pablo casado pedro sanchez

Que la cúpula dirigida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es capaz de hacer cualquier cosa para lograr sus objetivos es una afirmación que ya pocos cuestionan en el hemiciclo. Los Presupuestos Generales del Estado están encarrilados, por lo que ya solo falta renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Y puesto que el Partido Popular, imprescindible para abordar la renovación, se niega en rotundo, Sánchez ha tirado de nuevas herramientas de presión para hacerle pasar por el aro. Y esta vez su estrategia ha sido la de presentar un inaceptable (e inconstitucional) proyecto de ley que pretende reventar de un plumazo la separación de poderes para convencer a Pablo Casado de que es mejor pactar que dejar que Sánchez dispare su autoridad en el Estado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su principal asesor, Iván Redondo, han trabajado durante semanas para convencer al líder del Partido Popular, Pablo Casado, de renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El Ejecutivo es consciente de que para tener una legislatura tranquila es necesario abordar este asunto, pero la inseguridad de Casado y su cuestionado liderazgo le han llevado a enrocarse mientras Carlos Lesmes pide por activa y por pasiva que renueven su cargo de presidente del Tribunal Supremo. Por lo que Sánchez “se ha visto obligado” a tirar de ingenio para presionar al PP.

No hay que olvidar que Casado ya había pactado vía Whatsapp la renovación del CGPJ. Los nombres de los nuevos vocales estaban sobre la mesa y todo estaba cerrado, pero una riña interna en el PP que se saldó con la destitución de la ya exportavoz del partido Cayetana Álvarez de Toledo motivó a un inseguro y titubeante Casado a cerrarse en banda e impedir que la renovación se llevara a cabo. Y a partir de ahí, Redondo, Sánchez y compañía se pusieron a trabajar en una creativa forma de ayudar al líder popular a pasar por el aro.

Muchos se sorprendieron el pasado miércoles cuando Unidas Podemos y el PSOE presentaron en el Congreso a través de sus grupos parlamentarios un proyecto de ley que haría temblar al mismísimo Montesquieu. En él, y entre una cantidad ingente de párrafos contradictorios y mal redactados, se reflejaba que para renovar el Consejo tan solo haría falta una mayoría absoluta, y no tres quintos de las cámaras alta y baja (Senado y Congreso). Esto excluye de golpe al líder de la oposición a la hora de proponer vocales y hace que quien tenga la mayoría necesaria para ser investido presidente del Gobierno también la tenga para elegir al presidente del Tribunal Supremo. Dos en uno. 

Juristas consultados por MONCLOA.COM lo tienen claro: este proyecto, además de chapucero, es anticonstitucional y es del todo probable que el presidente del Ejecutivo sea consciente de que el Tribunal Constitucional puede tumbarlo. Entonces, ¿por qué el presidente presenta un proyecto que sabe que no prosperará? La respuesta está en la estrategia y en cómo ayudar a Casado a que pacte con el PSOE para la renovación del CGPJ.

En el PSOE tampoco han recibido de buena gana la noticia. Este plan urdido por el vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y su presidente Pedro Sánchez tampoco tiene la aprobación de la mayoría de los socialistas de Ferraz. Ni siquiera la del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, que se ha visto envuelto en una compleja situación que le obliga a defender las ideas que no comparte.

El plan es sencillo, o al menos es lo que entienden desde el partido. Casado se ha encelado y ha asegurado que con este proyecto sobre la mesa, no pactará la renovación del Consejo. Ha insistido en que no conseguirán presionarle. Pues bien, al estilo Redondo, el Gobierno se planteará retirar dicho proyecto con el único objetivo de que Casado ceda. No ha sido presionado, al menos en sentido directo. Pero el presidente conseguiría su objetivo.

Esta teoría que circula por Ferraz es la única que ven con sentido en los feudos socialistas, pues la mayoría no comparte el proyecto de renovación del CGPJ. Nadie entiende, primero, que el presidente del Gobierno haya dado un giro de 180 grados en su forma de entender la justicia, pues no hay más que echar un vistazo a la hemeroteca para darse cuenta de que hace años el presidente defendía un Consejo completamente independiente del poder Ejecutivo. Y, segundo, que el líder socialista quiera controlar el poder judicial o permitir que si pierde las elecciones en un futuro lo controlen desde la derecha, con Vox más fuerte que nunca en el Congreso.