La polémica Ley Celaá ha sido aprobada definitivamente, aunque por los pelos (tan solo dos diputados por encima de la mayoría absoluta necesaria) y con varias amenazas entre medias. Lo curioso es que el PSOE y Unidas Podemos se han empeñado en sacar esta nueva norma hecha a medida de las demandas nacionalistas e independentistas a sabiendas de que la oposición la llevará al Tribunal Constitucional por vulnerar más de un artículo. Con esta ley, la educación concertada, la especial y el castellano como lengua vehicular quedan a la altura del betún. Pero ahora, hay miedo en el PSOE porque saben que su nueva ley, elaborada para contentar a ERC y al PNV en vista a los Presupuestos, puede acabar tumbada por el Constitucional.
La sorpresa de la tarde fue que el BNG votó directamente en contra y que EH Bildu se abstuvo, a pesar de que es muy complaciente con las demandas educativas de los nacionalistas, especialmente por eliminar el español como la lengua vehicular de España. Sin embargo, aún hay tiempo para presentar enmiendas y alegaciones, ya que todavía le queda su paso por el Senado, donde la tramitación durará un par de meses mínimo, y de ahí se convertirá en ley. Pero todo eso si no se tiene en cuenta los pasos que dará la oposición.
Los ánimos están caldeados, y es más que probable que el Tribunal Constitucional tenga la última palabra, pues hay cuestiones que no está claro que vayan en consonancia con la Constitución. “El gobierno de Sánchez y sus socios bolivarianos, siguen en su empeño de utilizar la educación para la difusión de su ideología, impidiendo que alguien pueda escapar de este adoctrinamiento. En su afán tiránico, se saltan la Constitución, que reconoce el derecho de los padres a elegir el tipo de formación moral que quieren para sus hijos. Se proponen cerrar los centros de educación infantil y especial, dándose un plazo temporal para asfixiarlos lentamente. Y, en contra de las voces de los padres pretenden hacer lo mismo con la escuela concertada”, ha comentado Joaquín Robles, diputado de Vox en el Congreso.
PP, Vox y Ciudadanos se han manifestado en contra de la ley, algo que puede comprometer los Presupuestos Generales del Estado, dado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha coqueteado con Inés Arrimadas (líder de la formación naranja) para aprobar unas cuentas que con la defenestración del castellano no se podrán sacar adelante con el apoyo de Ciudadanos.
En cualquier caso, habría que ver qué medidas toma el Tribunal Constitucional con esta ley que desde la oposición aseguran que claramente está condicionada por los Presupuestos. Sánchez quiere contentar a ERC, EH Bildu y el PNV y por eso ha tomado la decisión de dar una ley educativa que dé rienda suelta a las comunidades autónomas a la hora de aplicar las medidas que consideren. Lo de quitar el castellano como lengua vehicular no es otra cosa que un intento de permitir a los catalanes incluir el catalán hasta en la sopa de los colegios e institutos del territorio.
La ley es muy polémica. Unidas Podemos ha asegurado que “blinda la educación pública y la inmersión lingüística», y ha recordado que «se han quedado cosas en el tintero”, algo que no ha sentado del todo bien en la oposición. Entre esas cosas que se les han quedado pendientes ha mencionado la eliminación de la Religión como asignatura, la recuperación de la asignatura de Ética en 4º de la ESO o la «elección democrática de la dirección de los centros». Lo más llamativo dentro de esto es que PNV y ERC han recordado asimismo que presenta avances, pero que no es su ley.
A todo esto hay que añadirle otro punto muy polémico de la Ley Celaá, que es que se podrán promocionar cursos con suspensos pendientes, algo que solo va a pasar en España y en otro puñado de países dentro de Europa, pero que rebaja la competitividad educativa a nivel internacional. Habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal Constitucional siempre que PP, Ciudadanos y Vox cumplan sus amenazas.
