El juzgado de lo Penal número 2 acogerá el próximo día 6 el juicio contra un padre y un hijo, este último propietario de una empresa agrícola de Almonte (Huelva) y el padre como responsable de la concesionaria de los terrenos donde se ubica la explotación fresera por extracciones ilegales de agua del acuífero 27, el cual nutre al entorno del Espacio Natural de Doñana. Así, la Fiscalía solicita tres años y 10 meses de cárcel para los responsables y una multa de hasta 18.000 euros para empresa.
Según recoge el escrito de acusación de la Fiscalía, el Ministerio Fiscal indica que los hechos punibles se centran en las extracciones de agua subterránea realizadas por la explotación de la empresa, dedicada al cultivo de la fresa y frambuesa, que ha desarrollado esta actividad en una parte de la parcela 1 del polígono 40, aproximadamente en una extensión de 18 a 20 hectáreas, siendo la parcela propiedad del Ayuntamiento de Almonte.
En concreto, los terrenos los posee en régimen de canon mediante contrato de concesión administrativa uno de los dos acusado, que ha cedido los mismos en arrendamiento a su hijo, responsable de la empresa, y por ende a la empresa que éste administra.
Por su parte, la Fiscalía comprobó que la explotación dispone de cinco pozos activos y una balsa de acumulación de agua para regadío en funcionamiento.
Asimismo, el Ministerio Pública señala que «la empresa explotadora ha estado utilizado agua subterránea del acuífero 27 para la explotación de frutos rojos, sin que conste autorización alguna por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ampare dicha extracción, ni a favor del titular de las tierras, es decir, del Ayuntamiento, ni del concesionario, ni de la empresa que la explota».
Dichas extracciones se han producido en las campañas de 2012-13 y 2013-14, por lo que se concluye que se ha producido «una detracción ilegal y sistemática» de agua del acuífero en dicho período y que dicha detracción implica «una alteración del balance hídrico del acuífero generando un daño grave sobre el espacio protegido de Doñana así como sobre las especies que alberga y sobre el significado ecológico del lugar».
Así, considera que incumple, entre otros, varios artículos de la Ley de Agua y del Plan de Ordenación del Territorio del Ámbito de Doñana (Potad). Además, como recuerda el Ministerio Público, por auto de fecha 18 de marzo de 2016 se acordó por el Juzgado de Instrucción la medida cautelar de instalación de un contador en cada pozo a costa de los acusados así como control por el Seprona de que no había otras vías de extracción de agua, y lectura de contadores periódicamente por el Seprona.
Debidamente notificada la medida cautelar anterior hasta en dos ocasiones, los acusados hicieron «caso omiso a la misma, continuando con la extracciones de agua sin ningún tipo de contador, hasta, al menos, octubre de 2017».
La Fiscalía entiende que los hechos anteriores constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, causando perjuicio «grave» al equilibrio de los sistemas naturales.
Igualmente, considera que se debe imponer a cada uno de los acusados la pena de tres años y diez meses de prisión; multa de 20 meses con una cuota diaria de 20 euros (12.000 euros) y con la responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas de multa no satisfechas en caso de impago por insolvencia diaria e inhabilitación especial para profesión u oficio relacionado con la agricultura durante dos años.
Finalmente, considera que procede imponer a la empresa la pena de multa de 20 meses con una cuota diaria de 30 euros (18.000 euros). Los acusados, y de manera solidaria con ellos la empresa indemnizarán a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la cantidad de 19.796 euros.
