La trama Púnica, Gürtel o el caso Bárcenas ha vuelto a salpicar a varios miembros del Partido Popular. A las imputaciones más relevantes, como la de Ignacio González, Francisco Granados o recientemente Esperanza Aguirre, se suman la de otros dirigentes menos conocidos que han tenido un papel menos protagonista dentro del partido.
Fuentes populares aseguran que las imputaciones dañan por completo la imagen y reputación de los políticos implicados, independientemente de que luego queden absueltos o no. Uno de estos ejemplos es el caso de Gádor Ongil (Madrid, 1956). La que fuera senadora ha sido llamada por el juez por su supuesta implicación en la trama Púnica cuando fue presidenta de Fundescam.
Además de senadora, también ha sido una de las dirigentes más veteranas del gobierno del PP en Madrid. Ha sido diputada durante siete legislaturas (la última este año), consejera de Servicios Sociales con Aguirre o concejala en el Ayuntamiento de Torrelodones, donde empezó su carrera política en 1995. Anteriormente ejerció como secretaria personal del presidente Adolfo Suárez.
Las mismas fuentes dentro del partido insisten en mantener la presunción de inocencia para todos los imputados, pero se preguntan por qué hay unas personas investigadas y otras no, aún habiendo ocupado un puesto similar. Ponen como ejemplo el caso de Ana Camins, “ella era secretaria de Fudescam cuando Gádor Ongil era la presidenta, pero no ha sido imputada, además, no podrían hacerlo porque está aforada”. Camins actualmente es diputada del PP en la Asamblea de Madrid.
IMPUTADOS, FUERA DEL GOBIERNO MADRILEÑO
Sobre el futuro de Ongil ha hablado recientemente Alfonso Serrano, el nuevo portavoz de la Asamblea de Madrid. La madrileña continúa como la 47 en la lista de Isabel Díaz Ayuso. Es poco probable que consiga un acta como diputada (actualmente hay 30 parlamentarios), ya que para ello necesitaría que varios nombres renunciaran a su escaño o que tuvieran que salir de la Cámara al recibir cargos en otros organismos regionales.
Al ser preguntado por el futuro de los imputados en la comunidad, entre los que se encuentra Ongil, Serrano ha reconocido que el PP todavía no ha decidido qué pasaría con los investigados que aparecen en las listas. El portavoz se ha mostrado “respetuoso” con procedimientos judiciales y ha insistido en que le parece “tremendamente injusto que por una imputación” se pueda cuestionar “la honradez de la gente”.
Además, ha recordado que el PP ha sido recientemente absuelto por la destrucción de los ordenadores del extesorero Luis Bárcenas al no encontrar las pruebas suficientes para continuar con la causa. También han quedado libres de sospechas los tres empleados acusados de destruir los aparatos al no quedar acreditado que lo hicieran para entorpecer la investigación. Y critica que esta cuestión ha tenido menos relevancia que los nombres de los nuevos imputados.
Aún así, Serrano ha advertido de que su partido cumplirá con el acuerdo firmado con Ciudadanos en materia de corrupción. En el punto 152 del acuerdo que PP y Cs suscribieron en Madrid se indica que se cesará «inmediatamente a cualquier miembro del Gobierno o alto cargo de la Comunidad de Madrid que esté siendo investigado por delitos de corrupción política».
CASO PÚNICA: AGUIRRE Y CIFUENTES GOLPEADAS
El 1 y 18 de octubre Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, respectivamente, tendrán que declarar como imputadas en la trama Púnica, que investiga la presunta financiación ilegal del PP. Esa ha sido la fecha que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón acordaba para recibir a ambas expresidentas de la Comunidad de Madrid.
Esta imputación es la primera que recibe Aguirre. La madrileña será concretamente investigada por la supuesta financiación irregular de las campañas electorales del PP en los años 2007, 2008 y 2011. Según los informes manejados por la Guardia Civil, aparecen indicios de encuentros relevantes con responsables de entes como Indra o pagos a través de Fundescam.
En el caso de Cifuentes su imputación se debe a la concesión del contrato al servicio de la cafetería de la Asamblea de Madrid en los años 2009 y 2011. Según explica el juez en su auto, la expresidenta participó en el comité de expertos que “valoró de forma arbitraria las ofertas presentadas por los licitadores, posicionándose en dicha valoración a favor”. En concreto a favor del Grupo Cantoblanco, perteneciente al empresario Arturo Fernández.
Además de estas dos nuevas incorporaciones, hay otra treinta de citados como el expresidente Ignacio González o los exconsejeros Borja Sarasola, Manuel Lamela, Juan José Güemes o la ya citada Gádor Ongil. La investigación de la trama Púnica comenzó en el año 2014, cuando se descubrió una agenda del exsecretario general del PP de Madrid Francisco Granados con cantidades de dinero asociadas a unas siglas.
