Aire
Madrid rodeada de contaminación en el aire. Foto: Flickr

La calidad del aire en España está en peligro. Los índices registrados en los últimos meses arrojan un panorama desolador. En plena polémica por la reconversión de Madrid Central, la Comisión Europea ha avisado a España de que no está cumpliendo con los límites fijados por los organismos comunitarios. Madrid y Barcelona son las ciudades más conocidas, pero no son las únicas.

Granada, Bilbao o Valencia son algunas de las que están afectadas por el descontrol del dióxido de nitrógeno (NO2), el contaminante que más afecta al aire del país. El documento enviado a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por Karmenu Vella, comisario de Medio Ambiente, Asuntos Marítimos y Pesca, advierte de que las medidas adoptadas no son suficientes. 

La misiva, que se remite a los datos registrados en 2018, hace un llamamiento a la movilización de los responsables políticos “para cumplir la ley de la UE y salvaguardar la salud de la población”. Y en Madrid, según ha anunciado el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ya se han puesto manos a la obra. 

EL FUTURO DE MADRID CENTRAL

El alcalde de Madrid y la vicealcaldesa, Begoña Villacís, han mantenido personalmente una reunión con las plataformas tanto a favor como en contra de Madrid Central. Además, el Ejecutivo ya ha anunciado que está trabajando actualmente en una tanda de mejoras para solucionar los problemas que plantea la medida impulsada por el Gobierno de Manuela Carmena. 

Ninguno de los dos quiere adelantar de momento cuáles son esas propuestas para hacer que Madrid Central sea beneficiosa para todo el mundo. Aunque ya han puesto en marcha más servicios de transporte público y quieren instalar más puntos de carga eléctrica para vehículos. La Plataforma de Afectados por Madrid Central afirma que tiene un documento con 25 proposiciones que plantearán al consistorio. 

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Según el portavoz de la asociación, Vicente Pizcueta, el texto, que no es público, recoge unas medidas “transversales e integrales”, que creen que coinciden con el planteamiento del Ejecutivo de Martínez-Almeida. La innovación tecnológica, la inversión, el medioambiente y, sobre todo, la preocupación por el futuro del pequeño comercio son los principales puntos que se recogen en esta serie de propuestas. 

Pizcueta también sostiene que actualmente miembros del Ayuntamiento están manteniendo ronda de contactos con diferentes sectores para abordar la cuestión. El portavoz de los afectados cree que “el Gobierno está hablando con todos para sacar la mejor conclusión del asunto”. Algo que critica del mandato de Carmena, “nos reuníamos, pero no tenían en cuenta nuestras peticiones”, apunta. 

Los encuentros del consistorio continúan con las asociaciones que sí defienden la medida. El próximo martes la Plataforma en Defensa de Madrid Central se reunirá con Borja Carabante, concejal de Movilidad y Medioambiente, y también lo hicieron con el alcalde y vicealcaldesa. 

En esa reunión tanto Martínez-Almeida como Villacís aseguraron que las multas en Madrid Central iban a estar paralizadas hasta octubre, cuando se mejorarán algunos puntos. Así lo afirma Yetta Aguado, miembro de la plataforma, aunque posteriormente este anuncio fue desmentido desde el consistorio. 

Según Aguado, desde el Ayuntamiento no especifican estas modificaciones y critica que mantengan ambigüedad con respecto al tema. “PP decía que lo quería revertir y Cs modificar, parece que, de momento, han ganado estos últimos”, sostiene Aguado. Ellos, al igual que los afectados, tienen propuestas que podrían ayudar al consistorio “queremos ampliar Madrid Central y que haya una mesa de seguimiento para ver la calidad del aire”, apostilla. 

OTRAS CIUDADES QUE NO CUMPLEN LA NORMATIVA

Barcelona siempre ha acompañado a la capital en cuestiones negativas como es la contaminación. El Ayuntamiento de Ada Colau ha estado trabajando en un plan de restricciones, pero todavía no lo ha puesto en marcha. La previsión es que lo haga en 2020, un progreso que desde la UE consideran demasiado lento. 

