La acusación popular que ejerce Podemos en la macrocausa Tándem ya ha presentado los escritos de acusación en las tres piezas cuya investigación ha dado por concluida el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón –‘Iron’, ‘Land’ y ‘Pintor’– y por las que el partido solicita para el principal invesigado, el comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, un total de 42 años de cárcel.
Los delitos de los que Podemos acusa a Villarejo en estas piezas –la 2, la 3 y la 6 de la macrocausa– van del cohecho, revelación de secretos, falsedad en documento mercantil y descubrimiento y revelación de datos reservados registrados en ficheros informáticos hasta la acusación y denuncia falsa, según consta en los escritos.
Las tres piezas llevan el nombre que había dado el propio comisario a los ‘encargos’ que particulares hacían a su empresa Cenyt. En estas investigaciones se reveló un ‘modus operandi’ en la actividad profesional de Villarejo que se ha ido repitiendo en la mayoría de las más de 20 piezas en las que está dividido el ‘caso Tándem’.
Según el sumario de la macrocausa, Villarejo constituyó un entramado societario en el que, entre otras cosas, se prestaba servicio de detectives a distintos precios dependiendo del encargo, valiéndose para ello de su privilegiada posición en la Policía Nacional y recurriendo a otros funcionarios policiales para obtener datos de forma ilícita, en ocasiones a cambio de dádivas.
13 AÑOS POR ESPIAR A UN DESPACHO DE ABOGADOS
En ‘Iron’, la primera pieza que se cerró, se ha analizado el encargo del despacho de abogados Herrero y Asociados de espiar al bufete de la competencia Balder IP Law. Mientras la Fiscalía Anticorrupción pide 57 años de cárcel para Villarejo, al atribuirle más delitos, Podemos solicita 13 años por cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y falsedad en documento mercantil, además de una multa por acusación y denuncia falsa.
La formación morada también se dirige contra el que fuera socio de Villarejo en su empresa Cenyt, Rafael Redondo, para el que solicita una pena de 10 años y medio de prisión. Seis meses menos de cárcel pide para el comisario Enrique García Castaño y para el director de Operaciones de Cenyt, Antonio Bonilla; y 8 años de prisión para su mujer, Gemma Alcalá.
Asimismo, la acusación popular pide para el exinspector de Policía Nacional Constancio Riaño; el subinspector de Policía Javier Fernández Pérez; y el funcionario de Hacienda Antonio Chaparro 7 años de cárcel; mientras que para el abogado David Macías se interesa 5 años y nueve meses de prisión.
Por último, para el presidente de Herrero y Asociados, Francisco Carpintero López, y los responsables del despacho Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz y Mario Carpintero López pide 8 años y medio de cárcel, mientras que para María Ángeles Nogales se solicita la pena más baja, dos años y nueve meses de prisión.
13 AÑOS POR EL CASO DE LA DISPUTA POR LA HERENCIA DE ‘LA FINCA’
En cuanto a la pieza ‘Land’, se han investigado los trabajos de espionaje que habría realizado Villarejo en torno a la promotora Procisa por la disputa sobre la herencia del fundador de la urbanización de lujo ‘La Finca’, en Madrid. Podemos interesa para Villarejo 13 años de prisión, también por presunto cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y delito continuado de falsedad en documento mercantil.
Para su socio Rafael Redondo, la acusación popular solicita 10 años y medio, los mismos que para los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver.
Para el comisario Enrique García Castaño, Podemos pide nueve años de prisión, y uno menos para Gemma Alcalá. El que fuera el jefe de seguridad de Procisa David Fernández se enfrenta a una petición de 5 años.
16 AÑOS POR EL ENCARGO DE LOS HERMANOS MUÑOZ
En cuanto a la pieza ‘Pintor’, la última que se ha concluido y sobre la que se ha dictado auto de transformación en procedimiento abreviado tras casi dos años de investigación, se trata del encargo que habrían realizado los empresarios Juan y Fernando Muñoz a Villarejo para conseguir información de un exsocio, para lo cual el comisario se habría valido de diversa «información sensible y de acceso restringido» del exjuez Francisco Javier de Urquía.
La acusación popular de Podemos solicita 16 años de cárcel para el comisario jubilado, al añadir en esta ocasión un presunto delito de descubrimiento y revelación de datos reservados registrados en ficheros informáticos.
En esta pieza también son acusados Rafael Redondo, para el que Podemos pide otros 16 años de cárcel, y el hijo del comisario José Manuel Villarejo Gil, para quien interesa 9 años y medio. Para los expolicías Antonio Bonilla y Javier Fernández Pérez, la acusación interesa 6 años de prisión, así como 9 años para el también exagente José Manuel González Escobar.
Pero es al empresario Juan Muñoz y su hermano Fernando Muñoz para quienes Podemos pide la pena más alta en esta pieza separada, un total de 17 años de cárcel por varios supuestos delitos de descubrimiento y revelación de secretos.
Para los abogados de ambos, José Luis García González y Ricardo Álvarez-Ossorio, la acusación popular solicita 10 años de prisión, mientras que para los detectives contratados para el ‘encargo’, un total de 9 años.
