como un riesgo para la integridad de los agentes.

El escrito de la fiscal también recoge que el acusado usó una bandera, atada a un palo, “para acometer contra los agentes, siendo que llegó a asestar dos golpes” a un mosso, y le lesionó la muñeca, por lo que reclama una indemnización.

La abogada de la Generalitat recoge las mismas acusaciones en su escrito, y considera que las pinturas que los manifestantes lanzaron a los agentes “provocaron problemas de respiración” e inutilizaron su material de protección, porque no podían ver a través de las viseras de los cascos.

Por su parte, el grupo de apoyo al acusado, ‘Marcel Absolució’, ha defendido en un comunicado este miércoles que cuando el joven estaba en la protesta “entre los miles de manifestantes que había en aquel momento en Vía Laietana, recibió las cargas que la policía estaba efectuando”.

Han explicado que Marcel fue detenido cinco meses después en Badalona (Barcelona), y han criticado que “se trata de un juicio político, en el marco de la macrocausa contra el independentismo, y un nuevo intento de desmovilizar y destruir las vidas de jóvenes militantes de izquierdas e independentistas”.

ACUSACIÓN PARTICULAR DEL GOVERN

Este mismo miércoles, la Conselleria de Presidencia de la Generalitat ha subrayado en un comunicado que, en los procedimientos judiciales relacionados con actuaciones de los Mossos, “la iniciativa jurídica corresponde a los letrados del Departamento de Interior”.

“Los abogados del Departamento de Interior que representan a los agentes del cuerpo de Mossos d’Esquadra tienen la obligación ineludible de garantizarles asistencia jurídica y ejercer su defensa”, y ha defendido el derecho de todos los funcionarios a tener esta garantía si sufren una agresión mientras trabajan.

Por su parte, la Conselleria de Interior se ha referido a la Ley que regula los servicios jurídicos de la Generalitat, citando el apartado que estipula que “estos funcionarios deben actuar de acuerdo con las directrices del abogado de la Generalitat”, y ha descartado que sea el Departamento quien da directrices a los abogados.

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