No muchos pensaban que por las cárceles pudiera pasar una negociación de un estado de alarma. El peso de los partidos nacionalistas e independentistas en el Congreso se ha convertido en algo clave para formar mayorías. Y de esas mayorías depende tanto la continuidad del Gobierno, así como la prolongación del estado de alarma u otras medidas como la derogación de la reforma laboral. Es evidente que no se trata de un argumento de peso, pero los presos han servido al Ejecutivo para lanzar guiños a sus extraños compañeros de cama políticos y engrasar las relaciones para llevar a cabo algunas medidas que han dado oxígeno al Gobierno.
El acercamiento de algunos presos que pertenecían a la banda terrorista ETA a cárceles de su comunidad autónoma se ha convertido en noticia más de una vez durante el estado de alarma. Mucho sorprendía poco después que el soporte de EH Bildu (ese partido que se lanzó a garantizar la investidura de Pedro Sánchez ante el titubeo de algunas formaciones que no tenían claro si votar sí o no) apuntalaba un sólido acuerdo con el PSOE y con Unidas Podemos por el cual derogarían la reforma laboral de forma «íntegra». Algo que poco después ha causado un terremoto interno por haberlo hecho a espaldas del ala moderada del Gobierno, liderada por la vicepresidenta Nadia Calviño.
La Asociación de Víctimas del Terrorismo ya ha censurado la decisión del Ministerio del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el traslado a la prisión de Pamplona del preso de ETA José Ramada Estévez, «cediendo a una reivindicación histórica de ETA» al tratarse de su «primer acercamiento de un etarra a una prisión cercana a su domicilio». De hecho, según el recuento de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, son ya 35 los acercamientos de presos de ETA desde que Grande-Marlaska es ministro del Interior. Algo que para muchos no es casualidad.
La buena relación entre EH Bildu y el Gobierno quedó clara en la investidura. Cuando Sánchez se tiró a la piscina mientras los números no estaban claros, el partido independentista vasco anunció que, en caso de que hubiera alguna abstención o un no inesperado, votarían sí para garantizarla. Desde entonces, la Asociación de Víctimas del Terrorismo ha contabilizado decenas de traslados con los que no están de acuerdo.
El pasado 18 de mayo se dio a conocer que Grande Marlaska había aprobado nuevos traslados de presos de ETA. Hasta tres condenados de la banda terrorista serían reubicados en penitenciarías de Pamplona y Madrid. Y la semana anterior, el ministerio de Grande Marlaska acordó acercar y progresar de grado a otros presos etarras, entre los que se encontraba el asesino del general Veguillas.
De hecho, este domingo, el Partido Popular ha acusado a Grande Marlaska de beneficiar al etarra Iñigo Gutiérrez Carrillo, que permanece preso en la cárcel de Picassent (Valencia), por haber permitido que su familia se saltara el confinamiento y que viajara desde el País Vasco a Valencia para visitarle en plena desescalada.
TAMBIÉN CATALANES
Los independentistas catalanes también tienen presos. De hecho, el líder de uno de los partidos nacionalistas de los que más depende el Gobierno tiene a su propio líder, Oriol Junqueras. Es por eso que el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias lanzó unas polémicas declaraciones en las que se mostró partidario directamente de indultar a los presos condenados por secesión tras llevar el procés a extremos en los que la Justicia se vio obligada a entrar.
En una entrevista en Catalunya Radio, el líder de Unidas Podemos dejó claro que su intención es liberar a los presos condenados por el procés. Y que quería «explorar mecanismos» para hacerlo. «Va a haber algunas solicitudes de indulto por parte de organizaciones sindicales», ha comentado Iglesias. «Esto habrá que estudiarlo con mucho cuidado», ha asegurado.
«Mi posición es bien conocida. Me parece que no deberían estar en prisión en ningún caso. Voy a defender no sólo el diálogo sino también se dé una salida lo antes posible a algo que me parece enormemente injusto», ha comentado el líder de Unidas Podemos.
