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La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid, en función de guardia de diligencias, ha acordado este viernes el ingreso en prisión del coronel de la Guardia Civil Juan Antonio M. G. y del teniente coronel Alberto José M. A., eludible bajo fianza de 50.000 euros, por su presunta relación con un caso de corrupción en la contratación de suministros de prendas y artículos de uniformidad del Instituto Armado.

Los dos mandos de la Guardia Civil podrán así eludir la prisión, con una pena de dos años, en caso de que abonen la fianza. En este supuesto, como medidas cautelares, deberán acudir al juzgado cada quince días, tendrán prohibido salir del territorio español y se les retirará el pasaporte.

Ambos están investigados por la supuesta comisión de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, malversación, fraude a la Administración pública, negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos, prevaricación, cohecho y blanqueo de capitales.

En el marco de esta investigación, los otros cinco arrestados han quedado en libertad provisional tras prestar declaración este viernes ante la magistrada.

La magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 51 se ha inhibido en favor del Juzgado de instrucción número 50, que es el que conoce de la causa sobre el supuesto amaño de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil donde se ha destapado la connivencia entre un grupo de funcionarios públicos con empresas beneficiarias de las adjudicaciones. En este momento procesal las actuaciones judiciales son secretas.

La operación, según han informado fuentes de la investigación, se ha desarrollado fundamentalmente en la Comunidad de Madrid y afecta al amaño presuntamente de concursos públicos en la Dirección General de la Guardia Civil, en las que actúan en connivencia un grupo de funcionarios públicos con empresas que resultan beneficiarias de las adjudicaciones.

La investigación ha revelado la existencia de una manipulación en un gran número de expedientes de contratación, entre ellos de suministros de prendas y artículos de uniformidad. La actividad delictiva se desarrolló a lo largo de varios años y han participado integrantes de la Dirección General de la Guardia Civil, particulares y empresas contratistas.

En octubre de 2017, el mismo Juzgado de Madrid ordenó dentro de la ‘operación Grapa’ una batería de diligencias que afectaban a la Policía Nacional, sobre todo a su División Económica y Técnica, practicando 14 detenciones por cobrar mordidas a cambio de amañar diversos contratos relacionados con el servicio de cafetería y comidas, además de la confección de uniformes y obras.

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