El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha dictado un auto en el que propone juzgar a un total de 105 personas en la causa por la denominada ‘operación Emperador’, la macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una «actividad sistemática» de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012.
En el auto de transformación de la causa en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado Central de Instrucción 4 envía las diligencias a la Sala de lo Penal por hechos que constituyen, según su criterio, delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y delito continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos.
La resolución, que pone fin a la instrucción de este procedimiento, da un plazo de diez días a la Fiscalía Anticorrupción y las acusaciones para que soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o bien, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables.
PROCESADOS UN INSPECTOR DE LA POLICÍA Y EL ACTOR NACHO VIDAL
Además de contra Gao Ping, el magistrado dirige el procedimiento contra otros miembros de la cúpula de la organización, pero también de la Guardia Civil, de la Policía como el inspector de la Brigada de Extranjería Miguel Ángel Gómez Gordo, este último por presuntamente facilitar, agilizar y realizar trámites de extranjería a cambio de dádivas y recompensas. Es hermano de Andrés Gómez Gordo, comisario imputado en el ‘caso Villarejo’ por el supuesto espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con fondos reservados.
Calama también propone juzgar por la ‘operación Emperador’ a Ignacio Jordá González, actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, por supuestamente enviar capital de su propiedad a China y utilizar sus mercantiles para justificar movimientos de dinero con facturas falsificadas. Hay procesados igualmente empleados de banca, empresarios o joyeros expertos en diamantes que colaboraban en el lavado de activos.
En su auto, el juez expone que a partir de las diligencias de entradas y registros ejecutadas, intervenciones telefónicas, declaraciones de los investigados, así como del análisis de documentación, dispositivos de almacenamiento masivo de información obrantes a la causa y de los informes periciales practicados, «aparecen indicios racionales para considerar que los encausados forman parte de una compleja macroorganización criminal de carácter internacional, encabezada por Gao Ping, compuesta de sucesivos grupos y escalones perfectamente estructurados y jerarquizados, cuyo único y común propósito es llevar a cabo una actividad sistemática de fraude fiscal y blanqueo de capitales».
Para ello, habrían constituido un «entramado de sociedades pantalla al frente de las cuales se sitúa a diferentes testaferros» y habrían confeccionado «los correspondientes documentos mercantiles (facturas) y públicos (pasaportes) que resultan necesarios para dar soporte a estas actividades delictivas».
Una de las vías que utilizaba la trama para el blanqueo de capitales y el fraude fiscal, explica el magistrado, consistía en la recogida de dinero centralizada en polígonos de Cobo Calleja, en el municipio madrileño de Fuenlabrada, para su posterior remisión hacia el exterior fuera de los cauces legalmente establecidos.
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS «PERFECTA Y MILIMÉTRICA»
En su escrito, Calama subraya que la investigación ha acreditado la existencia de una macroorganización bajo el liderazgo absoluto de Gao Ping, quien «de forma permanente y sistemática durante años» defraudó a Hacienda y blanqueó las ganancias obtenidas a través de una pluralidad de sociedades donde cada investigado tenía distribuidas de forma «perfecta y milimétrica» sus funciones y cometidos.
Esta organización criminal se estructuraba en un primer gran bloque, compuesto por ciudadanos chinos afincados en España que importaban a gran escala unos mil contenedores anuales de artículos de bazar fabricados en su país y que distribuían a través de 39 sociedades meramente instrumentales, organizadas con dos contabilidades paralelas, con el único propósito de eludir el pago de impuestos a la Hacienda Pública. Para ello, registraban un número menor al real de los artículos que entraban en los contenedores y declaraban otro tipo de productos distintos a los reales.
Ese material posteriormente se centralizaba en naves industriales como las del polígono de Cobo Calleja y en la localidad toledana de Seseña, y de ahí era distribuido a sus clientes que estaban repartidos en todo el territorio nacional. Esta primera trama de la organización transfería mensualmente a cuentas bancarias extranjeras entre 4 y 5 millones de euros, explica el auto.
Las mercancías se cobraban en efectivo, lo que generaba a la organización «una inconmensurable cantidad de dinero en metálico», dice el juez, que posteriormente enviaban a China, «fuera de los cauces legalmente establecidos, a fin de evitar su oportuna declaración y el consiguiente pago tributario».
COMISIONES POR SACAR DINERO DE ESPAÑA
Una segunda trama de la organización estaba integrada por personas que actuaban de intermediarios. Eran ciudadanos que tenían elevados saldos bancarios en paraísos fiscales, que requerían dinero en efectivo en España y que contactaban con los investigados, que a su vez tenían dinero metálico y querían transferirlo ilícitamente a cuentas bancarias localizadas en el exterior. Los intermediarios cobraban comisiones entre el 2% y el 3% por facilitar la salida del dinero de la organización de Gao Ping.
Según el auto, esta organización se encuentra liderada por François Leiser y funciona como una estructura de intermediación, a cambio de una comisión, entre personas que teniendo elevados saldos bancarios en paraísos fiscales requieren dinero efectivo en España, y quienes teniendo precisamente dinero metálico en España quieren transferirlo ilícitamente a cuantas bancarias localizadas en el exterior.
Así es como surge la comunidad de intereses entre Gao Ping y François Leiser, explica la resolución judicial: el primero dispone de «inconmensurables cantidades de dinero en efectivo», mientras que el segundo hace posible su salida de España a cambio de una comisión de entre el 2% y el 3%.
La actuación coordinada entre ambas tramas se lleva a cabo a través de la labor de Rafael Pallardó, que trabajaba para la trama constituida por ciudadanos de origen chino y es el encargado de sacar de España las cantidades ingentes de dinero que dicha trama genera; y Malka Maman, alias ‘La Sobrina’, quien actúa bajo la jefatura directa de Isaac Cohen, alías ‘El Gordo’, que representaba en España esta trama B.
La labor de éste último era buscar «donantes», esto es, empresarios con una alta disposición de dinero en efectivo que querían sacar el dinero de España y llevarlo a otros países eludiendo el pago de impuestos, así como «receptores», empresarios con elevados saldos bancarios en paraísos fiscales que necesitan disponer de efectivo en España pero eludiendo el pago de todo tributo al efecto.
Por último, el juez describe una tercera trama de la organización, integrada por ciudadanos de origen chino dedicados al fraude fiscal y blanqueo de capitales y que utilizaban diversas vías para conseguir el retorno del dinero a China. Realizaban un envío masivo de dinero camuflado en falsas remesas de inmigrantes, se servían del transporte físico por carretera para remesar el dinero desde países con menor control respecto al blanqueo de dinero, o bien utilizaban la vía aérea para trasladar capitales sin declarar.