Valencia, otra de las ciudades afectadas, tiene un plan de calidad del aire que ha actualizado recientemente. Para Joan Ribó, alcalde de la ciudad, era una prioridad porque está en juego la salud de los ciudadanos “los vecinos y vecinas tienen que poder respirar un aire limpio”, añadió.

Entre las medidas que propusieron para mejorar el plan se encontraban el desarrollo de un Plan de Movilidad Urbana Sostenible del área metropolitana de Valencia. El Ayuntamiento también solicitó un estudio mucho más detallado de los niveles de óxidos de nitrógeno en la ciudad.

El caso de Granada es más peculiar. El responsable del Área de Calidad del Aire de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos, afirma que la localización de la ciudad, en un valle rodeada de montañas, “hace difícil que se liberen los gases nocivos”. Estos quedan estancados provocando los altos niveles que se registran.

A pesar de que esta es la principal causa, Ceballos advierte de que hay más, por ejemplo, la elevada quema de biomasa, así como el uso del transporte privado contribuyen a la formación del NO2. El responsable de Ecologistas en Acción afirma que en la ciudad hay en marcha un plan de calidad del aire, pero que, al igual que en casos anteriores, no resulta suficiente. 

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Una de las medidas que ha adoptado el consistorio de la ciudad nazarí es limitar a 30 km/h la velocidad en toda la urbe. Una propuesta que intenta reducir la producción de gases. Los esfuerzos del Ayuntamiento por evitar superar los límites permitidos ha recibido el reconocimiento del Ministerio de Transición Ecológica, quien le ha otorgado el premio a la «Ciudad más Sostenible de España». O al menos la que más lo intenta. 

Bilbao es la última ciudad que más preocupa a Europa por la producción de dióxido de nitrógeno. Ha superado en más de una ocasión los límites, pero gracias a las continuas precipitaciones que registra la zona, el dato resulta menos preocupante. Según afirma Ceballos, no se han puesto en marcha medidas concretas para regular el problema, ni se ha aprobado un plan específico de calidad del aire. 

MEDIA ESPAÑA CONTAMINADA POR OZONO

El dióxido de nitrógeno, producido principalmente por la quema de combustibles fósiles, es el problema que más preocupa a Europa y a España, pero hay otro fuerte contaminante que aumenta sus niveles en verano: el ozono. Este gas no solo está presente en grandes ciudades como son Madrid o Barcelona

El problema va más allá, afectando a la mitad del territorio nacional, un total de 18 millones de ciudadanos estarían respirando aire contaminado. Algunas zonas de la comunidad de Madrid, como Getafe o la propia capital han sufrido recientemente un fuerte episodio de ozono, mientras que Cataluña lo vivió hace dos semanas. 

El sur de Castilla y León, el interior de Cataluña y Valencia, Murcia, Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, el valle del Ebro (Aragón y Navarra) y parte de la Sierra de Tramuntana, en Mallorca son algunas de las once comunidades donde se han superado los límites predeterminados para este gas. 

El norte del país no ha sufrido este problema debido a su condición climática. El ozono se activa por la radiación solar, por ello las zonas centro y sur son las que más padecen los efectos nocivos de este contaminante. Ceballos advierte de que, contrario a lo que sucede con otros gases como el HO2, el ozono ataca tanto a zonas urbanas como rurales. 

Respirar este contaminante provoca consecuencias directas en la salud de los ciudadanos como irritación de las vías respiratorias. La situación empeora en aquellas personas que padecen otras patologías cardiorespiratorias y, que incluso, podrían sufrir ictus, ataques de asma o cerebrales. Según Ceballos, al año hay 1.800 muertes provocadas por la respiración de este gas, “casi las mismas que en la carretera”, compara.

Los gobiernos todavía no han decidido qué solución podría remediar el problema, provocado por la quema de combustibles como petróleo o carbón, el uso de centrales térmicas o determinadas industrias químicas. Los Ejecutivos autonómicos alegan que es misión del central legislar este conflicto. Sin embargo, el Tribunal Superior de Castilla y León ha determinado que tanto el nacional como los regionales tienen que implantar medidas. De momento, la cuestión sigue en el aire.

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