La Junta de Extremadura ha aprobado este viernes un decreto-ley para la “nueva normalidad” que arranca el próximo lunes, 22 de junio, una vez que termine el estado de alarma decretado por el coronavirus, y en el que, entre otras, recoge medidas sanitarias y sociosanitarias para “responder con rápidez” en el caso de que se dieran “posibles imprevistos” sobre la incidencia de la Covid-19 en la comunidad autónoma.

La vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, ha explicado este viernes en rueda de prensa, acompañada de la portavoz de la Junta, Isabel Gil Rosiña, el contenido de este decreto ley, que ha sido aprobado en Consejo de Gobierno extraordinario.

Un decreto que, según ha explicado Blanco-Morales, persigue tres objetivos, como es por un lado “garantizar una adecuada respuesta sanitaria y sociosanitaria” ante “posibles imprevistos” en la situación de la Covid-19 en la región extremeña, así como evitar que las consecuencias para el empleo y la economía “permanezcan y se conviertan en estructurales”, y reducir “en las medidas de nuestras posibilidades” el impacto social, y acompañar a la reactivación del empleo y económica.

Ante estos objetivos, el decreto ley aprobado se recojan medidas en diversos ámbitos, tantos sanitarias, como económicas, agrícolas o de movilidad, por lo que están afectadas varias consejerías de la Junta de Extremadura en su aplicación.

Y es que, según ha advertido Blanco-Morales, la crisis de salud pública “permanecerá mientras permanezca la situación que tenemos, con un virus muy activo, que contagia muy rápido”, por lo que ha destacado la necesidad de contar con un marco normativo, que se establece en este decreto-ley para “prevenir y responder con rapidez ante cualquier modificación de la situación sanitaria”.

Por eso, una vez que concluya el estado de alarma a las 12 de la noche del próximo domingo, 21 de junio, los ciudadanos y las empresas deberán “recuperar su vida cotidiana en las mejores condiciones”, en lo que se ha llamado la “nueva normalidad”.

En ese sentido, el nuevo decreto ley aprobado por la Junta de Extremadura surge a raíz de la aprobación, por el Consejo de Ministros de 28 de abril de 2020, del Plan para la Transición hacia una Nueva Normalidad, que concibe el “levantamiento de las medidas de contención de modo gradual, asimétrico”, coordinado con las comunidades autónomas y adaptable a los “cambios de orientación necesarios en función de la evolución de los datos epidemiológicos y del impacto de las medidas adoptadas”.

En su intervención, la vicepresidenta primera del Ejecutivo extremeño ha resaltado que el “impacto económico” de esta crisis de la Covid-19 “obliga a la adopción de medidas extraordinarias y urgentes, que impulsen la actividad económica y que generen empleo”, así como a adoptar “otro tipo de decisiones de carácter social y de simplicación administrativa” con el objetivo de que las medidas “sean eficaces y eficientes”.

OFICINAS DE ATENCIÓN PRESENCIAL

En ese sentido, este decreto ley establece una transformación de las oficinas de atención presencial a la ciudadanía y oficinas de registro de forma inmediata y, en todo caso, antes de 2 de octubre de 2020, y que podrá ser telemática, o telefónica o especializada, “aprovechando los recursos de las nuevas tecnologías”.

Por otro lado, y en relación con los contratos menores de la Administración de la Comunidad Autónoma, se amplían los supuestos en los que no se exigirá solicitar presupuesto a tres empresas distintas, además del relativo a la existencia de un único empresario.

Cabe destacar que “no será de aplicación esa exigencia cuando dificulte, impida o suponga un obstáculo para cubrir de forma inmediata las necesidades que en cada caso motiven el contrato menor”, mientras que en aquellos casos en los que se haya dado publicidad de la licitación, si así lo decide el Órgano de Contratación, ya quedaría garantizada la competencia.

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