Celaá
Isabel Celaá, ministra de Educación.

La nueva ley de educación, conocida como Lomloe o ley Celaá, viene cargada de polémica. El PP y Ciudadanos han acusado este martes a los socios de Gobierno, PSOE y Unidas Podemos, de vetar a la comunidad educativa para participar en el debate celebrado en el Congreso. Desde la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza de Madrid (FSIE) han lamentado lo ocurrido alegando que siempre se había contado con ellos a la hora de tramitar una ley , como la Lomce o ley Wert que contó con la presencia de hasta 50 representantes de asociaciones y sindicatos educativos. Con este Gobierno los sindicatos han reconocido sentirse “excluidos”.

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, ha tratado el tema en la rueda de prensa tras la junta de portavoces en el Congreso y ha señalado que están preocupados por la tramitación de la Lomloe: “No tenían preparada una vuelta al cole pero sí una enorme prisa en tramitar esta ley que juzgamos es sectaria, dogmática y excluyente, deja de lado a la educación concertada y a la especial”. Además el portavoz ha considerado que el único propósito del Ejecutivo es “sacar la ley con prisas y sin la comunidad educativa”.

Estas declaraciones se corresponden con las del FSIE. Según ha podido saber Monloca.com, desde el sindicato han establecido que no es “ni el momento ni ni la forma para promover la tramitación de una ley orgánica” y que estas medidas “repercuten negativamente en el ya de por sí difícil curso escolar”. Desde la federación han lamentado que se debería “haber garantizado el máximo éxito posible reduciendo el número de alumnos por aula, autorizando desdobles, contratar mucho más profesorado, adaptar el currículo oficial y reforzar la atención individualizada del alumnado con dificultades para seguir el curso presencialmente” y han criticado que con esta ley el Gobierno contribuye “de manera decisiva” a la desvertebración del sistema educativo y al aumento de las diferencias territoriales.

El FSIE lo tiene claro: este modelo educativo obedece a un interés ideológico que empobrece la oferta educativa. Estas afirmaciones también las comparte Pedro Huerta, el nuevo secretario de Escuelas Católicas, el cual ha comparecido en una entrevista a Europa Press y  ha recalcado la necesidad de una reforma de la ley educativa. Sin embargo, no considera que la ley Celaá sea la solución.

CLAVES DE LA LEY CELAÁ

Bachillerato. Uno de los puntos más controvertidos de esta ley es el que corresponde al ciclo de bachillerato: será de tres cursos y excepcionalmente se podrá obtener el título por compensación en el caso superar todas las materias salvo una. Además, se facilita el acceso de los alumnos que provengan de las enseñanzas de régimen especial. Una medida que para el FSIE solo va a suponer un “problema añadido a la labor del docente” puesto que el estímulo del alumno es la nota media y sin ella la tarea del profesor “pierde validez”.

Colegios concertados. Las administraciones serán las encargadas de regular la admisión de los alumnos en centros públicos y privados concertados para garantizar así el derecho a la educación, el acceso en condiciones de igualdad y la libertad de elección de centro por padres madres o tutores legales. Con esto se pretende evitar la segregación del alumnado por motivos socioeconómicos. Para el FSIE esta medida supone una discriminación a la educación concertada y considera que, tanto la privada concertada como la pública, son compatibles y que es esa pluralidad es la que permite tener un sistema educativo rico.

FP. Se centrará en mejorar su reconocimiento social además de una ampliación en la oferta de plazas y titulaciones.

Ciclo de Infantil de 0 a 3 años. Se verá reforzado y tendrá unos “requisitos mínimos”. Se potenciará la detección precoz y la atención temprana de las dificultades, según cita El Confidencial.

Educación Primaria.Volverá a estar dividida en tres ciclos de dos cursos cada uno y solo se podrá repetir al final de cada ciclo, esto es, en 2º, 4º y 6º.  Además, se fomentará la inclusión educativa, la atención personalizada y la prevención de las dificultades de aprendizaje.

Asignaturas.Desparece la división en troncales, específicas y de libre configuración en Primaria y Secundaria: únicamente habrá obligatorias y optativas.

Religión. Ya no se obligará a cursar una materia optativa a Religión y su calificación no se tendrá en cuenta para la media, becas o pruebas de acceso a la universidad.

Educación en valores cívicos y éticos. Se cursará en Primaria y Secundaria y se centrará en el estudio del respeto de los derechos humanos y de la igualdad entre hombres y mujeres.

Castellano y lenguas cooficiales. Serán las administraciones educativas las que fijen la proporción del uso de la lengua castellana y la lengua cooficial como lengua vehicular, así como las materias que deban ser impartidas en cada una de ellas.

Becas. Se eliminan los requisitos académicos por encima del aprobado.

Se eliminan las reválidas pero se mantienen las evaluaciones de diagnóstico, que se realizarán en 4º de primaria y 2º de la ESO.

Vuelve la Prueba de acceso a la universidad (PAU). Para superarla habrá que aprobar una única prueba cuyo resultado se computará con la media de Bachillerato.

Currículum. Se devuelve a las comunidades autónomas la libertad de definir parte del contenido curricular en el porcentaje que tenían antes de la ley Wert. Estos contenidos, que serán diseñados por el Gobierno, tendrán que cumplirse en un 55% en las comunidades que no tengan lengua cooficial y en un 65% en aquellas que sí.

Repetir curso. Únicamente se adoptará esta medida en casos excepcionales.