El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, permanece a la espera de que el Consejo de Ministros autorice al que fuera número 2 de Interior con Rajoy, Francisco Martínez, a declarar ante el magistrado sobre asuntos clasificados como secretos oficiales, según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.
Con esa autorización volverá a citarle en el marco de la pieza 7 del ‘caso Villarejo’, en la que se investiga el operativo que se habría sufragado con fondos reservados y cuyo objetivo era sustraer información sensible del PP al que fuera su tesorero, Luis Bárcenas, con el objetivo de ocultársela a la justicia.
Martínez ya fue citado a declarar una primera vez por su posible implicación en el operativo denominado ‘Kitchen’, una pieza que permanece parcialmente secreta de la macrocausa ‘Tándem’, en la que se investigan las actividades ilícitas del comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo.
En esa ocasión, el 24 de enero, se acogió a su derecho a no declarar alegando, según fuentes jurídicas, que las actuaciones estaban bajo secreto de sumario. Ahora, después de que el juez haya levantado parte del secreto –según adelantó El Confidencial– y una vez que el que fuera mano derecha de Jorge Fernández Díaz en Interior tenga la autorización del Gobierno para declarar sobre secretos oficiales, la nueva citación no se hará esperar.
Se trata del primer cargo político llamado a declarar como investigado por este asunto. Desde que en 2018 se iniciaran las pesquisas, las actuaciones se han dirigido ya contra el máximo mando de la policía en aquella época, el Director Adjunto Operativo (DAO) Eugenio Pino, así como sus adjuntos y diversos comisarios e inspectores, incluidos el propio Villarejo y el que fuese jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo, Enrique García Castaño.
Precisamente, en una de sus últimas comparecencias sobre este asunto, García Castaño aportó a la causa el contenido de dos móviles sustraídos a Luis Bárcenas en el contexto del operativo que él mismo volcó en un ordenador portátil adquirido ex profeso para poder mostrar la información a Francisco Martínez, tal y como informaron fuentes presentes en aquel interrogatorio.
2.000 EUROS MENSUALES PARA EL CHÓFER DE BÁRCENAS
La pieza clave de la operación fue Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas, que fue captado por el comisario Andrés Gómez Gordo a razón de 2.000 euros al mes de los fondos reservados durante los dos años que se mantuvo el operativo. Los recibos de aquellos pagos estaban en poder de Villarejo y tenían reflejo en los archivos del Ministerio del Interior, que tras desclasificar el operativo, remitió los documentos que encontró a la Audiencia Nacional.
El ex UCAO siempre ha sostenido que se trataba de un operativo legal para buscar fondos ocultos y testaferros que Bárcenas habría estado ocultando a la justicia. También ha negado, como hizo en su día Eugenio Pino, que tuviese el nombre de ‘Kitchen’, el apelativo que habría dado Villarejo al asunto porque decía que Ríos parecía un cocinero.
A lo largo de estos meses de pesquisas son varios los implicados que han señalado a Martínez como responsable de los fondos reservados y como la persona que estaba al tanto del operativo, bien directamente por Villarejo, bien siendo informado por Eugenio Pino. El entonces Director General de la Policía Ignacio Cosidó, un cargo político intermedio entre la secretaría de Estado y el DAO, no ha sido imputado ni llamado a declarar.
El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, en un breve comunicado emitido en enero pidió respeto a la presunción de inocencia y afirmó que durante los años que ejerció el cargo en el ministerio dirigido por Jorge Fernández Díaz trabajó con «lealtad» a sus superiores y en el marco de la legalidad.
