Echenique

La imputación de varios dirigentes de Podemos por la presunta “caja B” del partido sumada al caso Dina ha traído a la formación una tormenta perfecta que amenaza con desgastar aún más al partido. Sin embargo, los líderes de Unidas Podemos no se han quedado de brazos cruzados mientras eran citados para sentarse en el banquillo y han pasado al ataque con un argumento que ya habían utilizado en el pasado: el lawfare; una palabra que hace referencia a la corrupción de la Justicia o la utilización de sus instituciones para desgastar y acabar con alguien en concreto.

Mientras el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su presidente, Carlos Lesmes, siguen en funciones desde hace poco menos de dos años, Podemos no tiene otro argumento de defensa ante las acusaciones que les imputan que llamar corrupta a la Justicia. Para ello, se han aferrado no solo a la imputación como tal, sino al hecho de que se han perdido dos horas de las declaraciones de quien ha puesto en jaque a la formación morada, el exabogado de la formación Jose Manuel Calvente, cuya denuncia ha sentado en el banquillo al dircom del partido, Juanma del Olmo y al tesorero de la formación.

“De la única “prueba” que tenían en el juicio fake contra PODEMOS (la declaración de un tipo diciendo que “escuchó” esto y “sospecha” lo otro), más de tres cuartas partes han “desaparecido”. Además de antidemocrático, el lawfare desprestigia a la justicia”, ha afirmado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique. Y como él, son muchos los diputados de Podemos los que han acusado al CGPJ, al juez que instruye el caso y, por consiguiente, al presidente del Supremo de utilizar las instituciones judiciales para “sacar” del Gobierno a la formación morada.

“Lawfare: Uso abusivo de procedimientos judiciales, manteniendo apariencia de legalidad, con el fin de provocar repudio popular contra oponentes e incluso debilitar o deponer gobiernos” El poder revolviéndose para sacar del Gobierno a quien no sigue sus órdenes. Sin miedo”, ha recordado el diputado de Podemos Alberto Rodríguez.

No es la primera vez que Podemos tira de acusaciones sin fundamento para tachar a la justicia española de corrupta. De hecho, los exabruptos del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, han llamado la atención hasta en dos ocasiones del CGPJ que han respondido con sendos comunicados en los que le solicitaban a Iglesias que no hablara de aquello que no conoce. Uno de ellos fue tras las acusaciones del vicepresidente en base a la condena a la dirigente autonómica de Podemos Isabel Serra, pareja de Juanma del Olmo, actual imputado en la causa de la presunta caja B del partido.
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Hablar de “lawfare” no es un fenómeno nuevo. Como buen heredero de la política de la nueva izquierda latinoamericana, Iglesias y los suyos han decidido replicar las respuestas que daban al proceso judicial del expresidente de Brasil Lula Da Silva. “Para #ElPeorGobiernoDeLaHistoria , fiscales, jueces corruptos y sus secuaces, que llevan adelante el lawfare y quieren robar las elecciones, esto es lo que les espera. Todo es cuestión de tiempo”, comentó Rafael Correa, expresidente de Ecuador.

IMPUTADOS COMO EL PP

Podemos criticó la caja B del Partido Popular cada vez que tuvo ocasión. Sin embargo, ahora, la denuncia de uno de sus abogados al que acusaron de acoso sexual a una de sus letradas se ha vuelto en su contra después de que el magistrado Juan José Escalonilla haya imputado a varios dirigentes de la formación morada.

El juez investiga si Podemos se financió de forma irregular a través de la empresa Neurona Consulting, ya desaparecida del panorama empresarial español, y si pagó sobresueldos a muchos dentro de la formación, al igual que se hizo en el PP.

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